En un escenario de alta sensibilidad política ante el próximo cambio de administración, la Dirección de Presupuestos (Dipres) entregó el Informe de Ejecución Presupuestaria de 2025, un documento que arroja luces y sombras sobre la salud financiera del Estado chileno. Por un lado, el país alcanzó un logro macroeconómico no visto desde 2007: la estabilización de la deuda bruta. Por otro, un desvío en las proyecciones de ingresos ha dejado el déficit fiscal por encima de lo previsto, alimentando el debate sobre la magnitud de los ajustes fiscales para 2026.
El freno a la deuda: Un “colchón” de solvencia
El dato más robusto del informe es que la deuda bruta del Gobierno Central cerró en 41,7% del PIB, totalizando $141,2 billones. Este número es clave: representa un quiebre en la tendencia al alza que el país sostenía de forma ininterrumpida desde hace casi dos décadas.
Según la directora de la Dipres, Javiera Martínez Fariña, la gestión evitó que la deuda escalara hacia proyecciones del 60%, manteniéndola bajo el umbral prudencial del 45% del PIB. Este manejo eficiente no es solo estético; ha permitido al fisco un ahorro de aproximadamente US$ 1.000 millones anuales en pago de intereses, recursos que quedan disponibles para el gasto social o inversión.
El desafío del déficit y los ingresos
La otra cara de la moneda es el déficit efectivo, que se ubicó en un 2,8% del PIB ($9,5 billones). Esta cifra representa un desvío de aproximadamente 0,8 puntos porcentuales respecto a las metas originales.
La causa no fue un exceso de gasto —el cual se ejecutó en un 99,5% de lo aprobado— sino una merma en los ingresos. Aunque la minería privada aportó con fuerza gracias al Royalty y al precio del cobre (creciendo un 47,2%), la recaudación del resto de la economía (impuesto de primera categoría y grandes contribuyentes no mineros) fue más débil de lo esperado. A esto se sumó el impacto de la apreciación del peso chileno, que redujo el valor de los ingresos percibidos en dólares.
¿Qué tan grave es el déficit de 2,8% (0,8 puntos sobre lo previsto)? Técnicamente, un desvío de 0,8 puntos es delicado pero no crítico. Es una señal de alerta sobre la estructura de ingresos tributarios no vinculados al cobre. En términos de credibilidad, obliga al Estado a realizar ajustes —como los $800 mil millones ya anunciados por el actual Ministro de Hacienda— para no castigar la clasificación de riesgo del país. Sin embargo, en el contexto de una transición, este dato puede ser exacerbado comunicacionalmente para justificar recortes de gran escala. Si bien el déficit creció, no se debe a un gasto descontrolado, sino a una recaudación tributaria que no acompañó el ciclo económico.
Al analizar la fortaleza de la deuda en el contexto latinoamericano, la tesis de una “situación crítica” pierde fuerza técnica. Un país con una deuda del 41,7% del PIB se encuentra en una posición de privilegio regional: Brasil suele superar el 75% de deuda sobre el PIB, Colombia y México oscilan entre el 50% y el 55%. Chile, al estabilizar su deuda bajo el 45%, retiene una capacidad de respuesta que la mayoría de sus vecinos no posee.
El estado de las arcas fiscales chilenas, según economistas, es de “estrechez responsable”. Existe un problema de ingresos estructurales que requiere atención, pero la solvencia del Estado (la deuda) está en su mejor momento relativo de los últimos años. Un país con una deuda del 41,7% del PIB se encuentra en una posición de privilegio regional, en el continente.
Chile, al estabilizar su deuda bajo el 45%, (41,7%) retiene una capacidad de respuesta que la mayoría de sus vecinos no posee, destacan analistas. El hecho de que la deuda esté por debajo de lo estimado es el argumento más fuerte para evitar el pánico. Chile no está en una situación de “urgencia de quiebra” como otros vecinos de la región. Esto da margen para que el recorte propuesto por la administración de José Antonio Kast sea gradual (por ejemplo, en 18 o 24 meses) en lugar de un golpe único que podría ser socialmente muy explosivo. Si el Estado dejara de gastar US$ 6.000 millones de golpe, ese dinero dejaría de circular en la economía privada (menos contratos a constructoras, menos consumo de empleados públicos desvinculados, etc ).Esto podría bajar la recaudación de IVA, empeorando irónicamente el déficit que se quería corregir. El mercado va a premiar una administración que combine el recorte de gasto con reformas que incentiven la inversión privada. Si el recorte va acompañado de una reducción en la permisología y estabilidad tributaria, el “shock de confianza” podría compensar el menor gasto público, logrando los objetivos sin sacrificar lo más importante que es el crecimiento del país.
