El gobierno del presidente Donald Trump ha ordenado a los diplomáticos estadounidenses que presionen contra los intentos de regular cómo las empresas tecnológicas del país manejan los datos de extranjeros, porque tales esfuerzos podrían interferir con los servicios relacionados con la inteligencia artificial.
Expertos señalan que esta medida indica que la administración Trump está volviendo a adoptar un enfoque más conflictivo, ya que algunos países extranjeros buscan limitar la forma en que las empresas de Silicon Valley procesan y almacenan la información personal de sus ciudadanos, iniciativas que a menudo se describen como “soberanía de los datos” o “localización de los datos”.
En el cable del Departamento de Estado, fechado el 18 de febrero y firmado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, la agencia dice que dichas leyes “perturbarían los flujos de datos globales, aumentarían los costos y los riesgos de ciberseguridad, limitarían la inteligencia artificial (IA) y los servicios en la nube, y ampliarían el control gubernamental de formas que podrían socavar las libertades civiles y permitir la censura”.
El cable dice que el Gobierno Trump está presionando para que se aplique “una política internacional de datos más dura” y que los diplomáticos debían “contrarrestar las regulaciones innecesariamente gravosas, como las obligaciones de localización de datos”. Las iniciativas de soberanía de datos han cobrado impulso, especialmente en Europa, debido a la tensión entre Estados Unidos y la Unión Europea por las políticas comerciales proteccionistas de Washington y su apoyo a los partidos políticos de extrema derecha.
El dominio de las empresas estadounidenses de inteligencia artificial, muchas de las cuales recurren a enormes almacenes de datos personales para alimentar sus modelos, ha puesto de relieve las preocupaciones europeas en torno a la privacidad y la vigilancia. Funcionarios de todo el continente también han aumentado la presión sobre los gigantes estadounidenses de las redes sociales. La creciente desconfianza de Europa hacia las empresas tecnológicas estadounidenses podría estar impulsando a Washington a adoptar una postura más agresiva.
