La Fiscalía Regional Occidente dio a conocer los resultados de la denominada “Operación Apocalipsis”, catalogada como uno de los mayores golpes contra la corrupción al interior de recintos penitenciarios en Chile.
El operativo, una acción coordinada con la Policía de Investigaciones (PDI) y desplegado simultáneamente en siete regiones del país, culminó con 66 detenidos. Entre ellos, se encuentran 44 funcionarios de Gendarmería, acusados de participar en una extensa red ilícita que operaba principalmente en las cárceles de Santiago 1 y San Joaquín.
Detalles de la Estructura Criminal
El fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, detalló la magnitud de las detenciones, señalando que 40 gendarmes fueron aprehendidos mediante órdenes judiciales vigentes, mientras que otros cuatro fueron sorprendidos en flagrancia cometiendo delitos dentro del penal Santiago 1.
“Se trata de una estructura criminal que permitió, a cambio de pagos, el ingreso de elementos prohibidos a los penales y la entrada irregular de personas no autorizadas”, afirmó Pastén.
El director de la PDI, Eduardo Cerna, reveló el impresionante alcance financiero de la organización: el movimiento asociado a la red supera los $6.300 millones, de los cuales “al menos la mitad corresponde a cohechos y sobornos”.
Las Pruebas y las Cifras de la Operación
La investigación se sustentó en el seguimiento de más de 9.000 transferencias y cerca de 100 interceptaciones telefónicas autorizadas por tribunales.
Como resultado de la intervención, se logró:
-
Congelar 183 cuentas bancarias.
-
Incautar 16 vehículos.
-
Decomisar $50 millones en efectivo.
Los detenidos serán formalizados por graves delitos, incluyendo asociación criminal, cohecho simple y agravado, soborno e infracciones patrimoniales.
Reacciones y Medidas Inmediatas
El director de Gendarmería, Rubén Pérez, anunció la inmediata desvinculación de los funcionarios involucrados, calificando su accionar como una traición institucional.
“Han violado su juramento a la bandera. No representan una pérdida: estamos apartando a malos elementos que contaminan el control penitenciario”, enfatizó Pérez.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó que esta operación es un fruto directo del foco penitenciario creado en 2023 para investigar delitos cometidos tanto por internos como por funcionarios públicos. “No sólo perseguimos la criminalidad que nace en las cárceles, sino también la que afecta a los propios internos cuando proviene de quienes deben resguardarlos”, señaló.
Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y el titular de Seguridad Pública, Luis Cordero, valoraron la operación. Cordero subrayó que “combatir el crimen organizado dentro de las cárceles es clave para fortalecer la seguridad pública”.
La investigación sigue en curso y no se descartan nuevas detenciones.
