El viernes 20 de febrero de 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la revocación de visas a tres funcionarios del gobierno saliente del Presidente Gabriel Boric: el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya; y el jefe de gabinete de la Subtel, Guillermo Petersen. La medida —junto a sus familias directas— fue justificada por supuestamente haber “socavado la seguridad regional”.
La razón real, confirmada por múltiples fuentes de gobierno y por el propio canciller Alberto van Klaveren, es el avance de las negociaciones para el proyecto Chile-China Express (CCE): un cable submarino de fibra óptica de alta velocidad —hasta 16 terabits por segundo— que uniría el puerto de Valparaíso con Hong Kong, con una inversión estimada en US$500 millones. El consorcio proponente está integrado por China Telecommunications Corporation, China Mobile y China United Network Communications Group.
La sanción no fue comunicada por canales diplomáticos, rompiendo el protocolo habitual, lo que lleva a múltiples analistas y excancilleres a interpretarla más como una advertencia al gobierno entrante de José Antonio Kast —que asume el 11 de marzo— que como una reacción al gobierno saliente.
LA NUEVA DOCTRINA MONROE DIGITAL
Lo ocurrido con el Chile-China Express no puede leerse en clave meramente técnica ni siquiera exclusivamente como un episodio bilateral. Es la manifestación más concreta, hasta la fecha, de lo que algunos analistas ya denominan la “Doctrina Donroe” —variación del clásico Monroe— que impulsa la administración Trump: la pretensión de reconfirmar el hemisferio occidental como zona de influencia exclusiva y excluyente de Washington, precisamente en el momento en que EE.UU. es incapaz de sostener ese liderazgo a escala global.
La Doctrina Monroe original, proclamada en 1823, buscaba blindar a América Latina de la influencia europea. La versión del siglo XXI actualiza el enemigo —ahora es China— y extiende el campo de batalla al dominio digital: cables submarinos, redes 5G, plataformas tecnológicas, satélites de comunicación. El objetivo estratégico, sin embargo, es el mismo de siempre: que ninguna potencia rival tenga acceso a las comunicaciones e infraestructuras críticas del continente.
El 95% del tráfico mundial de datos circula por cables submarinos. Quien controla los cables, controla el flujo de información global: comunicaciones financieras, militares y de inteligencia incluidas.
La ironía del argumento norteamericano es mayúscula. Washington alega que la Ley de Seguridad Nacional de China permite a Beijing solicitar a sus empresas la entrega de datos de inteligencia, y que eso hace inaceptable la presencia china en infraestructura crítica. Pero precisamente eso es lo que EE.UU. ya hace —y de forma documentada y probada— con sus propias empresas.
Las revelaciones de Edward Snowden en 2013 dejaron establecido sin lugar a dudas que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) interceptaba directamente el tráfico de los principales cables submarinos de fibra óptica a través del programa UPSTREAM, además de obtener datos masivos de Google, Facebook, Microsoft, Yahoo, Apple y otras compañías tecnológicas mediante PRISM, de acuerdo con la Sección 702 de la FISA, Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera. En pocas palabras: la “amenaza china” que Washington invoca es, en rigor, su propio espejo.
Chile, hasta la fecha, solo cuenta con cables submarinos que lo conectan con Estados Unidos. Algunos de ellos son propiedad o están operados por Google (futuro cable Humboldt hacia Oceanía) y las grandes plataformas digitales estadounidenses. El CCE representaría la primera conexión directa de Chile y América del Sur con Asia, rompiendo una dependencia estructural que es, simultáneamente, un riesgo de seguridad propio: la total exposición de las comunicaciones nacionales a una única esfera de influencia.
¿QUIÉN HA SIDO REALMENTE EL ESPÍA? UNA COMPARACIÓN QUE INCOMODA
El debate sobre la seguridad de los datos en el CCE exige integridad intelectual: comparar los riesgos reales de ambas opciones, no solo los hipotéticos de una de ellas.
En el caso de los cables actuales bajo esfera norteamericana, los riesgos no son hipotéticos sino históricamente documentados. El programa UPSTREAM de la NSA intercepta comunicaciones directamente desde los cables de fibra óptica que cruzan el Atlántico y el Pacífico. El GCHQ británico capturó el tráfico de los cables SEA-ME-WE 3. La NSA accedió a los servidores de Google, Facebook, Microsoft y otros sin que los usuarios fueran informados, y las empresas tenían prohibición legal de revelar que habían entregado los datos. Los presidentes de Brasil y México fueron espiados. Líderes de 35 países fueron interceptados. La canciller alemana Angela Merkel fue vigilada durante más de una década.
En el caso del CCE, el riesgo invocado es la Ley de Seguridad Nacional de China de 2017, que en teoría permite a las autoridades solicitar cooperación en inteligencia a empresas chinas. Se trata de una potencialidad legal, no de un hecho documentado de espionaje a países de la región.
La diferencia es fundamental: en un caso tenemos espionaje masivo demostrado, con víctimas identificadas y programas de vigilancia que se reconocen en documentos oficiales filtrados. En el otro, una posibilidad teórica que, por lo demás, cualquier Estado soberano puede mitigar mediante acuerdos técnicos de operación conjunta, protocolos de encriptación de extremo a extremo, y supervisión regulatoria, herramientas que Chile tiene plena capacidad de negociar e implementar.
Quien critica a China por una ley que permite el espionaje hipotético debería explicar primero por qué es aceptable el espionaje norteamericano ya realizado y documentado sobre líderes y ciudadanos latinoamericanos.
La diversificación de conectividad no elimina riesgos, pero los distribuye. La dependencia total de un solo polo tecnológico —especialmente uno con historial verificado de vigilancia— es, en sí misma, el mayor riesgo de seguridad para cualquier Estado.
CHINA VS. EE.UU.: EL HISTORIAL QUE NO SE MENCIONA
Para evaluar honestamente quién representa mayor riesgo de injerencia, intervencionismo o desestabilización, hay que mirar el registro histórico con la misma distancia crítica para ambas potencias.
Estados Unidos ha protagonizado más de 200 intervenciones militares en el exterior desde mediados del siglo XIX, según el registro histórico del propio Congreso norteamericano. Entre los casos más relevantes para América Latina: la ocupación de Haití desde 1915; la intervención en la República Dominicana en 1965; el apoyo al golpe de Estado en Chile en 1973; la desestabilización y bloqueo de Cuba; las operaciones en Nicaragua, Guatemala, Panamá y Bolivia, entre muchos otros. En el siglo XXI, la invasión de Iraq en 2003 —basada en la falsa premisa de las armas de destrucción masiva— costó más de 200.000 vidas civiles iraquíes documentadas y desestabilizó el Medio Oriente por generaciones. Las guerras de Afganistán, Libia y Siria completaron un patrón: la intervención armada como herramienta de política exterior, con argumentos que, a posteriori, han resultado frecuentemente espurios.
China, en contraste, no ha librado ninguna guerra fuera de sus fronteras desde el conflicto con Vietnam en 1979. No ha ocupado ni intervenido militarmente en ningún país de América Latina, África o Europa. Su expansión internacional ha sido esencialmente comercial, financiera e infraestructural, en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. No existe ningún episodio documentado en que China haya usado cables submarinos o infraestructura de telecomunicaciones para desestabilizar gobiernos o derrocar mandatarios en países en desarrollo.
En los últimos 45 años, EE.UU. participó en guerras que costaron millones de vidas. China no libró ninguna. Ese es el contexto real del debate sobre “quién representa un riesgo” para Chile.
Esto no implica que China sea un actor sin intereses propios ni que sus empresas deban operar sin regulación. Implica que el miedo a Beijing en esta materia no está respaldado por ninguna experiencia histórica comparable al intervencionismo norteamericano en la región. Las aprehensiones sobre China como actor potencialmente intrusivo son, en este contexto, desproporcionadas respecto de la evidencia disponible.
POR QUÉ CHILE NO ES VENEZUELA NI ARGENTINA: LA SOBERANÍA COMO CONDICIÓN DE SUPERVIVENCIA
Chile enfrenta este dilema geopolítico en una posición radicalmente distinta a la de Venezuela y Argentina. Y los casos recientes de ambos países no son meras referencias teóricas: son advertencias concretas y recientes sobre lo que ocurre cuando un Estado pierde su autonomía —por la vía de la confrontación ciega o de la subordinación voluntaria— ante Washington.
El caso venezolano es el más extremo y el más reciente. Durante meses previos a enero de 2026, la administración Trump desplegó en el Mar Caribe la denominada operación ‘Lanza del Sur’, bajo el pretexto oficial de combatir el narcotráfico: destruyó cerca de 40 embarcaciones, causó la muerte de aproximadamente 110 personas en aguas venezolanas e internacionales, e interceptó y decomisó buques petroleros cargados con crudo venezolano. Expertos en derecho internacional calificaron el bloqueo naval como ‘un uso prohibido de la fuerza militar’ en violación del artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas.
Lo que siguió superó cualquier precedente regional moderno: en la madrugada del 3 de enero de 2026, más de 150 aeronaves militares estadounidenses despegaron desde 20 bases en el hemisferio. Bombardearon sistemas de defensa aérea venezolanos, cortaron la electricidad en zonas de Caracas, y un comando de la Fuerza Delta del Ejército de EE.UU. aterrizó en helicópteros en el interior del complejo militar de Fuerte Tiuna. En ese operativo —bautizado ‘Operación Resolución Absoluta’ y ejecutado por orden directa del presidente Donald Trump— fue capturado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores. La operación duró aproximadamente 40 minutos. Las autoridades venezolanas reportaron 100 muertos; las cubanas, 32 miembros del equipo de seguridad presidencial fallecidos.
Maduro fue trasladado al portaaviones USS Iwo Jima, hizo escala en la base de Guantánamo y terminó recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde compareció ante un tribunal federal de Manhattan acusado de narcoterrorismo. En su primera audiencia declaró: ‘Fui secuestrado y sigo siendo el presidente.’ Trump, en conferencia de prensa, describió la operación como ‘brillante’ y señaló que EE.UU. dirigiría Venezuela hasta ‘una transición segura’. Prometió, además, que empresas estadounidenses de petróleo entrarían al país ‘para empezar a hacer dinero’. El círculo se cerraba: Pese a la detención de Maduro el régimen se mantuvo intacto y los recursos naturales venezolanos, objetivo no declarado, quedaban así al alcance de Washington.
El escenario argentino, aunque radicalmente distinto en las formas, ilustra con igual elocuencia el otro extremo del mismo riesgo: la pérdida de soberanía no por resistencia, sino por sumisión voluntaria. Desde que Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, Argentina ha construido una dependencia financiera y política sin precedentes respecto a Washington. El FMI —en cuyas decisiones EE.UU. tiene poder de veto real— aprobó un préstamo de US$20.000 millones en 2025 sin las condicionalidades habituales: analistas señalaron sin ambages que el propósito político del préstamo era asegurar que Milei ganara las elecciones legislativas de octubre. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, lo dijo públicamente: ‘El país tendrá elecciones en octubre y es muy importante que no descarrilen la voluntad de cambio.’
El embajador designado por Trump en Argentina, Peter Lamelas, fue aún más explícito en su audiencia de confirmación ante el Senado de EE.UU.: ‘Tenemos que apoyar a Javier en las elecciones de medio término y luego en el próximo ciclo.’ Prometió además recorrer las 23 provincias para ‘vigilar que no hagan acuerdos con los chinos.’ Y Trump, reunido con Milei en la Casa Blanca el 14 de octubre de 2025, advirtió sin rodeos: ‘Si no gana, nos vamos.’ La amenaza de retirar el apoyo financiero si el resultado electoral no era el deseado por Washington difícilmente puede calificarse como respeto a la soberanía o a la no injerencia en asuntos internos. El resultado es un presidente que exhibe con orgullo su pin de motosierra en reuniones internacionales, y que incluso baila, para disfrute de los asistentes de las reuniones en Mar-a-Lago. Que además describe a Trump como un modelo a seguir, y cuya política económica es en buena medida dictada desde Washington y el FMI.
Chile es otra cosa. Tiene una política exterior de largo plazo fundada en el multilateralismo, el libre comercio y la diversificación de socios. Su TLC con China, firmado en 2005 como el primero que Beijing suscribió con un país latinoamericano, es un pilar de su prosperidad exportadora. La próxima firma de un acuerdo con India —la economía de más rápido crecimiento del mundo— consolida su apuesta por el Pacífico asiático. Ese es el Chile que debe preservarse: ni el que confronta por ideología como Venezuela, ni el que se subordina por conveniencia inmediata como Argentina.
Mantener la soberanía frente a la presión de EE.UU. no significa alinearse con China. Significa lo opuesto: no alinearse con nadie en exclusiva. El CCE no es una declaración geopolítica; es una herramienta de conectividad soberana con el principal socio comercial del país. La misma lógica que explica por qué Chile tiene TLC simultáneos con Washington y Beijing explica por qué puede y debe tener cables submarinos que no dependan exclusivamente de ninguno de los dos.
La soberanía de Chile no se mide por si elige a EE.UU. o a China. Se mide por si tiene la independencia real de no elegir entre ellos, sino de relacionarse con ambos en sus propios términos.
Para el gobierno entrante de José Antonio Kast, la presión norteamericana plantea una disyuntiva de fondo: ¿primar la alineación ideológica con Trump —que encaja con la vertiente más dura de la derecha chilena y con las Fuerzas Armadas históricamente próximas a Washington— o priorizar los intereses concretos de los exportadores, mineros, agricultores y empresarios chilenos cuyo bienestar depende fundamental y estratégicamente del acceso al mercado asiático?
El episodio del Chile-China Express revela, con claridad inusual, las tensiones de fondo de la geopolítica del siglo XXI. Estados Unidos, en declive económico relativo y creciente inestabilidad política interna, busca reorientar su influencia hacia el hemisferio que históricamente ha considerado su patio trasero. El instrumento elegido ya no es solo la amenaza militar ni el apoyo a golpes de Estado, sino el control de la infraestructura digital: los cables que llevan los datos son las nuevas rutas comerciales, y quien los controla tiene ventaja estratégica decisiva.
La sanción a funcionarios chilenos por evaluar una solicitud técnica de concesión —un proceso administrativo normal— es una señal de alarma para toda la región. Si Washington puede castigar a funcionarios de un país aliado por no subordinar su regulación de telecomunicaciones a los intereses norteamericanos, el concepto de soberanía latinoamericana queda seriamente comprometido.
Chile tiene herramientas para navegar este escenario sin renunciar a ninguno de sus vínculos estratégicos. Puede y debe negociar garantías técnicas específicas sobre la operación del CCE, incluyendo protocolos de encriptación, auditorías internacionales y restricciones de acceso a datos sensibles. Puede y debe exigir esas mismas garantías a todos sus cables, incluidos los de origen norteamericano. La soberanía digital no se defiende rechazando a un actor; se defiende aplicando los mismos estándares a todos.
Lo que no puede permitirse Chile es ceder el control de su política de conectividad a una potencia extranjera —cualquier potencia— bajo la presión de sanciones unilaterales. Ese camino no conduce a la seguridad; conduce a la dependencia. Y la dependencia, en materia de datos e infraestructura crítica, es hoy tan estratégica como la dependencia energética o alimentaria.
