Lo que debía ser un paso decisivo para el fortalecimiento de la seguridad pública en Chile terminó en un bochorno legislativo de apenas 22 minutos. La Comisión de Hacienda del Senado se vio obligada a suspender una sesión crítica para la tramitación del proyecto de modernización de Carabineros de Chile, luego de que la ministra de Seguridad, Steinert, y su subsecretario, Andrés Jouannet, simplemente no llegaran a la cita.
La cronología del desplante revela una alarmante falta de coordinación en el corazón de la cartera de Seguridad. Tras una primera excusa enviada el lunes, donde la ministra delegaba su representación en Jouannet, un segundo aviso de última hora notificó que el subsecretario tampoco asistiría. Este vacío de autoridad no solo bloqueó el avance de una ley estratégica, sino que encendió las alarmas en todo el espectro político.
Un rechazo transversal: del oficialismo a la oposición
La indignación en Valparaíso no distinguió colores políticos. Javier Macaya (UDI), presidente de la instancia, calificó el episodio de “lamentable”, mientras que desde las propias filas del oficialismo, la senadora Daniella Cicardini (PS) tildó la situación de “vergonzosa”. Para Cicardini, el mensaje enviado es de una profunda “falta de respeto”, no solo hacia la institucionalidad del Congreso, sino hacia los propios funcionarios policiales que esperan por mejoras estructurales.
Por su parte, el senador Rodolfo Carter fue tajante al señalar que este tipo de errores “dinamitan el relato” gubernamental, subrayando que la crisis de postulantes en las escuelas de formación no admite este nivel de “desprolijidad”. La presencia del ministro de la Segpres, José García Ruminot, para ofrecer disculpas a nombre del Ejecutivo, resultó un paliativo insuficiente ante una ausencia que muchos interpretan como una falta de compromiso real con la gestión técnica de la seguridad.
Una reforma en el limbo
El proyecto estancado no es un trámite cualquiera. Se trata de la hoja de ruta para resolver el déficit crítico de personal en Carabineros, proponiendo incentivos al desempeño, una extensión de la carrera policial para retener talentos y nuevas herramientas de gestión interna para optimizar el recurso humano. Sin la presencia de la autoridad de Seguridad para defender y explicar estos cambios financieros y operativos, la modernización queda, una vez más, en pausa.
Crónica de una incongruencia: El vacío entre la promesa y la acción
Este episodio no puede leerse como un simple accidente de agenda. Al analizar la conducta del Ministerio de Seguridad, emerge una contradicción insalvable entre el discurso y la ejecución.
Durante la campaña electoral, la actual administración cimentó su ascenso sobre la crítica feroz a la gestión de seguridad previa, prometiendo que el combate a la delincuencia y el respaldo a las policías serían la “primerísima prioridad”. Se aseguró al electorado que existía un diseño meridiano de las políticas y medidas a implementar desde el primer día.
Sin embargo, la realidad que se vivió ayer en el Senado cuenta una historia distinta. Priorizar una actividad protocolar con la PDI por sobre la discusión legislativa de la ley de modernización más relevante de la década es, a lo menos, una señal de incongruencia política. El Ministerio parece haber olvidado que la seguridad no se gestiona con discursos en actos oficiales, sino con la presencia activa y responsable en las instancias donde se definen los recursos y las estructuras de nuestras policías.
Hoy, el “mensaje” del ministerio es el silencio de una silla vacía; una imagen que dista mucho de la urgencia y claridad que prometieron a un país que sigue esperando soluciones concretas.
