Acomodos a costo del Estado: La saga de contrataciones jóvenes sin experiencia que acorrala el discurso ético del Gobierno
El caso del estudiante de 19 años contratado en el Ministerio del Interior se suma a una serie de nombramientos de recién egresados con sueldos sobre el mercado. La ligerezacon que el Ejecutivo valida estos contratos desmonta el relato de austeridad y fiscalización con el que encaró a las administraciones anteriores.
El estándar fiscal y la meritocracia volvieron a tambalear en los pasillos de La Moneda. La revelación de la contratación de Cristóbal Soto —un joven de apenas 19 años, estudiante de primer año de Periodismo— en el Ministerio del Interior con un sueldo de $1,9 millones de pesos (luego de haber iniciado con un honorario superior a los 3,2 millones) encendió un duro debate sobre la coherencia y la arbitrariedad en el gasto público.
La controversia no solo radica en la abultada cifra asignada a labores de “Redes Sociales y Apoyo Comunicacional” para difundir las actividades del Ejecutivo, sino en el evidente contraste entre el discurso utilizado para acceder al poder y la práctica ejercida desde el gobierno. Durante años, voceros del actual oficialismo construyeron su plataforma política sobre la base de fiscalizar y cuestionar severamente la inexperiencia, el favoritismo o los “pitutos” de las administraciones anteriores. Sin embargo, al momento de asumir el control del Estado, la vara de la exigencia parece haberse flexibilizado al punto de validar que un estudiante sin título universitario ni formación concluida reciba ingresos muy por encima de la realidad del mercado laboral chileno.
Explicaciones que agravan el problema
Ante el impacto público de la denuncia, la respuesta oficial de La Moneda estuvo lejos de resolver la inquietud ciudadana. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, salió en defensa de la contratación alabar el «profesionalismo» del estudiante de 19 años, una contradicción conceptual al calificar de «profesional» a quien apenas cursa las materias iniciales de su carrera.
Acorralado por los cuestionamientos transversales que tildan el hecho como un «recreo de práctica pagada a precio de oro», el propio Pavez debió anunciar un posterior «ajuste» y «recomodación» en la renta del joven, confirmando tácitamente el despropósito inicial del monto asignado. La estrategia de control de daños —un reajuste salarial a posteriori y bajo presión mediática— evidencia la falta de criterios objetivos y de un filtro riguroso a la hora de asignar recursos de todos los chilenos.
Un patrón sistemático
El caso de Soto no es un hecho aislado, sino la punta del iceberg de un patrón que comienza a consolidarse. En las últimas semanas se han destapado otros episodios similares, como el de abogadas recién egresadas o tituladas sin trayectoria técnica relevante que desembarcaron en puestos clave de Migraciones o el Ministerio de Justicia con sueldos que superan los 2 y 4 millones de pesos.
Las defensas corporativas y el intento por normalizar asignaciones millonarias a perfiles en etapa formativa minan la credibilidad de la administración. Mientras miles de profesionales graduados y con posgrados enfrentan un mercado laboral precarizado, el Ejecutivo demuestra una preocupante manga ancha para acomodar a jóvenes militantes y colaboradores de campaña en los escalafones más altos de la renta pública. Aquello que ayer se denunció como obsesión moral contra la inexperiencia de los gobiernos pasados, hoy se disfraza en La Moneda de un burdo «profesionalismo» a medida.
