«Poco ruido y pocas nueces»: Kast desaprovechó la oportunidad de recomponer la relación con China
Su evidente alineamiento ideológico con Donald Trump y su administración terminó condicionando una visita que pudo servir para restañar las heridas diplomáticas, recuperar confianzas y fortalecer los vínculos con el principal socio comercial de Chile. Mucha diplomacia protocolar, pero pocas señales concretas de autonomía y voluntad política.
El alineamiento del gobierno de José Antonio Kast con la administración de Donald Trump abre interrogantes sobre la autonomía de la política exterior chilena. Las presiones estadounidenses por el cable submarino con China, las sanciones contra autoridades chilenas, la adhesión al denominado Escudo de las Américas y la búsqueda de un acercamiento con Washington contrastan con una relación comercial que sigue siendo decisiva para Chile: la que mantiene con Beijing. La pregunta de fondo es qué obtiene el país a cambio de esta cercanía política y cuánto puede terminar sacrificando.
La relación con Washington: de las señales de subordinación a los costos para Chile
La discusión no comenzó con la llegada de Kast a La Moneda, el 11 de marzo de 2026. Sus antecedentes se remontan a la campaña presidencial y a los contactos políticos que el entonces candidato mantuvo con sectores cercanos a Donald Trump. Pero adquirió una dimensión mucho más delicada durante la transición presidencial, cuando la relación entre Washington y Santiago quedó atravesada por una controversia que terminó convirtiéndose en una prueba de autonomía para la nueva administración: el proyecto de cable submarino de fibra óptica entre Chile y China.
El cable submarino: cuando Washington habla por Chile
El episodio constituye uno de los antecedentes más reveladores de la presión estadounidense sobre las decisiones estratégicas de nuestro país.
La iniciativa Chile-China Express buscaba conectar Valparaíso con Hong Kong mediante un cable submarino de telecomunicaciones, ampliando la capacidad de conexión digital de Chile con Asia y diversificando sus rutas internacionales de transmisión de datos. Se trata de infraestructura estratégica en un mundo donde la conectividad digital, la inteligencia artificial, los servicios tecnológicos y la circulación de información tienen una importancia económica y geopolítica creciente.
El proyecto generó objeciones de Washington por eventuales riesgos de seguridad, especialmente en materia de protección de datos e intercambio de inteligencia. Sin embargo, las preocupaciones estadounidenses no se tradujeron simplemente en una discusión técnica entre especialistas: escalaron hasta convertirse en una presión diplomática directa.
En febrero de 2026, el Departamento de Estado anunció la revocación de las visas del entonces ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y de dos de sus colaboradores, acusándolos de acciones que, a juicio de Washington, comprometían la seguridad regional. La medida se produjo cuando todavía gobernaba Gabriel Boric y antes de que el proyecto hubiera sido aprobado.
La gravedad institucional del episodio fue evidente: una potencia extranjera utilizaba una medida diplomática coercitiva contra autoridades chilenas por una decisión administrativa y estratégica que correspondía resolver soberanamente a Chile.
Pero lo ocurrido después elevó todavía más las interrogantes.
El 11 de marzo, durante la ceremonia de cambio de mando, el embajador estadounidense Brandon Judd se permitió anticipar públicamente el destino de la iniciativa. «Yo creo que el cable chino ya se acabó», declaró ante los medios, agregando que no esperaba que continuara.
No era una declaración menor. El representante diplomático de una potencia extranjera estaba anunciando, antes de cualquier resolución oficial del nuevo Ejecutivo, el supuesto desenlace de un proyecto chileno.
La escena dejó una pregunta inevitable: ¿quién estaba determinando finalmente la política de telecomunicaciones de Chile?
La situación merece especial atención porque el proyecto no estaba descartado. En septiembre, el propio biministro de Obras Públicas y Telecomunicaciones, Louis de Grange, confirmó que la iniciativa seguía su tramitación administrativa y que no había sido cancelada. Sin embargo, el Gobierno tampoco le había otorgado prioridad ni había despejado sus perspectivas de ejecución.
En noviembre, además, la iniciativa quedó fuera de las prioridades de la gira presidencial por Asia, sin que se anunciara una decisión concreta para impulsarla.
La diferencia entre mantener formalmente un proyecto en trámite y ejercer una voluntad política efectiva para desarrollarlo es sustancial. Y es precisamente allí donde aparece el problema: Chile tiene derecho a evaluar los riesgos de seguridad de cualquier infraestructura, pero esa evaluación debe realizarla el Estado chileno, con criterios técnicos, transparentes y no discriminatorios, y no bajo la amenaza de represalias diplomáticas.
Escudo de las Américas: la fotografía política y sus compromisos
Otro episodio que permite entender la orientación internacional del nuevo Gobierno ocurrió incluso antes de su instalación.
El 7 de marzo de 2026, José Antonio Kast, todavía presidente electo, participó en Miami en la cumbre denominada «Escudo de las Américas», convocada por Donald Trump y celebrada en un complejo turístico de propiedad del mandatario estadounidense.
La reunión congregó a una docena de dirigentes latinoamericanos, mayoritariamente identificados con la derecha regional y cercanos a la administración republicana. El encuentro estuvo marcado por una puesta en escena de fuerte contenido político: saludos individuales, fotografías con Trump y una demostración pública de cercanía con el mandatario estadounidense.
La imagen del encuentro fue elocuente. Trump, al presentar a Kast, destacó haber respaldado su candidatura y celebró que sus apoyos políticos terminaran en victorias electorales. El mandatario estadounidense incluso bromeó públicamente sobre la posibilidad de recibir alguna compensación por esos respaldos.
Kast, por su parte, manifestó su respaldo a la intervención estadounidense en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro y planteó la necesidad de ayudar a que Cuba recuperara su libertad.
Más allá de las afinidades ideológicas, lo relevante es lo que sucedió posteriormente.
El 22 de septiembre, ya como Presidente, Kast formalizó la adhesión de Chile al marco de cooperación denominado Escudo de las Américas, junto a otros catorce países de la región.
La iniciativa no se limita a coordinar acciones policiales contra el narcotráfico. La declaración conjunta contempla tres grandes áreas: cooperación económica, seguridad y coordinación multilateral.
En materia económica, incluye la intención de explorar mecanismos de control de inversiones, proteger las cadenas de suministro de minerales críticos y promover criterios para seleccionar proveedores de infraestructura digital considerados confiables. También contempla un mayor intercambio de inteligencia y coordinación de posiciones en foros internacionales.
En seguridad, plantea acciones coordinadas contra organizaciones criminales, incluyendo sanciones, restricciones financieras y eventuales medidas conjuntas mediante los mecanismos del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).
¿Por qué Chile debe incorporarse a un esquema de seguridad y coordinación económica diseñado bajo el liderazgo de Washington sin que exista una discusión pública suficientemente profunda sobre sus alcances, sus límites y sus eventuales consecuencias para la autonomía nacional?
Especialmente delicado resulta el componente relacionado con las inversiones, los minerales estratégicos y la infraestructura digital. Son precisamente tres áreas en las que China mantiene una presencia comercial y económica relevante en Chile.
La adhesión puede tener justificaciones legítimas en materia de seguridad. El combate al crimen organizado exige cooperación internacional. Pero una cosa es coordinarse contra las organizaciones criminales y otra muy distinta es aceptar que esa coordinación se transforme en un instrumento de alineamiento geopolítico frente a terceros países.
Chile necesita combatir el narcotráfico, no importar automáticamente las prioridades estratégicas de Washington.
El acercamiento a Trump: muchas fotografías, pocas ventajas para Chile
La apuesta política de Kast por construir una relación privilegiada con Donald Trump también debe evaluarse por sus resultados concretos.
Hasta ahora, las señales de cercanía han sido mucho más visibles que los beneficios obtenidos. La participación en la cumbre de Miami, los encuentros protocolares, las coincidencias ideológicas y las declaraciones de respaldo no se han traducido en un trato comercial especialmente favorable para Chile ni en concesiones económicas que permitan hablar de una relación privilegiada.
Y aquí aparece una contradicción difícil de ignorar.
El 24 de julio de 2026 entraron en vigor nuevos aranceles estadounidenses derivados de investigaciones comerciales amparadas en la Sección 301 de su legislación. Para Chile, el representante comercial de Estados Unidos estableció una tasa adicional de 12,5% sobre los productos comprendidos, con determinadas excepciones. La medida alcanzó también a otras 59 economías investigadas.
La justificación estadounidense fue la insuficiente adopción y aplicación de prohibiciones a las importaciones de bienes producidos mediante trabajo forzoso.
Pero el resultado político y económico no deja de ser incómodo: mientras el Gobierno chileno ha desplegado gestos de acercamiento hacia Washington, Estados Unidos ha mantenido una política comercial unilateral que también afecta a nuestro país.
La pregunta es inevitable: ¿dónde está el trato preferente que supuestamente debía acompañar esta cercanía política?
La administración Trump ha demostrado reiteradamente que sus relaciones internacionales están subordinadas a una lógica de intereses propios. Las afinidades ideológicas no garantizan concesiones comerciales, inversiones ni protección frente a decisiones económicas unilaterales.
Y Chile debería haberlo sabido antes de convertir esa afinidad en uno de los ejes de su política exterior.
China: el socio comercial que Chile no puede darse el lujo de descuidar
El contraste con China es especialmente relevante, no por una supuesta obligación de acercarse políticamente a Beijing, sino por una razón mucho más elemental: los intereses económicos de Chile.
Las cifras oficiales de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI) son categóricas.
Durante 2025, el intercambio comercial de Chile con China alcanzó los US$65.332 millones, equivalentes al 32,7% del comercio exterior de bienes del país. Con Estados Unidos, en cambio, llegó a US$33.908 millones, un 17% del total.
En otras palabras, el intercambio con China fue prácticamente el doble del registrado con Estados Unidos.
China es, además, un mercado fundamental para las exportaciones chilenas de cobre, litio, cerezas, celulosa y otros productos estratégicos. No se trata de una relación circunstancial ni de una conveniencia diplomática: es una vinculación económica construida durante décadas, respaldada por un Tratado de Libre Comercio vigente desde 2006 y una Asociación Estratégica Integral.
Los datos más recientes confirman que esa importancia no ha disminuido. Entre enero y agosto de 2026, el intercambio bilateral llegó a US$45.647 millones, con un crecimiento de 8,3% respecto del mismo período del año anterior. Las exportaciones chilenas hacia ese mercado sumaron US$27.887 millones.
En ese escenario, la visita oficial de Kast a China, desarrollada entre el 15 y el 19 de noviembre, ofrecía una oportunidad especialmente importante para despejar dudas y transmitir una señal inequívoca: Chile está dispuesto a profundizar su relación económica con todos sus socios, sin aceptar presiones ni discriminaciones por razones geopolíticas.
El encuentro con Xi Jinping permitió algunas señales positivas. Kast reconoció expresamente la condición de China como principal socio comercial y manifestó su interés en profundizar la cooperación en comercio, minería, agricultura, infraestructura, electromovilidad e inteligencia artificial.
Falto sin embargo una señal política suficientemente clara por parte de Kast frente a los acontecimientos que habían tensionado la relación bilateral.
El Gobierno no anunció una decisión concreta para destrabar el proyecto del cable submarino, tampoco presentó una hoja de ruta pública para resolver las dudas que habían surgido en torno a las inversiones y la infraestructura digital, ni aprovechó la visita para despejar de manera categórica la percepción de que Chile estaba dispuesto a subordinar sus decisiones sobre China a las exigencias de Washington.
Más aún, el proyecto Chile-China Express, que representa una oportunidad de diversificación de la infraestructura de telecomunicaciones, había quedado fuera de las prioridades de la gira presidencial.
La diferencia es importante: una cosa es mantener una relación cordial con Beijing y otra demostrar, mediante decisiones concretas, que Chile está dispuesto a proteger y desarrollar esa relación cuando aparecen presiones externas.
La diplomacia no se mide solamente por las declaraciones de buena voluntad ni por las fotografías con los jefes de Estado. Se mide por los acuerdos que se concretan, las inversiones que se materializan, las oportunidades que se abren y, sobre todo, por la capacidad de defender los intereses nacionales.
La política exterior no puede convertirse en una disputa ideológica
El problema de fondo es que el Gobierno parece estar confundiendo afinidad ideológica con conveniencia nacional.
Estados Unidos es un socio estratégico de Chile. Lo es en materia de comercio, inversiones, tecnología, educación, seguridad y cooperación internacional. Nadie sensato propondría deteriorar esa relación.
Pero China también lo es, y en una dimensión comercial incluso mayor. Lo mismo ocurre con la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, India y los países de América Latina.
La política exterior chilena ha construido históricamente una posición basada en la apertura comercial, la diversificación de mercados, el respeto al derecho internacional y la autonomía para establecer relaciones con distintos países. Esa estrategia ha permitido que una economía relativamente pequeña pueda insertarse en los principales mercados del mundo sin quedar atrapada en las disputas entre las grandes potencias.
La administración Kast parece estar poniendo en riesgo ese equilibrio al otorgar una relevancia política desproporcionada a su cercanía con Trump.
Y el problema no es solamente diplomático. Tiene consecuencias económicas potenciales.
Si Chile termina limitando sus oportunidades de inversión, infraestructura, transferencia tecnológica o acceso a mercados para satisfacer las prioridades estratégicas de Washington, estará trasladando al país el costo de una confrontación entre potencias que no le corresponde protagonizar.
Tampoco puede ignorarse que la administración Trump ha demostrado una disposición permanente a utilizar aranceles, restricciones comerciales, sanciones y presiones diplomáticas como instrumentos de negociación. La relación con Estados Unidos, por tanto, exige pragmatismo, capacidad de negociación y firmeza, no adhesión automática.
La defensa de los intereses nacionales requiere precisamente lo contrario de la subordinación: capacidad para decir que sí cuando existe beneficio mutuo y que no cuando una exigencia externa perjudica al país.
Chile necesita un presidente que represente a Chile, no a Washington
La cuestión no consiste en escoger entre Estados Unidos y China. Esa es una falsa disyuntiva que favorece los intereses de las grandes potencias, no los de nuestro país.
Chile necesita mantener relaciones equilibradas con ambos, aprovechar las oportunidades económicas que ofrecen y establecer límites claros frente a cualquier intento de condicionar sus decisiones soberanas.
Lo que resulta profundamente cuestionable es que, mientras el Gobierno de Kast ha mostrado una disposición política particularmente entusiasta para acercarse a Donald Trump, los resultados concretos de esa aproximación no parecen estar a la altura de los gestos realizados.
Las sanciones contra autoridades chilenas, la intromisión pública del embajador estadounidense en el destino de un proyecto nacional, la adhesión a un mecanismo regional con componentes económicos y geopolíticos sensibles y la persistencia de medidas arancelarias estadounidenses dibujan un escenario que merece una revisión seria.
Por el otro lado, China sigue siendo el principal socio comercial de Chile, pero el Gobierno no ha entregado todavía señales suficientemente contundentes de que está dispuesto a defender esa relación frente a las presiones externas.
Y aquí está el punto político esencial: un presidente chileno no tiene por qué compartir la ideología del gobierno chino, estadounidense ni de ningún otro. Su obligación es representar los intereses de Chile.
La soberanía no se defiende solamente con discursos, ni la política exterior se construye buscando la aprobación de un mandatario extranjero. Se defiende tomando decisiones propias, negociando en condiciones de igualdad y evitando que las preferencias ideológicas de un gobierno terminen comprometiendo el desarrollo económico y estratégico del país.
Chile no necesita un presidente que busque agradar a Trump. Necesita un presidente capaz de negociar con Trump, con Xi Jinping y con cualquier otro líder mundial, sin olvidar a quién representa y cuáles son los intereses que está obligado a defender.
