Infiltrados, evidencias borradas y secreto estatal: la trama de impunidad tras el incendio de la Universidad San Sebastián durante el estallido social.
El caso archivado por el Ministerio Público saca a la luz graves maniobras de encubrimiento, reuniones reservadas con exautoridades y el cuestionado rol de Carabineros en actos vandálicos ocurridos en 2019.
Una investigación judicial sepultada y testimonios clave omitidos del expediente abren nuevamente las dudas sobre las operaciones encubiertas de Carabineros durante el estallido social de 2019. Según señala el medio de investigación periodística Reportea, la causa penal que buscaba sancionar el incendio en la sede Bellavista de la Universidad San Sebastián (USS) fue archivada en marzo de 2023 sin imputados, a pesar de que registros audiovisuales y testimonios situaban en la escena del siniestro a dos agentes de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar).
La pista que apuntó a la inteligencia policial
El 27 de diciembre de 2019, en medio de violentos disturbios, un grupo irrumpió en las instalaciones de la USS. Minutos antes de que las llamas comenzaran a consumir el piso -1, las cámaras de seguridad del recinto registraron el ingreso y posterior salida de un individuo con máscara antigás, reconocido posteriormente por el personal de seguridad de la universidad como el agente de inteligencia policial David Gaete. Semanas después del hecho, Gaete se había presentado de civil en la universidad solicitando de manera informal la entrega de los registros de las cámaras.
Asimismo, peritajes y testimonios identificaron a un segundo uniformado de la Dipolcar, Óscar Cifuentes, arrojando objetos y transitando por las dependencias del edificio en momentos previos a la propagación del fuego.
Extravío de pruebas y el blindaje del Ministerio del Interior
La gravedad de las revelaciones contrasta con la inacción institucional y el bloqueo estatal:
Evidencia desaparecida: Pese a que el entonces director de seguridad de la USS prestó declaración formal ante la PDI aportando los hallazgos, ni su versión ni los análisis audiovisuales figuraron en la carpeta final de la fiscalía.
Secreto de Estado como freno: Cuando el fiscal del caso intentó fiscalizar el rol de los agentes policiales, el Ministerio del Interior —encabezado en esa fecha por Rodrigo Delgado— invocó la Ley de Inteligencia para denegar la entrega de antecedentes, blindando a la policía y forzando el posterior cierre de la investigación.
Reuniones bajo reserva: La investigación de Reportea devela además que el exministro del Interior Andrés Chadwick habría estado al tanto de la presencia de los agentes en el lugar, tras sostener reuniones de carácter privado con directivos del plantel cuando ya no ocupaba ningún cargo público ni administrativo.
Este caso reactiva un patrón controversial documentado durante la crisis social: la actuación de agentes encubiertos en la primera línea de los disturbios cuyos límites operativos y responsabilidad penal quedaron sepultados bajo la reserva de inteligencia y la omisión judicial.
