El Informe Estadístico del Estallido Social elaborado por la Fiscalía de Chile presenta una sistematización exhaustiva de los hechos delictivos ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, periodo en el que se registraron 32.901 causas y 35.146 delitos, con 21.766 imputados conocidos y 20.727 víctimas. Este fenómeno representó un impacto sin precedentes en el Sistema de Justicia Penal, debido al volumen, la complejidad y la naturaleza de los delitos, muchos vinculados a violaciones de derechos humanos, violencia institucional, desórdenes públicos, daños a la propiedad y agresiones a agentes del Estado.
La Fiscalía implementó medidas extraordinarias, como la designación de fiscales preferentes en derechos humanos, la creación de una Unidad Especializada de DDHH, y la aplicación del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) para identificar patrones delictivos. Se establecieron coordinaciones con instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez y centros de salud, con el fin de recibir y registrar denuncias de víctimas, muchas de ellas con lesiones oculares o daños físicos severos.
El informe distingue seis categorías principales de análisis:
1. Violencia institucional: más de 11.500 causas validadas, con 7 muertes atribuidas a acciones u omisiones de agentes del Estado y numerosas denuncias por apremios ilegítimos.
Durante el estallido social en Chile (2019–2020), se registraron 464 víctimas de trauma ocular, de las cuales 230 sufrieron pérdida parcial o total de visión, incluyendo dos casos de ceguera bilateral. La mayoría de estas lesiones fueron provocadas por proyectiles disparados por agentes del Estado.
Según el informe estadístico de la Fiscalía Nacional y reportes complementarios:
- Total de víctimas con trauma ocular: 464 personas.
- Causas principales: El 84% de las lesiones fueron provocadas por proyectiles (balines, perdigones, bombas lacrimógenas). El resto se atribuye a carros lanza agua, bastones retráctiles, golpes y otros objetos contundentes.
- Pérdida de visión: 230 personas sufrieron algún grado de pérdida visual. Entre ellas, se documentaron al menos dos casos de ceguera total bilateral.
- Perfil de las víctimas:
- 87% eran hombres.
- 92% eran mayores de edad.
- 8 víctimas eran menores de edad al momento de los hechos.
Contexto judicial
- Causas por violencia institucional: 11.506 causas y 12.002 delitos registrados.
- Tipo de delitos: 70,4% correspondieron a apremios ilegítimos, 20% a abusos contra particulares, y también se registraron 211 casos de tortura y 226 de lesiones graves.
- Resultados judiciales: Solo el 4% de las causas por violencia institucional terminó con una salida judicial, y apenas el 14,3% de los delitos con imputado conocido concluyó con una condena.
El fenómeno de trauma ocular durante el estallido social representa una de las expresiones más graves de violencia institucional documentadas en Chile en las últimas décadas. Las cifras revelan no solo la magnitud del daño físico y psicológico sufrido por las víctimas, sino también las dificultades estructurales del sistema penal para sancionar estos hechos. La persistencia de impunidad en la mayoría de los casos subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y reparación.
2. Maltrato contra agentes del Estado: incluye agresiones y amenazas a carabineros y militares durante manifestaciones.
3. Incendios: fenómeno con alta frecuencia, asociado a ataques a inmuebles públicos, estaciones del Metro y locales comerciales.
4. Delitos contra la propiedad y saqueos: registraron miles de denuncias, afectando gravemente la infraestructura económica y urbana.
5. Desórdenes públicos: abarcaron protestas masivas, enfrentamientos y actos de violencia colectiva.
6. Personas fallecidas: se documentaron 30 muertes, de las cuales 47% se vinculan a incendios, 30% a enfrentamientos entre particulares y 23% a violencia institucional.
En el ámbito metodológico, la Fiscalía consolidó información de múltiples bases de datos institucionales, validando los registros y eliminando duplicidades. Esta depuración permitió obtener una visión integral del fenómeno y establecer criterios unificados para la investigación penal.
El estallido social significó un desafío estructural para el Ministerio Público y el Estado en su conjunto, revelando brechas en la capacidad investigativa, deficiencias en la respuesta policial y vacíos en la protección de los derechos fundamentales. La magnitud de los hechos impulsó reformas internas, fortaleciendo las unidades de DDHH, la capacitación en investigación de violencia institucional y la generación de políticas de persecución penal más coherentes y transparentes.
El informe enfatiza la necesidad de mantener una memoria institucional y judicial sobre el periodo, no solo para garantizar justicia y reparación a las víctimas, sino también para prevenir la repetición de abusos y reforzar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. En síntesis, la crisis de 2019 se configuró como un punto de inflexión histórico que evidenció tanto el malestar social estructural del país como las limitaciones del aparato estatal para responder de manera proporcional, legal y efectiva ante una movilización masiva sin precedentes.
A continuación puedes encontrar y revisar en detalle el Informe estadístico del estallido social en Chile dado a conocer por el Ministerio Público:
https://365medios.cl/wp-content/uploads/2025/10/Informe-Estallido-Social_161025_RHC-2.pdf
