En una decisión que ha sido calificada por el mundo científico y ambiental como “inédita” y “desoladora”, el gobierno de José Antonio Kast ha iniciado su gestión retirando de la Contraloría General de la República 43 decretos ambientales clave. Lo que la administración actual intenta vender como una “auditoría técnica” para agilizar la inversión, es en realidad un frenazo en seco a la protección del patrimonio natural de todos los chilenos.
Un Desmantelamiento sin Precedentes
La medida no solo afecta a la administración anterior de Gabriel Boric; afecta a la institucionalidad misma. Entre las normas suspendidas se encuentran:
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Planes de Descontaminación: Medidas urgentes para el Lago Villarrica y la Región de Aysén, zonas que sufren crisis ambientales críticas y donde la salud de las personas depende de estas regulaciones.
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Protección de Biodiversidad: Decretos que declaraban áreas protegidas en salares y el monumento natural para el pingüino de Humboldt y la ranita de Darwin.
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Regulación de Emisiones: Normas para termoeléctricas y fundiciones de arsénico, componentes básicos para evitar que más chilenos vivan en “zonas de sacrificio”.
La Falacia del Crecimiento vs. Protección
El argumento del Gobierno, que sugiere que “tres araucarias no pueden impedir que se construya”, es una simplificación peligrosa. Como han señalado medios como Bloomberg y centros de estudios ambientales, el retiro de estas normas genera una incertidumbre jurídica que termina perjudicando la misma inversión que dicen proteger. Un país sin reglas claras y con ecosistemas colapsados no es un destino atractivo, sino un escenario de conflicto social y desastre ecológico.
Más de 240 organizaciones sociales y científicas han firmado una declaración de alerta. El mensaje es claro: la protección ambiental no es un “lujo” de un gobierno de turno, es un derecho humano básico y un compromiso internacional (como el Acuerdo de Escazú) que Chile está ignorando deliberadamente.
El Riesgo de la Irreversibilidad
Expertos en derecho ambiental, como Jorge Aranda (U. de Santiago), han advertido que el retiro masivo es “muy raro” y envía una señal de desprotección absoluta. Al “congelar” estas normas, el gobierno no solo borra el trabajo de años, sino que deja una ventana abierta para que proyectos con alto impacto ambiental se aprueben bajo estándares obsoletos antes de que (si es que ocurre) las normas sean reingresadas.
Chile no puede permitirse un retroceso de esta magnitud. Desmantelar la política ambiental para “deshacer” el legado del antecesor es, en última instancia, una política de tierra quemada donde los únicos perdedores son el medio ambiente y las futuras generaciones.
