La rebelión de los golpeados por el Fondo E: Piden restituir millonarias pérdidas a meses de jubilar
Recursos contra AFP UNO y AFP Capital buscan fiscalizar si la caída histórica responde a vaivenes del mercado o a fallas en el deber de custodia, sentando un antecedente decisivo para la masa de cotizantes de mayor edad.
La presentación de las primeras acciones de protección constitucional por la severa caída de los ahorros más protegidos del sistema no solo pone en la mira las decisiones financieras de las administradoras, sino que marca la ruta para que la masa de afiliados cercanos al retiro alce la voz y busque reparación legal.
Lo que durante años se vendió como un refugio infranqueable para la recta final de la vida laboral hoy enfrenta su momento más crítico. La acumulación de pérdidas superiores al 10% en el Fondo E durante el transcurso de 2026 encendió las alarmas e impulsó las primeras acciones judiciales que buscan establecer si existió un quiebre en el deber fiduciario de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Los recursos de protección —ingresados formalmente ante las Cortes de Apelaciones de Santiago y Puerto Montt contra AFP Capital y AFP UNO— marcan un precedente inédito en el control de la gestión de riesgos de las administradoras. Sin embargo, la trascendencia de estos libelos va más allá de los casos individuales: representa un llamado de atención y una vía legal que debería masificarse de forma urgente entre los afiliados que se encuentran o se encontraban ad portas de jubilar, la franja de la población que no cuenta con el horizonte de tiempo necesario para recuperar el menoscabo patrimonial infligido.
Cuestionamientos a las maniobras financieras
La acción judicial interpuesta contra AFP UNO por el afiliado Miguel Ángel Gómez califica la conducta de la entidad como una “infracción grave al estándar de deber fiduciario”, al haber ejecutado una política de inversión descrita como “manifiestamente temeraria”. El recurso exige la recomputación y restitución de los montos extraviados por estas decisiones, además de la paralización preventiva de ciertas operaciones en derivados de tasas de interés e instrumentos de renta fija.
Por su parte, el recurso presentado en la capital por Mario Rebolledo contra AFP Capital busca transparentar si los números rojos responden de forma exclusiva a las fluctuaciones macroeconómicas o si obedecen a un incumplimiento de los límites de inversión exigibles a la administradora. Rebolledo enfatiza que resulta indispensable esclarecer si el uso intensivo de derivados y la alta exposición a instrumentos de largo plazo respetaron estrictamente la normativa legal y el deber de cuidado que las AFP le deben a sus clientes.
La urgencia de masificar la exigencia de responsabilidad
El Fondo E está diseñado para albergar los ahorros de quienes están próximos a retirarse del mercado laboral, precisamente para blindarlos ante los vaivenes de los mercados accionarios. Cuando un fondo conservador cae de forma drástica, el daño para un trabajador a meses de jubilarse es irrecuperable en el corto plazo, traduciéndose directamente en pensiones mensuales más bajas de por vida.
Por esta razón, juristas y analistas del sistema coinciden en que estas primeras querellas judiciales no deben ser hechos aislados. La masificación de estas acciones legales por parte de la masa de cotizantes del Fondo E resulta clave para presionar al sistema a transparentar sus estrategias financieras, delimitar la responsabilidad de las administradoras y forzar un estándar de auditoría riguroso que proteja, de manera efectiva, el esfuerzo de toda una vida.
