Reducir el porcentaje de no cumplimiento tributario e incrementar por esa vía la recaudación fiscal. es el objetivo esencial del proyecto de Ley de cumplimiento tributario precisamente aprobado por la Sala de la Cámara y despachado al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República.
Con esta iniciativa, que ahora será Ley, el Ejecutivo proyecta recaudar de 1,5% del PIB, es decir, US$4.500 millones, de los que estima destinar US$1.200 millones al Presupuesto 2025 para financiar diversos planes, Por ejemplo, dos materias: financiar, Alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil, con un incremento de la cobertura de 166 mil personas hacia el año 2030. Gasto destinado a fortalecer la seguridad pública (aumento de la inversión en un 40% respecto de 2022). En este marco se espera invertir en prevención del delito, aumentando los recursos para que Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) combatan al crimen organizado; y el funcionamiento eficaz de la administración de justicia.
La propuesta en general, se enmarca en el Plan de Pacto Fiscal. Sus ejes se pueden resumir en modernización de la administración tributaria; control de la informalidad; delitos tributarios; planificación tributaria agresiva; y nuevas facultades para la Defensoría del Contribuyente.
También se contemplan la regularización de obligaciones tributarias y el fortalecimiento de organismos fiscalizadores y resguardo de la probidad. Ahondando en lo anterior, se puede resaltar que la modernización afectará directamente al Servicio de Impuestos Internos (SII), la Tesorería y a Aduanas. También a los tribunales tributarios y aduaneros; y a la Defensoría del Contribuyente. En este plano, por ejemplo, se promoverá el mejor uso de las tecnologías disponibles y nuevas herramientas en materia de fiscalización. Igualmente, se verificará un aumento en la dotación de personal de dichas entidades.
Paralelamente, se realizará una actualización de los delitos en este ámbito y se elevarán algunas de las sanciones. Entre estas últimas están las correspondientes a la utilización o facilitación de un documento tributario falso. Se sumará a lo anterior la introducción de la figura de colaboración sustancial, para incentivar la auto denuncia; y del denunciante anónimo.
Otros avances se dirigirán a la fiscalización de grupos empresariales; creación de la sostenibilidad tributaria; posibilidad de establecer trazabilidad en el comercio de bienes; nueva política de determinación de intereses; regímenes tributarios preferenciales (paraíso tributario); IVA en compras a través de plataformas digitales a contribuyentes no domiciliados en Chile; y repatriación de capitales, entre otros.
En pro de las Pymes, se incluirán diversas medidas para aliviar su carga tributaria y facilitar el cumplimiento. Entre ellas, que la tasa de interés sobre deudas tributarias se reducirá desde un 1,5% por mes a una tasa diaria variable que será fijada semestralmente por el SII; se permitirá a las Pymes acceder a convenios preferentes para el pago de deudas en 18 cuotas, con un pie inicial no superior al 5% y condonación de intereses y multas. Además, se introducirá una norma para declarar la incobrabilidad de deudas tributarias mayores a 10 años y solicitar de oficio la prescripción de deudas.
