En un hito que redefine el mapa minero global, la reciente materialización de NovaAndino Litio —la sociedad conjunta entre Codelco y SQM— marca el inicio de una era de pragmatismo económico y visión de Estado. Tras meses de negociaciones y aprobaciones internacionales, Chile ha consolidado una estructura que no solo garantiza la continuidad operacional en el Salar de Atacama hasta el año 2060, sino que posiciona al Estado como el socio mayoritario y principal beneficiario de la riqueza del “oro blanco”.
Un negocio de proporciones históricas para el Fisco
Las cifras del acuerdo son elocuentes. La asociación establece que, entre 2025 y 2030, el Estado de Chile recibirá aproximadamente el 70% del margen operacional generado por la producción de litio. A partir de 2031, bajo el control de Codelco (50% más una acción), esta participación ascenderá al 85%.
Estimaciones técnicas sugieren que esta alianza generará ingresos adicionales por cerca de US$ 12.000 millones en comparación con un escenario de licitación incierta. Solo por concepto de beneficios directos para Codelco, se proyecta la utilidad equivalente a 33.500 toneladas de carbonato de litio anuales durante el primer periodo.
Pragmatismo frente a la incertidumbre: ¿Por qué no una licitación?
El debate sobre la ausencia de una licitación pública ha sido intenso, pero los hechos, siendo objetivos y realistas, favorecen la decisión de una negociación directa. Un proceso de licitación internacional habría acarreado una lentitud administrativa extrema —estimada en 7 a 10 años— provocando un “vacío productivo” que Chile no puede permitirse en plena carrera global por la electromovilidad. Es hoy cuando está ocurriendo todo, no en 10 años más. Qué habría pasado en ese período, de incertidumbre, por ejemplo con los competidores de Chile?
Además, el riesgo geopolítico es latente. Ante la magnitud de la inversión requerida, no cualquier empresa, compañía o holding, podría haber participar, los candidatos naturales habrían sido muy pocos en el planeta, 4 o 5 quizás, mayoritariamente, si es que no exclusivamente, empresas estatales chinas, por su capacidad. Lo que habría significado tener a un actor hegemónico extranjero, sin contrapeso alguno posible, controlando completamente el salar de Atacama. Qué habría ocurrido en ese escenario, por ejemplo, con la protección socio ambiental o las relaciones con las comunidades. El mismísimo Donald Trump, ha “sufrido” la experiencia de negociar con China. Adicionalmente en un mundo polarizado como el actual, entregar el control del Salar de Atacama al actual nuevo hegemón planetario habría tensionado además las relaciones estratégicas de Chile con otros mercados, como Estados Unidos. Optar por una asociación público-privada con un socio local que ya posee el expertise técnico décadas, y la infraestructura instalada mitiga estos riesgos y acelera los retornos para el país.
Por otra parte, Argumentos basados en el origen de SQM —relacionados con su privatización bajo la dictadura— han sido utilizados para desacreditar el acuerdo. Sin embargo, considerando que han pasado más de 30 años, y que SQM hoy objetivamente es una de las mayores empresas de recursos estratégicos con presencia global y sólida capacidad técnica, traer esos factores al debate actual resulta en gran medida extemporáneo frente a los desafíos de Chile del siglo XXI y la urgencia por consolidar una industria del litio que aporte a la economía nacional y al desarrollo sostenible ya, ahora. Quienes pudieron, tuvieron décadas para hacer justicia, en el plano de la legitimidad de origen, en el plano, ético, moral y valórico, pero nada se hizo.
El hecho concreto es que La empresa se transformó al pasar de los años en un gigante tecnológico global. SQM ostenta hoy el estándar IRMA 75, un reconocimiento internacional en minería responsable, y lidera el proyecto “Salar Futuro”, que busca producir litio con cero uso de agua continental y reducción drástica de salmuera.
Esa es la realidad objetiva hoy en 2026. La creación de esta megaempresa no es solo un contrato; es la garantía de que Chile participará activamente en la transición energética global. Al unir la fuerza soberana de Codelco con la eficiencia y tecnología de SQM, el país asegura ingresos que financiarán políticas públicas por décadas, evitando el riesgo de quedar fuera de un mercado que hoy, y no en diez años, demanda certeza, volumen y premura.
