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Incendios forestales: Chile conoce el peligro, pero el Gobierno sigue sin demostrar una preparación excepcional

Con antecedentes de catástrofes humanas y ambientales devastadoras, el país enfrenta otra temporada de alto riesgo. La capacidad aérea estancada, las dudas sobre los recursos disponibles y la falta de una prevención ciudadana suficientemente masiva exponen las debilidades de la estrategia gubernamental.

La sucesión de catástrofes de los últimos años, el agravamiento de las condiciones climáticas y las advertencias sobre el comportamiento extremo del fuego obligan a elevar sustancialmente los estándares de preparación del Estado. Sin embargo, las señales que entrega la planificación para este verano abren interrogantes sobre la suficiencia de los recursos, la capacidad de anticipación y, especialmente, la ausencia de una estrategia preventiva de alcance nacional, sostenida y verdaderamente masiva. En un escenario donde cada hora puede marcar la diferencia entre controlar un foco o enfrentar una tragedia, Chile no puede seguir reaccionando cuando el desastre ya está en marcha.

La temporada de incendios forestales vuelve a instalar una preocupación que Chile conoce demasiado bien, pero frente a la cual todavía parece no haber desarrollado una respuesta institucional a la altura de los riesgos. Las imágenes de comunidades arrasadas, viviendas destruidas, personas fallecidas y ecosistemas convertidos en cenizas se han repetido con una frecuencia alarmante. Y aunque cada temporada deja nuevas lecciones, persiste una pregunta fundamental: ¿está realmente preparado el país para enfrentar incendios cada vez más violentos, extensos e impredecibles?

La interrogante no es exagerada ni responde a una alarma infundada. Es el resultado de una experiencia acumulada, de antecedentes científicos cada vez más contundentes y de un escenario climático que exige anticipación, planificación y decisiones presupuestarias consistentes con la magnitud de las amenazas.

Chile ha experimentado durante la última década algunas de las temporadas de incendios más devastadoras de su historia. La tragedia de febrero de 2024 en la Región de Valparaíso, con 138 personas fallecidas, constituye uno de los recordatorios más dolorosos de que estos fenómenos dejaron de ser exclusivamente emergencias ambientales para convertirse en amenazas directas contra la vida, la seguridad y la infraestructura de las comunidades.

Las consecuencias tampoco se limitan a las pérdidas humanas y materiales. La destrucción de bosques nativos, la degradación de suelos, la pérdida de biodiversidad, la contaminación atmosférica y los daños sobre actividades productivas generan impactos que pueden prolongarse durante décadas. A ello se suman los costos económicos de la reconstrucción, la atención sanitaria y la recuperación de territorios completos.

Por eso, la preparación para esta temporada no puede evaluarse únicamente por la cantidad de aeronaves o brigadistas anunciados. Debe medirse por la capacidad real del Estado para anticiparse, prevenir, detectar oportunamente y responder con suficiente rapidez y coordinación.

Un riesgo que aumenta mientras la capacidad de respuesta sigue bajo cuestionamiento

Las señales de alerta se han multiplicado. Una de las principales controversias de esta temporada tiene que ver con la disponibilidad efectiva de recursos para enfrentar emergencias de gran magnitud y, particularmente, con la evolución de las capacidades aéreas y terrestres.

El Gobierno presentó el 27 de octubre su Plan de Protección contra Incendios Forestales 2026-2027, con un presupuesto anunciado de $166.600 millones. La estrategia contempla 319 brigadas de CONAF, integradas por 3.778 brigadistas, 77 aeronaves y 396 recursos de detección, entre cámaras, torres y puestos de observación. A ello se agrega el aporte de las empresas forestales, que consideran otras 338 brigadas, 3.265 brigadistas y 56 aeronaves. En conjunto, el despliegue anunciado alcanza 657 brigadas, más de 7.000 brigadistas y 133 aeronaves. Ministerio de Agricultura de Chile.

Sin embargo, las cifras globales no despejan las dudas. La dotación de aeronaves públicas se mantiene en 77, igual que en la temporada anterior. También se ha informado que el sector privado reducirá su aporte aéreo y dispondrá de al menos mil brigadistas menos. A esto se suma que CONAF contará con un solo avión tanquero de gran capacidad, en lugar de los dos que estuvieron disponibles en temporadas anteriores.

El presupuesto, por su parte, representa un incremento nominal de aproximadamente 3,6% respecto del plan precedente, que contemplaba $160.803 millones. Es decir, existe un aumento en términos corrientes, pero ello no significa necesariamente un fortalecimiento proporcional de las capacidades operativas, especialmente cuando se consideran la inflación, los mayores costos de operación y la evolución del riesgo climático.

Aquí radica una de las principales interrogantes sobre la estrategia gubernamental: ¿resulta razonable mantener prácticamente inalterada la capacidad aérea pública cuando las advertencias apuntan a temporadas potencialmente más complejas y el sector privado reduce parte de sus recursos?

No se trata de sostener que la solución consiste simplemente en comprar más aviones o contratar más brigadistas. Los incendios de comportamiento extremo requieren una combinación de capacidades: detección temprana, coordinación territorial, logística, maquinaria pesada, disponibilidad de agua, cortafuegos, rutas de evacuación, comunicaciones, brigadas especializadas y medios aéreos adecuados a las características geográficas de cada zona.

Pero precisamente por eso resulta difícil comprender que, frente a antecedentes tan dramáticos, no se observe un salto suficientemente significativo en la preparación del país.

La discusión tampoco puede reducirse a una disputa entre las cifras presentadas por el Gobierno y las críticas de especialistas. Lo verdaderamente relevante es determinar si los recursos anunciados permiten responder a escenarios simultáneos de emergencia, cuando varios focos se desarrollan en distintas regiones y las condiciones meteorológicas dificultan las operaciones aéreas y terrestres.

Un Estado que conoce sus vulnerabilidades, que ha experimentado tragedias de proporciones históricas y que dispone de antecedentes científicos para anticipar riesgos tiene la obligación de prepararse considerando los peores escenarios razonablemente previsibles, no solamente las condiciones promedio.

El clima está enviando señales que no admiten improvisación

La preocupación adquiere todavía mayor dimensión cuando se examinan las proyecciones climáticas.

El fenómeno de El Niño que se desarrolla durante 2026 ha alcanzado intensidades extraordinarias. Un análisis del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), de la Universidad de Chile, documentó que el índice oceánico Niño 3.4 llegó a una anomalía de +3,4 °C el 20 de octubre, un registro excepcional.

El mismo análisis advierte sobre un factor particularmente relevante para los incendios: las precipitaciones registradas durante el invierno y la primavera favorecieron el crecimiento de pastizales y vegetación que, al secarse durante el verano, pueden transformarse en una importante carga de combustible para el fuego. Investigaciones anteriores han identificado, además, una relación entre inviernos lluviosos asociados a El Niño y una mayor actividad de incendios durante el verano siguiente en Chile central.

Es una advertencia que merece especial atención. La abundancia de vegetación después de un período lluvioso puede transmitir una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, cuando llegan las altas temperaturas, disminuye la humedad y aparecen los vientos, esa misma vegetación puede convertirse en material altamente inflamable, facilitando la propagación de las llamas.

A ello se agrega que el cambio climático está elevando las temperaturas medias y aumentando la frecuencia de olas de calor, condiciones que incrementan la vulnerabilidad de los territorios frente al fuego.

La evidencia internacional refuerza la preocupación. El informe científico State of Wildfires 2025-2026, publicado en noviembre de 2026 en la revista Earth System Science Data, documenta cómo el calentamiento global está modificando los patrones de incendios en distintas regiones del planeta.

El estudio identifica temporadas particularmente destructivas en Canadá y Europa, con incendios de gran magnitud, evacuaciones masivas y pérdidas económicas considerables. Sus conclusiones son especialmente relevantes para Chile: estima que el cambio climático ha incrementado aproximadamente en 50% la probabilidad de condiciones meteorológicas extremas favorables a incendios en la región de bosques templados y matorrales chilenos.

La investigación también proyecta que, si el calentamiento global continúa avanzando, esa probabilidad podría aumentar otro 50% respecto de los niveles actuales bajo un escenario de calentamiento de 3 °C sobre los niveles preindustriales.

Lo que está ocurriendo en otros continentes no es una advertencia distante. Es una demostración de que los incendios forestales están adquiriendo nuevas dimensiones y que incluso países con importantes capacidades tecnológicas, logísticas y económicas enfrentan dificultades para contenerlos cuando confluyen temperaturas extremas, sequedad, viento y vegetación altamente combustible.

Chile, por sus características geográficas, sus extensas zonas de interfaz urbano-rural y la exposición de numerosas comunidades, no puede considerarse ajeno a esa realidad.

La prevención: la gran deuda que no se resuelve con declaraciones

Pero si existe un aspecto que merece especial atención es la prevención. Y aquí la discusión adquiere una dimensión todavía más preocupante.

En Chile, aproximadamente el 99,7% de los incendios forestales tiene origen humano, según estimaciones de CONAF. Esto significa que la negligencia, las conductas irresponsables y la intencionalidad constituyen factores centrales en el inicio de estas emergencias. Gobierno de Chile

Por lo tanto, no basta con disponer de recursos para combatir las llamas una vez que estas comienzan a extenderse. Es indispensable reducir las probabilidades de que los incendios se produzcan y, cuando ocurran, evitar que encuentren condiciones para transformarse en catástrofes.

En este ámbito, se extraña una política pública mucho más agresiva, visible y sostenida de educación y prevención ciudadana. No alcanza con llamados generales a la responsabilidad, recomendaciones ocasionales o campañas comunicacionales que aparecen cuando el verano ya está instalado.

Se necesita una estrategia nacional de prevención que comience con meses de anticipación, que tenga presencia permanente en televisión, radio, prensa, plataformas digitales, establecimientos educacionales y territorios rurales. Una campaña capaz de llegar efectivamente a las comunidades más expuestas, particularmente aquellas ubicadas en sectores de interfaz urbano-forestal.

La ciudadanía debe comprender que una quema no autorizada, una colilla mal apagada, una fogata abandonada, el uso irresponsable de herramientas que generan chispas o la acumulación de vegetación seca junto a las viviendas pueden desencadenar situaciones irreversibles.

Pero la responsabilidad no puede trasladarse exclusivamente a las personas. El Estado debe proporcionar información, capacitación, organización comunitaria y herramientas concretas para que la prevención sea posible.

En este sentido, resulta particularmente ilustrativa la discusión sobre los recursos destinados a preparar a las comunidades. Los antecedentes publicados por especialistas han puesto en cuestión la suficiencia del financiamiento disponible para los programas de organización y entrenamiento comunitario de SENAPRED, señalando que el monto anual supera apenas los $80 millones para todo el país. Una cifra que, de confirmarse en su ejecución presupuestaria, parece manifiestamente insuficiente frente a la dimensión territorial del problema.

La prevención también exige acciones materiales: limpieza de quebradas y terrenos, eliminación de residuos vegetales, construcción y mantención de cortafuegos, manejo de combustible forestal, protección de viviendas, fiscalización de actividades de riesgo y preparación de rutas de evacuación.

No se puede esperar que los municipios, muchas veces con presupuestos y capacidades técnicas limitadas, resuelvan individualmente problemas que requieren planificación nacional, financiamiento y coordinación interinstitucional.

La prevención debe dejar de ser un capítulo secundario de los planes de emergencia para convertirse en una política pública prioritaria, con presupuesto propio, metas verificables y evaluación permanente de resultados.

Un Estado que debe anticiparse, no limitarse a reaccionar

La experiencia internacional demuestra que los países que enfrentan con mayor eficacia los incendios forestales no son necesariamente aquellos que disponen de más recursos para combatirlos, sino los que han conseguido integrar prevención, planificación territorial, detección temprana, preparación comunitaria y respuesta operacional en un sistema permanente.

Australia, Estados Unidos, Canadá y varios países europeos han debido fortalecer sus estrategias frente a temporadas cada vez más complejas. Sus experiencias también demuestran que disponer de grandes aviones cisterna y brigadas especializadas no garantiza por sí solo el control de incendios que se desarrollan simultáneamente bajo condiciones meteorológicas extremas.

Por eso, Chile necesita una política de Estado que trascienda los ciclos gubernamentales y las asignaciones presupuestarias de cada temporada.

Esto supone, al menos, cinco compromisos fundamentales:

Financiamiento acorde al riesgo: establecer presupuestos plurianuales que permitan mantener y ampliar capacidades humanas, aéreas, terrestres y tecnológicas, sin depender de decisiones de última hora.

Prevención anticipada y masiva: desarrollar campañas nacionales permanentes, con especial intensidad antes del verano, y programas efectivos de capacitación comunitaria.

Protección territorial: identificar zonas críticas, fortalecer cortafuegos, intervenir áreas de vegetación combustible y mejorar las condiciones de seguridad de las comunidades expuestas.

Detección y respuesta temprana: ampliar los sistemas de vigilancia, fortalecer la coordinación entre CONAF, SENAPRED, Bomberos, municipios, Fuerzas Armadas y empresas privadas, y asegurar recursos suficientes para enfrentar emergencias simultáneas.

Fiscalización y responsabilidad: perseguir eficazmente las conductas negligentes o intencionales que originan incendios, fortalecer los mecanismos de denuncia y establecer responsabilidades claras en la protección de los territorios.

A ello debe agregarse una cuestión institucional de fondo: la necesidad de avanzar en una legislación moderna sobre prevención y combate de incendios forestales y rurales. La discusión legislativa no puede seguir postergándose mientras cada verano aumenta la exposición de las comunidades. Una normativa de esta naturaleza debe establecer obligaciones, instrumentos de planificación, mecanismos de fiscalización y responsabilidades concretas para los distintos actores involucrados.

La preparación tampoco puede medirse exclusivamente por el número de brigadas desplegadas o los kilómetros de cortafuegos anunciados. Debe existir transparencia sobre su ubicación, estado de ejecución, disponibilidad efectiva, tiempos de respuesta y resultados de las intervenciones preventivas.

El país necesita saber cuánto se invierte realmente en prevención, cuánto en combate, cuánto en recuperación ambiental y qué resultados se obtienen con esos recursos.

No esperar a que las llamas vuelvan a contar la historia

Chile tiene razones más que suficientes para tomarse esta temporada con máxima seriedad. Las tragedias anteriores no fueron episodios aislados ni acontecimientos imprevisibles. Fueron manifestaciones de una vulnerabilidad conocida, cuyos factores de riesgo siguen presentes y que el cambio climático está contribuyendo a intensificar.

Las 138 víctimas fatales de los incendios de Viña del Mar y Quilpué, las comunidades destruidas y los daños ambientales acumulados deberían haber marcado un antes y un después en la manera en que el país aborda estas emergencias.

Por eso resulta legítimo exigirle al actual Gobierno una preparación más ambiciosa, mayor capacidad de previsión y una asignación de recursos que esté a la altura de las advertencias científicas y de las experiencias históricas. El incremento nominal del presupuesto anunciado no despeja por sí solo las dudas sobre la suficiencia de los medios operativos ni sobre la capacidad real de enfrentar escenarios extremos.

Tampoco es aceptable que la prevención ciudadana termine convirtiéndose en una suerte de transferencia de responsabilidades hacia comunidades que, en muchos casos, carecen de capacitación, recursos y apoyo institucional para protegerse.

La responsabilidad del Estado es indelegable en materia de protección de la vida, seguridad pública y gestión del riesgo. La ciudadanía, las empresas y los municipios tienen también obligaciones, pero corresponde a las autoridades liderar, coordinar, financiar y garantizar las condiciones necesarias para que esas responsabilidades puedan cumplirse.

Hay algo que debería resultar evidente después de tantas catástrofes: cada peso invertido oportunamente en prevención puede evitar pérdidas humanas, ambientales y económicas infinitamente mayores.

La pregunta, entonces, no es cuánto costaría fortalecer significativamente la preparación del país. La verdadera pregunta es cuánto le costará a Chile no haberlo hecho si las advertencias se convierten nuevamente en tragedia.

Porque cuando el fuego comienza a avanzar sobre viviendas, bosques y comunidades, las declaraciones de emergencia, los anuncios de recursos extraordinarios y las promesas de reconstrucción llegan inevitablemente tarde.

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