La transparencia de las finanzas públicas de Chile nuevamente en la palestra. La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer un profundo desajuste financiero en 73 organismos del Estado, involucrando una cifra astronómica de $15,9 billones de pesos (millones de millones) cuyos respaldos no han podido ser verificados.
En su segundo Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA) de 2025, el ente fiscalizador informó que, tras analizar el periodo comprendido entre 2020 y 2024, se vio obligado a emitir una “abstención de opinión” en el 100% de las entidades revisadas. Esta medida técnica significa, en términos simples, que la información entregada por las instituciones es tan deficiente o incompleta que no es posible garantizar que sus balances sean confiables o veraces.
Recordemos que entre 2020 y 2021, durante el período más crítico de la pandemia del covid 19, se produjo un aumento sin precedentes en el gasto público, nade menos que de un 33,2%. Durante la emergencia, el 86% de las compras públicas se realizó mediante trato directo, una modalidad que permite mayor discrecionalidad y menor competencia. Un estudio de la Universidad Católica (2025) detectó cerca de 70.000 licitaciones irregulares en municipios, incluyendo adjudicaciones sin competencia real y vínculos con autoridades. Investigaciones periodísticas denunciaron pagos con sobreprecio y contratos con empresas creadas durante la pandemia con vínculos familiares con funcionarios. Hubo también dificultades de fiscalización: En 2020 se advirtió que la opacidad de los datos impedía conocer con exactitud el destino de los fondos de emergencia.
En cuanto al reciente informe de Contraloría, este detalla que el problema afecta a 50 entidades del Gobierno Central —donde se concentra el 91% de los montos cuestionados— y a 23 municipios. Según la CGR, este desorden no es solo administrativo, sino que representa un “riesgo de gestión financiera deficiente, errores o fraudes”.
Los motivos detrás de este vacío de información son diversos, pero sistémicos: Falta de gestión de cobro (66%): Instituciones que no saben cuánto se les debe ni han hecho esfuerzos por recuperar dineros. Patrimonio sin respaldo (60%): Bienes y recursos que figuran en papel pero carecen de documentación legal. Rendiciones fantasma (44%): Dineros entregados a ejecutores que nunca justificaron su uso, sin que las autoridades correspondientes exigieran el reembolso.
La gravedad de los hallazgos ha derivado en acciones legales y administrativas de alto impacto. La Contraloría ya ha ordenado 27 sumarios internos y ha iniciado 10 procedimientos disciplinarios propios. No obstante, el caso ha escalado a la justicia ordinaria: se han realizado cinco remisiones de antecedentes al Ministerio Público y otras cinco al Consejo de Defensa del Estado (CDE), ante la sospecha de delitos que atentan contra el patrimonio fiscal.
Este escenario deja en evidencia una vulnerabilidad crítica en los controles de tecnología de la información y una preocupante debilidad en la supervisión de los recursos de todos los chilenos, marcando un hito en la fiscalización de la última media década.
A continuación puedes revisar el detalle del segundo Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA) de 2025 de la CGR:
