Durante esta jornada el Gobierno de Chile firmó el Acuerdo de Escazú. Se trata del primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe y el único en el mundo que busca proteger a activistas medioambientales. El tratado es además jurídicamente vinculante.
Según señalaron desde la Moneda, el Acuerdo “en ningún caso pone en riesgo la soberanía de los Estados”.
“Ser parte de este acuerdo envía una fuerte señal, incluidos a los inversionistas extranjeros, en la senda de una recuperación sostenible en el contexto de la crisis sanitaria y refuerza el compromiso de Chile con la buena gobernanza, transparencia y rendición de cuentas”, señalaron.
El texto del tratado fue acordado el 4 de marzo del 2018 y entre el 27 de septiembre de 2018 al 26 de septiembre del 2020 alcanzó la suscripción de 24 países y finalmente 12 ratificaciones entre los 33 países de la región.
A continuación, para que el Acuerdo de Escazú se ratifique y entre en vigencia en nuestro país, debe ser aprobado por la Cámara de Diputados y por el Senado.
Según señaló la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, el objetivo del tratado es “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe del derecho de acceso a información ambiental, participación pública en procesos de tomas de decisiones ambientales y acceso a justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y cooperación contribuyendo a la protección del derecho de generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano”.
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Por su parte, la canciller Antonia Urrejola afirmó que con Escazú “reforzaremos los vínculos de política exterior con la sociedad civil. Escazú tiene un especial foto precisamente en personas y grupos en situación de vulnerabilidad y es el primer tratado del mundo que se refiere específicamente a defensores ambientales, para garantizar su protección”.
Lo anterior está consagrado en el artículo 9 del documento.
