Cuatro años, $3,88 billones: lo que la Ley Papito Corazón ha ordenado cobrar a los deudores de pensiones
Cerca del 79% de ese monto se ordenó cobrar contra los ahorros previsionales en las AFP. La Corte Suprema valora el avance, pero advierte que la ley no basta y que faltan recursos.
El Poder Judicial entregó este miércoles el balance de los cuatro años de vigencia de la ley que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, conocida como “Ley Papito Corazón”. Entre el 14 de noviembre de 2022 y el 17 de noviembre de 2026, los tribunales de familia ordenaron pagos por $3.885.443.300.562, unos 3,88 billones de pesos. La cifra fue presentada por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.
Dos vías de cobro
Los pagos se canalizaron por los dos procedimientos de la Ley N° 21.484, sobre Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos:
Procedimiento extraordinario: permite echar mano a los fondos de capitalización individual de las AFP. Concentra la mayor parte del monto, con órdenes por $3,06 billones, y alcanzó a 307.734 representantes legales.
Procedimiento especial: autoriza retener dinero de cuentas bancarias e instrumentos financieros. Suma $822.205 millones en órdenes de pago para 404.400 representantes legales.
Lo que muestra el Registro
Los 141 tribunales con competencia en familia han ordenado 728.700 inscripciones desde noviembre de 2022. De ellas, 376.644 siguen vigentes y 352.056 fueron canceladas. Las causas activas, según el Registro Civil, acumulan hoy una deuda de $54.833 millones en pensiones impagas.
La advertencia de la Corte Suprema
Chevesich sostuvo que el pago oportuno de las pensiones es determinante para que niños, niñas y adolescentes cubran sus necesidades materiales y espirituales desde temprano. Afirmó que la ley va en la dirección correcta, pero que no basta y que se requieren más medidas para proteger sus derechos fundamentales.
La magistrada también reconoció el trabajo de los funcionarios de los tribunales de familia y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Reclamó que el Estado no dispuso los recursos necesarios para esta tarea, que se suma a las demás que han impuesto leyes recientes. Los equipos han asumido, dijo, un importante costo humano.
