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Chile convierte la acción climática en motor de inversión y activa proyectos verdes por más de US$1.400 millones

Mercados de carbono y precio a las emisiones abren una nueva ola de financiamiento para iniciativas que reducen CO₂ y metano, consolidando al país como referente regional en inversión climática.

Chile está comenzando a transformar sus compromisos climáticos en flujos concretos de inversión. La consolidación de instrumentos de precio al carbono y de mercados de carbono, en línea con el Artículo 6.2 del Acuerdo de París, está permitiendo canalizar recursos hacia proyectos de mitigación de emisiones con impacto ambiental verificable, dinamizando al mismo tiempo el desarrollo económico.

Ese fue el eje central del seminario “Precio al carbono, inversión en movimiento”, organizado por el Ministerio del Medio Ambiente junto a CLG Chile y Global Methane Hub, realizado en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. El encuentro reunió a autoridades nacionales e internacionales, representantes del sector privado y expertos, quienes analizaron el rol de estos mecanismos como señales claras para orientar decisiones de inversión hacia la acción climática.

El país cuenta hoy con una base institucional que entrega certezas al mercado. La Ley Marco de Cambio Climático, junto a la Hoja de Ruta de Instrumentos de Precio y Mercados de Carbono, establece reglas claras, estándares de integridad ambiental y mecanismos de transparencia que han permitido avanzar desde el diseño de políticas hacia su implementación efectiva. En ese contexto, Chile ya suscribió acuerdos bilaterales con Suiza y Japón que habilitarán, a partir de 2026, la ejecución inmediata de 22 proyectos climáticos por un total de US$1.400 millones.

El volumen de esta inversión resulta especialmente significativo: equivale a más de un tercio de toda la inversión en proyectos energéticos que entraron en operación en Chile durante 2025. La cifra ilustra el potencial de los mercados de carbono para escalar soluciones climáticas y atraer capital hacia iniciativas alineadas con el desarrollo sostenible, en un escenario donde se espera que nuevos países y actores se sumen en el corto plazo.

Desde el Gobierno, el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, subrayó que estos instrumentos permiten articular de manera virtuosa la acción climática con el desarrollo económico. “El precio al carbono y los mercados de carbono son herramientas clave para transformar nuestros compromisos climáticos en inversión real y en proyectos concretos en el territorio. Hoy estamos demostrando que la acción climática no solo protege el medioambiente, sino que también moviliza recursos, impulsa la innovación y genera impactos positivos para las personas y las comunidades”, afirmó.

Una visión compartida por el sector técnico y financiero. Marcelo Mena, CEO de Global Methane Hub, destacó que el pago por reducción de emisiones de CO₂ o metano es clave para viabilizar financieramente los proyectos, al permitirles acceder a financiamiento sobre la base de ingresos futuros. En ese sentido, remarcó que el acuerdo con Suiza constituye la mayor movilización de inversión vía mercados de carbono registrada hasta ahora en un solo país bajo las reglas del Acuerdo de París.

Desde CLG Chile, su directora ejecutiva, María Teresa Ruiz-Tagle, enfatizó que el Artículo 6.2 puede convertirse en una señal potente para atraer capital al país. “Con reglas claras y certezas, se habilita una cartera de proyectos que impulsa crecimiento, dinamiza cadenas de valor y genera empleo. Acelerar inversión climática de alta integridad es clave para que esta oportunidad económica se materialice en Chile”, señaló, apuntando a inversiones cercanas a los US$1.000 millones en acción climática durante el próximo quinquenio.

La confianza internacional también ha sido un factor decisivo. La embajadora designada de Suiza en Chile, Charlotte Bleisch, destacó que el país ofrece condiciones particularmente favorables para el desarrollo de mercados de carbono cooperativos, gracias a su marco institucional, la gobernanza del Artículo 6.2 y los mecanismos que aseguran trazabilidad y evitan la doble contabilidad de reducciones de emisiones.

Los proyectos priorizados se concentran en áreas de alto impacto y escalabilidad, como almacenamiento de energía, electromovilidad, captura y valorización de biogás en rellenos sanitarios y acciones vinculadas al bosque nativo. Además de reducir emisiones de CO₂ y metano —un contaminante clave para frenar el aumento de la temperatura global en el corto plazo—, estas iniciativas generan co-beneficios relevantes en calidad del aire, biodiversidad, seguridad energética y empleo verde.

Según proyecciones del Ministerio del Medio Ambiente, la Hoja de Ruta de Instrumentos de Precio y Mercados de Carbono permitiría alcanzar una mitigación promedio anual cercana a 10 millones de toneladas de CO₂ equivalente y apalancar inversiones por más de US$10.000 millones hacia 2035, consolidando una senda de crecimiento donde la acción climática y el desarrollo sostenible avanzan de la mano.

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