De acuerdo con lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig),La mañana del domingo 20 de octubre, se efectuó el vuelo número 15 de expulsiones realizadas durante la actual administración del Presidente Gabriel Boric. 32 de las expulsiones son de carácter administrativo y corresponden a personas que cumplieron condena por delitos como homicidio, tráfico ilícito de drogas, robo con intimidación y otros por infringir la normativa migratoria, como ingresar por un paso no habilitado o no cumplir con la orden de abandono del país.
En concreto, fueron expulsados 56 extranjeros del país, quienes cometieron distintos ilícitos en el país, tales como, abuso sexual, robos, tráfico y tenencia de armas. “Con el vuelo de hoy ya se completan 15 aviones chárter de expulsiones en lo que va de gobierno, lo que expresa el trabajo coordinado entre distintas instituciones del Estado (…). Seguiremos implementando sanciones y fortaleciendo nuestra capacidad para detectar, arrestar y expulsar a quienes cometen delitos o desobedecen nuestras leyes”, destacó el Director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer.
Thayer, se mostró optimista con la cifra de expulsión de extranjeros que habría a fin de año. “Con toda seguridad, terminaremos el 2024 con un número de expulsiones administrativas superior a los últimos seis años”.
De acuerdo con el servicio migratorio, durante este año se ha expulsado del país a 910 personas extranjeras a través de vuelos charters y vuelos comerciales regulares. De ese total, 537 corresponden a expulsiones administrativas y 373 a expulsiones judiciales.
En un comunicado del Sermig se indicó que los ajustes que impulsó el Gobierno en la nueva Ley de Migraciones y que el Congreso aprobó han permitido retomar el volumen de expulsiones administrativas de años anteriores y se destacó que a la fecha, “se han expulsado administrativamente a más personas que en los años 2018, 2020, 2021, 2022 y 2023, considerando los años completos”.
Las expulsiones son un trabajo coordinado con la PDI, encargada de ubicar y detener a las personas para materializar la expulsión y escoltar a las personas hacia sus países de origen. Debemos facilitar el proceso de integración de quienes han venido a aportar, trabajan o tienen familias en Chile. En cambio, seguiremos implementando sanciones y fortaleciendo nuestra capacidad para detectar, arrestar y expulsar a quienes cometen delitos o desobedecen nuestras leyes”. señaló el director de Sermig.
Cabe señalar que el Gobierno presentó en el año 2022 un proyecto que busca expulsar a personas condenadas a penas inferiores a cinco años y un día por delitos asociados a tráfico de drogas y reducir el hacinamiento en las cárceles, iniciativa que actualmente se encuentra en tramitación.
