Sin financiamiento público, sin sede y cercado por la Fiscalía: La implosión del Partido de la Gente
La metamorfosis del espejismo: La crisis del PDG expone las grietas del populismo emergente en Chile
El panorama político chileno no deja de acumular complejidades. A la severa crisis de gestión que arrastra el actual Ejecutivo —un gobierno resentido por deficiencias de instalación y promesas de imposible cumplimiento articuladas bajo giros discursivos y volteretas metodológicas— se suma hoy la acelerada descomposición de las alternativas que pretendían erigirse como la recarga del recambio institucional. En medio del hastío y la confusión de un electorado que en las urnas ha castigado al incumbente movido más por la frustración o el despecho que por la convicción ideológica, el espacio de sustitución ha quedado crecientemente copado por un proyecto tan errático como difuso: el Partido de la Gente (PDG).
La colectividad creada en torno al caudillismo digital de Franco Parisi atraviesa hoy la coyuntura más crítica desde su irrupción en el mapa político. Lejos de la holgura con que pretendió presentarse ante la ciudadanía como una fuerza pragmática y libre de las ataduras de la política tradicional, la realidad administrativa y jurídica del PDG muestra hoy un cuadro de severa precariedad operativa y cerco institucional.
En el plano financiero y formal, el Servicio Electoral (Servel) mantiene congelada la entrega de los aportes públicos que por ley le corresponderían a la colectividad. La razón responde a la reiterada objeción y rechazo de sus rendiciones de cuentas correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024, mientras que el balance del periodo 2025 aún se encuentra bajo el minucioso examen de los fiscalizadores del organismo arbitral. El marco legal vigente establece que, de acumular tres balances rechazados de forma consecutiva, el expediente deberá ser remitido al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), escenario que abre formalmente la puerta a la eventual disolución jurídica del partido.
Esta estrechez presupuestaria ha impactado directamente la infraestructura mínima del partido. A la fecha, la tienda carece de una sede física central o territorial donde coordinar sus funciones operativas; los dirigentes nacionales y parlamentarios han debido volcarse a sesiones mediante videollamada o sostener reuniones de trabajo en cafeterías y recintos informales. Si bien parte de la bancada parlamentaria argumenta que esta condición de precariedad no invalida el peso político que conservan en el Congreso, el contraste entre la retórica de eficiencia gerencial que promovió la colectividad y su imposibilidad de mantener abiertas oficinas básicas resulta insoslayable.
Paralelamente, la dimensión judicial agrega un flanco de alta complejidad. La Fiscalía Centro Norte encabeza una investigación penal orientada a esclarecer presuntas irregularidades vinculadas a la falsificación de firmas para la constitución y mantención de registros, así como el eventual uso indebido de recursos. Entre las causas que indaga el Ministerio Público se persiguen presuntas falsificaciones documentales atribuidas a la exadministración del partido —encabezada en su momento por su expresidente Luis Moreno— con el propósito de acceder indebidamente a caudales públicos. Adicionalmente, las diligencias lideradas por el ente fiscalizador contemplan pesquisas sobre un grupo de dirigentes e integrantes del entorno directo de Parisi por presuntos delitos de fraude y eventuales maniobras de lavado de activos, solicitando levantamientos patrimoniales y revisiones de antecedentes financieros para determinar eventuales responsabilidades penales individuales o corporativas.
Frente al avance del cerco normativo y de la opinión pública, la actual directiva del PDG —encabezada por una presidencia de recambio generacional representada por Denisse Catalán— ha desplegado una estrategia orientada a encapsular la crisis en la gestión de las administraciones pasadas. El diseño oficialista interno busca acotar las anomalías a «errores administrativos» o responsabilidades individuales de antiguos dirigentes, prometiendo reintegrar montos cuestionados —cercanos a los $53 millones— y subsanar las observaciones financieras del Servel antes de que venzan los plazos legales. Sin embargo, analistas del proceso político advierten que el margen de maniobra es estrecho: el costo reputacional acumulado debilita la viabilidad de sus cuadros y condiciona severamente la proyección de sus liderazgos con miras a los próximos ciclos electorales.
Así, el recorrido del PDG sintetiza los dilemas de una época política caracterizada por la volatilidad del voto y el ascenso acelerado de plataformas construidas sobre hiperboles discursivas, promesas de difícil materialización y posturas erráticas. En momentos en que el país requiere con urgencia solvencia institucional, equipos técnicos preparados y proyectos con sustancia para superar las deficiencias de la administración de turno, la principal fuerza que pretendía capitalizar el descontento popular exhibe desorden interno, insolvencia administrativa y serios cuestionamientos en la justicia. El desenlace de sus causas ante el Servel y el Ministerio Público definirá si el Partido de la Gente logra sobrevivir como actor de relevancia o si terminará cerrando su ciclo como un episodio más de la fragmentación y la crisis de representación en Chile.
