El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, desató este 20 de febrero de 2026 una tormenta diplomática sin precedentes al anunciar formalmente la imposición de restricciones de visa —con carácter retroactivo sobre visas ya otorgadas— a tres altos funcionarios del gobierno de Chile. La medida, confirmada por la propia embajada estadounidense en Santiago y publicada en el sitio oficial del Departamento de Estado, constituye una escalada sin antecedentes recientes en las relaciones entre ambos países: Washington castiga a funcionarios de una nación soberana, aliada y democrática, al parecer por el único delito de explorar acuerdos de conectividad digital con China.
Los sancionados y la medida oficial
Según fuentes diplomáticas citadas por medios chilenos y corroborado por el comunicado oficial de la embajada de EE.UU. en Santiago, los tres funcionarios señalados son el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya; y un tercer funcionario de la misma subsecretaría (Subtel), aún no identificado públicamente de manera oficial.
La medida, amparada en las Secciones 212(a)(3)(C) y 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, implica la revocación inmediata de todos los visados vigentes de los afectados y la prohibición de ingreso al territorio estadounidense. Crucialmente, la sanción se extiende también a sus familiares directos, lo que agrava el impacto humano de la decisión más allá de la esfera política.
El nudo del conflicto: el cable Chile-China Express
En el centro de la disputa está el proyecto denominado Chile-China Express (CCE): una iniciativa que busca conectar Valparaíso con Hong Kong mediante un cable submarino de fibra óptica de alta velocidad, capaz de alcanzar hasta 16 terabits por segundo. El proyecto fue promovido por la empresa Inchcape Shipping Services (ISS) ante Puerto Valparaíso en julio de 2025, con el respaldo del gobierno de Boric.
Para Washington, el cable no es un simple proyecto de conectividad comercial. La administración Trump ve en él un potencial vector de espionaje, argumentando que las leyes chinas de ciberseguridad e inteligencia nacional obligan a las empresas del país a cooperar con los servicios de inteligencia del Estado, lo que significaría que los datos que fluyan por esa infraestructura podrían quedar expuestos a Pekín. El argumento no es nuevo en el mundo tecnológico —ya se esgrimió contra Huawei y las redes 5G— pero su aplicación para sancionar a funcionarios de un tercer país marca un salto cualitativo en la agresividad de la política exterior estadounidense.
La presión ya venía escalando semanas antes de las sanciones. El 12 de febrero de 2026, apenas ocho días antes del anuncio de Rubio, el embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, se reunió con la ministra de Defensa Adriana Delpiano y dejó clara la postura de Washington en redes sociales: “Conversamos a fondo sobre los riesgos que vemos en cables submarinos chinos redundantes, cuando Chile ya cuenta con [el cable] Humboldt. Los datos seguros son fundamentales para afrontar juntos los desafíos regionales.”
El desconcierto: ¿puede EE.UU. sancionar la política exterior de otro país?
La naturaleza de esta sanción genera un profundo desconcierto en los círculos diplomáticos y académicos. No se trata de acusaciones de corrupción, narcotráfico o violaciones a derechos humanos —los motivos tradicionales que han justificado sanciones similares de EE.UU. contra funcionarios extranjeros. Se trata, al parecer, de decisiones soberanas de política de telecomunicaciones que el gobierno chileno adoptó en ejercicio de sus propias atribuciones constitucionales.
La pregunta que se instala en la discusión es incómoda y urgente: ¿en qué momento la defensa de los intereses estratégicos de una superpotencia cruza el umbral del intervencionismo inaceptable en los asuntos internos de una nación soberana? Chile no está en guerra con nadie, no viola ningún tratado internacional y tiene perfecto derecho a diversificar su infraestructura digital. Sin embargo, Washington ha optado por una herramienta de presión que afecta a personas, a sus familias y, de facto, a las decisiones de un gobierno elegido democráticamente.
El gesto tiene además un componente político interno evidente: el comunicado de Rubio no se limitó a anunciar la medida, sino que añadió una advertencia explícita sobre el legado del gobierno de Boric y expresó expectativa ante la próxima llegada al poder de José Antonio Kast. En la práctica, Washington eligió un bando en la política interna chilena, interfiriendo abiertamente en el debate nacional.
Un patrón inquietante: la sombra del intervencionismo
La acción de este viernes no ocurre en un vacío histórico. Chile tiene una memoria especialmente sensible respecto al papel de Washington en su política interna: el apoyo financiero y político al golpe de Estado de 1973 sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva del país. Analistas advierten que, aunque las circunstancias son radicalmente distintas, el patrón de presión externa sobre las decisiones soberanas de Santiago evoca comparaciones históricas que muchos chilenos preferirían no revivir.
Los cables submarinos son infraestructuras comerciales esenciales para el tránsito de datos, pero poseen una dimensión estratégica, y el punto clave de la disputa es quién controlará la hegemonía de la infraestructura de las comunicaciones en el siglo XXI. En ese tablero de ajedrez geopolítico Chile se encuentra ahora frente a un Estados Unidos mucho más agresivo que en etapas anteriores, señalan académicos y especialistas.
Sin respuesta oficial y con Marco Rubio en camino a Santiago
Al momento de publicarse esta nota, ni el Ministerio de Transportes ni la Subsecretaría de Telecomunicaciones habían respondido oficialmente al anuncio. El silencio institucional contrasta con la gravedad de la situación: Chile enfrenta sanciones de su aliado histórico más importante, en las vísperas de un cambio de gobierno y con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, posiblemente llegando a Santiago en los próximos días para asistir al cambio de mando presidencial del 11 de marzo.
La paradoja es casi surrealista: el mismo funcionario que firma las sanciones podría ser, en tres semanas, huésped oficial del Estado chileno en la ceremonia de traspaso del poder. La señal que eso envía al mundo es inequívoca: la administración Trump no considera a Chile un socio en igualdad de condiciones, sino un territorio cuyas decisiones estratégicas deben pasar por el filtro de Washington.
Lo que está en juego va mucho más allá del cable submarino. Si una potencia puede sancionar a funcionarios de un país soberano por mantener negociaciones comerciales con una tercera nación, los principios del derecho internacional quedan subordinados a los intereses estratégicos del más fuerte. Chile, en ese escenario, no es un aliado: es un peón en un tablero que no controla. Y eso, independientemente de las legítimas preocupaciones sobre ciberseguridad, es lo que provoca genuino desconcierto.
