Por “notable abandono de deberes”, el Senado acogió los fundamentos de la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa Márquez.
De este modo, y según lo establecido en la Constitución, el magistrado quedará destituido de su cargo, y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por 5 años.
La jornada vespertina se inició con la fundamentación de las posturas de las y los senadores quienes argumentaron en relación a los tres capítulos de la acusación pese a que cada capítulo se votó en forma separada.
En la oportunidad, los legisladores se refirieron en detalle a cada uno de los fundamentos de las acusaciones y también a los argumentos de la defensa y de la parte acusadora.
Tras un amplio debate, las votaciones fueron las siguientes:
1) Capítulo I relativo a faltar el deber de reserva, que da lugar al notable abandono de deberes: se aprobó por mayoría con 44 a favor y 3 abstenciones.
2) Capítulo II relativo al deber de abstención e imparcialidad en decisiones judiciales: se respaldó por 27 votos a favor; 8 en contra y 8 abstenciones.
3) Capítulo III respecto a la intervención indebida en los nombramientos, que da lugar al notable abandono de deberes también fue aprobado con 30 votos favorables, 7 en contra y 8 abstenciones.
A Antonio Ulloa se le responsabilizó de haber traspasado información de acuerdos y de las cortes al penalista Luis Hermosilla, principal involucrado en el caso Audios, que se destapó en noviembre de 2023; de intervenir en nombramientos y ascensos judiciales, y de no haberse inhabilitado en causas en que tenía cercanía con los intervinientes.
La destitución de Ulloa se suma a la de Ángela Vivanco, en octubre de 2024, y a ala de Verónica Sabaj, el 10 de septiembre de 2025. Ulloa estaba suspendido de sus funciones en el poder judicial, pero se mantenía en su cargo debido a que, el 30 de septiembre, la Corte Suprema no reunió el quorum necesario para su destitución. Esto dio paso a que los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini impulsaran una acusación constitucional en contra del jurista.
