Imagínese que el Estado tiene una caja con problemas, que el país acaba de atravesar una crisis de incendios forestales, que el precio de las bencinas acaba de sufrir el alza más grande en décadas y que el gobierno, en ese contexto, decide que es el momento exacto para actuar y… bajarle los impuestos a las grandes empresas.
No es una hipótesis. Es lo que está ocurriendo en Chile.
El gobierno del presidente José Antonio Kast ha presentado una propuesta para reducir gradualmente el llamado impuesto de Primera Categoría —el impuesto que pagan las empresas sobre sus utilidades— desde el 27% actual hasta el 23%. Cuatro puntos. Una rebaja que, según las estimaciones de los propios economistas que asesoraron al gobierno anterior de Sebastián Piñera, le costará al Estado chileno alrededor de US$1.800 millones menos de recaudación al año cuando esté en régimen. Para ponerlo en perspectiva: eso es más que el presupuesto anual completo de varios ministerios.
El argumento oficial es claro: si las empresas pagan menos impuestos, invertirán más, la economía crecerá más rápido, y ese mayor crecimiento generará más recaudación vía otros impuestos, compensando la pérdida. Suena lógico. El problema es que la evidencia dice exactamente lo contrario.
Lo que dice la ciencia económica
El economista Claudio Agostini, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y uno de los especialistas tributarios más reconocidos de Chile, explica el mecanismo con precisión: si se baja la tasa, sí se pierde recaudación; la inversión puede aumentar, el crecimiento puede subir, y eso eleva algo la recaudación, “pero ese aumento en la recaudación final es siempre mucho menor que el que se perdió inicialmente al bajar la tasa”. La conclusión inevitable: el déficit fiscal aumenta. No hay magia.
Agostini ha sido taxativo al respecto: “Sostener que se pueden bajar los impuestos y recaudar lo mismo vía mayor crecimiento es mentira. Es terraplanismo económico”. Y agrega que “lo intentó Reagan en Estados Unidos, lo hizo Thatcher en Reino Unido, y lo que se generó fue déficit fiscal”.
Lo notable es que esta no es solo la posición de economistas de izquierda o centro. Ignacio Briones, exministro de Hacienda del gobierno de Sebastián Piñera y miembro de la Comisión Marfán —el grupo de expertos que el propio gobierno Kast cita para defender la medida—, lo respaldó públicamente: “La rebaja de 1 punto baja el ingreso fiscal en -0,15% del PIB; efecto neto tras crecimiento: -0,1% del PIB. Amortigua, pero no anula”. Dicho en simple: incluso tomando en cuenta todo el crecimiento esperado, el Estado igual pierde plata. Briones mismo concluyó que si se quiere hacer la rebaja, debe hacerse con fuentes de financiamiento alternativas. Fuentes que hasta ahora el gobierno no ha identificado.
José De Gregorio, expresidente del Banco Central y ex ministro de Hacienda de Ricardo Lagos, fue igualmente directo: “Una reducción de impuestos puede llevar a algo más de crecimiento, pero nunca compensa. Está muy lejos de compensar”.
El propio Hacienda lo sabía
Lo más revelador de este debate no viene de los críticos del gobierno. Viene del propio Estado. El 9 de marzo de 2026, el Ministerio de Hacienda —en ese entonces dirigido por la administración saliente— presentó el Informe de Estadísticas Tributarias. Sus conclusiones son demoledoras: por cada punto de reducción del impuesto de Primera Categoría, el 79,1% del beneficio va al 1% de contribuyentes de más altos ingresos. Y el 49,1% va a solo 1.505 personas, que reciben un beneficio promedio de $100,5 millones anuales por cada punto de rebaja.
Léase bien: la mitad del beneficio de esta medida, presentada como una política de reactivación económica general, va a un grupo de 1.505 personas en todo el país.
En el otro extremo, cada persona del 50% de menores ingresos recibe $2.445 anuales por punto de rebaja. La brecha es de 41.089 veces.
Y el mismo informe es explícito en cuanto al fondo: la evidencia empírica muestra que las reducciones del impuesto corporativo sin compensaciones fiscales no se autofinancian. Los estudios sobre la rebaja corporativa en EE.UU. de 2017 —que redujo la tasa de 35% a 21%— muestran que, a pesar de aumentar la inversión doméstica en un 20% en las empresas más beneficiadas, ese aumento de capital solo compensó un 2% del costo fiscal directo.
Dos por ciento. De cada cien dólares que el Estado dejó de recibir, la actividad económica adicional solo devolvió dos.
Una apuesta ideológica disfrazada de técnica
El vicedecano de Economía de la Universidad Central, Dr. Jonathan Hermosilla, lo describe con claridad: estas medidas revelan que la prioridad política del Gobierno es asegurar disciplina fiscal y crecimiento económico vía inversión privada, aunque a costa de una disminución de recaudación que no se compensará con el posible crecimiento, y que puede provocar una disminución de beneficios sociales.
En el Chile de 2026, insistir en que el bienestar vendrá matando de hambre al Estado a través de recortes draconianos del gasto es, para economistas del derecho y la economía política, un anacronismo que ignora que ningún mercado exitoso puede sobrevivir sin los cimientos de un Estado sólido y funcional.
El contexto político hace aún más difícil defender la medida en términos de equidad. La política fiscal del nuevo gobierno combina un alza histórica en el precio de los combustibles —que golpea directamente a sectores medios y bajos— con anuncios de rebajas tributarias a grandes empresas, lo que pone en evidencia la orientación real del modelo económico y sus auténticos beneficiados. El gobierno desactivó el mecanismo MEPCO que amortiguaba los vaivenes del precio del petróleo, dejando que el alza se traspasara íntegramente a las personas. Días después, anunció que les bajaría los impuestos a las grandes corporaciones.
¿Y quién pagará la diferencia?
Aquí está la pregunta que el gobierno no ha respondido con claridad. Agostini lo plantea sin rodeos: “Si el déficit no es muy grande, bajamos gasto, pero hoy estamos en una situación fiscal súper complicada y apretada en que ya hay que bajar gasto con los ingresos que hay. Y ahora vas a perder ingresos y tienes que bajar mucho más gasto, que no sé si es posible. O generar nuevos ingresos. No hay magia”.
La consecuencia práctica ya se anticipa: como habrá menos plata, el resultado es el inicio de una agenda de recortes en políticas sociales. Esto se confirma con el anuncio de limitar la gratuidad universitaria y la rebaja pareja del 3% de presupuesto en todos los ministerios, que alcanza los US$2.600 millones, más otros US$1.000 millones adicionales.
Salud. Educación. Pensiones. Programas sociales. Son las arcas de las que el gobierno deberá extraer los recursos para financiar el regalo tributario a las 1.505 personas más ricas del país.
Lo que dicen los números en bruto
Para que la magnitud quede completamente clara: con cuatro puntos de rebaja, el fisco dejará de percibir en torno a US$1.800 millones al año en régimen. Esa cifra, distribuida entre los 19 millones de chilenos, equivale a que cada habitante del país —incluidos niños, ancianos y personas sin ingresos— aporte anualmente cerca de US$95 para costear este beneficio. El que recibe ese beneficio, en cambio, es fundamentalmente el 1% más rico.
No es un debate abstracto. Es una decisión concreta sobre quién paga y quién recibe.
La evidencia técnica, la historia económica internacional, los propios datos del Ministerio de Hacienda chileno, y el consenso transversal de economistas de todos los sectores políticos apuntan en la misma dirección: esta medida no se paga sola, no genera el crecimiento prometido en el horizonte relevante, y concentra sus beneficios en una fracción minúscula de la población, en el peor momento fiscal posible para el país.
