Kast entra en modo combativo: Ahora desafía a los sectores opositores a presentar acusación constitucional contra ministro Rabat
Desde Italia, el Jefe de Estado defendió con dureza la permanencia de su secretario de Estado, reiterando que él personalmente asumió el costo político por la crisis de las rebajas de condenas
Desde el extranjero, en el marco de su gira oficial por Europa, el Presidente José Antonio Kast intentó zanjar de manera tajante la crisis que envuelve a su gabinete a raíz de las rebajas de condenas a criminales sexuales. Lejos de ceder ante las presiones de la centroizquierda, de sectores del Congreso y de la ciudadanía, el Mandatario redobló la apuesta, blindó sin matices al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y asumió el control político total de la controversia.
La ofensiva de La Moneda: Blindaje total y desafío frontal
En una férrea defensa de su secretario de Estado, el Jefe de Estado despejó cualquier duda sobre la continuidad de Rabat en el cargo y desmarcó al titular de Justicia de las repercusiones políticas. Con tono desafiante, Kast sentenció:
“La responsabilidad política la asumí yo”, zanjó el Mandatario, recordando que la potestad exclusiva de nominar y remover ministros recae en la figura presidencial y no en las presiones del Parlamento.
Ante el persistente amague de la oposición de materializar un libelo acusatorio, Kast no solo restó dramatismo a la ofensiva, sino que los emplazó a dejar las declaraciones de la galería y pasar a la acción concreta. “La han anunciado todos los días. Que la presenten y que se vote”, fustigó desde Italia, exigiendo a los parlamentarios un debate con plazos claros en lugar de mantener un goteo comunicacional diario sin sustento jurídico definitivo.
Cambiar el foco: Del debate político a la agenda de seguridad
Para el Ejecutivo, la ofensiva opositora responde a tácticas de desgaste que buscan desviar la atención de las verdaderas urgencias ciudadanas. Kast sostuvo que, más allá de las legítimas diferencias interpretativas sobre los decretos de beneficios carcelarios, el país exige enfrentar con mano firme el problema de fondo: el combate frontal contra la delincuencia y la protección de los derechos de los menores de edad.
En esa línea, el Presidente advirtió que la administración actual no se dejará paralizar por la polémica y llamó al Parlamento a colaborar activamente en las modificaciones legales necesarias para cerrar vacíos normativos, o bien, a someter de una vez por todas la acusación constitucional al escrutinio del Congreso para zanjar el debate institucionalmente.
