Este martes 23 de septiembre se realizó la promulgación de la Reforma al Sistema Notarial y Registral que actualiza el sistema notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales para avanzar en la agenda de modernización del Estado.
La ceremonia de promulgación fue encabezada por el vicepresidente, Álvaro Elizalde, junto a los ministros de Justicia, Jaime Gajardo; de Hacienda, Nicolás Grau; de la Segpres, Macarena Lobos; de Economía, Álvaro García; y de Obras Públicas, Jessica López.
El vicepresidente Elizalde destacó que la ley “permitirá contar con un sistema registral notarial más eficiente, transparente y al servicio de las necesidades de las personas. Por ello, no se trata únicamente de una reforma de carácter administrativo, sino de una medida con efectos directos en la vida cotidiana de las chilenas y chilenos”.
Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, señaló que: “Notarios, archiveros y conservadores serán designados después de un proceso de concursabilidad a través del sistema de Alta Dirección Pública, con el objeto de que estén ahí por sus méritos, por sus capacidades, por sus conocimientos y no por ninguna razón externa”.
Características de la nueva ley de notarios
La ley promulgada por el vicepresidente Elizalde junto al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, tiene las siguientes características:
- Concursos públicos para los nombramientos de notarios, conservadores y archiveros, a través del Sistema de Alta Dirección Pública.
- Fin a los cargos vitalicios, estableciendo un límite de edad de 75 años para ejercer el cargo, y prohibición para que familiares de determinadas autoridades puedan ser incluidos en las nóminas de selección y/o nombramientos.
- Fiscalización: Se incorpora al Sernac como organismo con facultades para supervisar la calidad del servicio y permitir a las personas usuarias puedan reclamar a través de sus plataformas respecto a los problemas de atención, servicios y cobros irregulares.
- Modernización y digitalización del servicio, garantizando acceso remoto y gratuito a los registros, sitios web informativos, canales de reclamos y mejoras en infraestructura.
- Transparencia en tarifas, fijando precios máximos mediante un procedimiento técnico a cargo de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Hacienda y Economía.
- Mejora en la atención al público, con horarios obligatorios de funcionamiento y requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento tecnológico.
