El libreto de la inestabilidad: Cómo la retórica del riesgo utilizada por el embajador de EE.UU. busca disciplinar la política interna chilena

Más allá de la diplomacia formal, las proyecciones de alarma emitidas por Brandon Judd apuntan a generar un cerco de inseguridad colectiva que obligue al Estado chileno a renunciar a su autonomía tecnológica y replegarse bajo el paraguas de seguridad estadounidense.

Hay un momento en que la diplomacia deja de fingir. Ese momento ocurrió el 3 de septiembre en el Foro Madrid, cuando el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, dijo ante un panel de la derecha extrema que el país ya aplica la llamada “Doctrina Donroe” y que, con el Gobierno de José Antonio Kast, ese ejercicio “se vuelve muy fácil”. No fue un exabrupto aislado. Fue la confesión, dicha con la tranquilidad de quien no espera consecuencias, de un diseño que Washington viene ejecutando en Chile y en el resto del continente desde hace más de un año: presión abierta por recursos estratégicos, chantaje diplomático disfrazado de cooperación antinarcóticos, y una batería de etiquetas prefabricadas —la más reciente, vincular el estallido social de 2019 con “organizaciones de izquierda”— que buscan menos describir la realidad que instalar un clima de amenaza permanente.

Un nombre para lo que ya ocurría

La “Doctrina Donroe” —fusión de Donald Trump y James Monroe, acuñada por el New York Post en enero de 2026— no es una metáfora de columnista. Es, según documenta la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el eje explícito de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, que se refiere al continente como “nuestro hemisferio”. A diferencia de la doctrina original de 1823, pensada para frenar a Europa, esta versión tiene un enemigo distinto: China. Y a diferencia también de aquella retórica defensiva, esta se ejecuta con las herramientas del Corolario Roosevelt de 1904: coerción arancelaria, sanciones y despliegue militar directo.

El vehículo operativo de esa doctrina tiene nombre propio: el “Escudo de las Américas”, la coalición lanzada por Trump en marzo en Doral, Florida, con 17 países comprometidos. Su cobertura declarada es el combate al narcotráfico y al crimen organizado. Su letra chica, sin embargo, es harina de otro costal. En agosto, en Panamá, el secretario de Guerra Pete Hegseth exigió ante los ministros de Defensa de la región un aumento “sustancial” del gasto militar, calificando de “absurdo” que países como Chile —que ya destina 1,52% del PIB a Defensa— gasten menos de un punto porcentual. El analista chileno Carlos Gutiérrez lo resume con precisión quirúrgica: bajo el Escudo de las Américas se articulan seguridad, defensa, gasto militar e industria armamentística en un mismo paquete, cuyo resultado es un proyecto de subordinación estratégica que termina fortaleciendo, sobre todo, a los fabricantes de armas estadounidenses.

“No queremos que Chile sea el patio trasero de nadie”, dijo el propio embajador Judd. La frase suena mejor de lo que describe.

El cable que no se pudo tender

Si se necesita un caso de manual, ahí está el cable Chile-China Express: una conexión submarina de fibra óptica de casi 20 mil kilómetros entre Concón y Hong Kong, autorizada por el Ministerio de Transportes el 27 de enero de este año y revocada apenas 48 horas después por supuestos “errores técnicos”. La explicación real llegó por otra vía: Washington revocó las visas de tres funcionarios del entonces Gobierno de Gabriel Boric —el ministro Juan Carlos Muñoz, el subsecretario Claudio Araya y el jefe de gabinete Guillermo Petersen— alegando riesgos de ciberseguridad y espionaje. El propio Boric fue categórico: las amenazas de Estados Unidos habían sido “explícitas”, dijo, e incluían la revocación de visas y la eventual cancelación de la exención de visado para todos los chilenos. Una investigación posterior del New York Times confirmó el patrón: bajo Trump, las visas se han convertido en un instrumento sistemático de presión política sobre gobiernos, jueces, embajadores y periodistas de toda la región.

El libreto y sus fisuras

Lo más revelador de los últimos días, sin embargo, no fue el desafío al proyecto chino sino la secuencia que involucra al propio Judd y el estallido social. El embajador afirmó en CNN Chile que la inteligencia estadounidense mostraba, “categóricamente”, que los disturbios de 2019 habían sido obra de “organizaciones de izquierda”. La Cancillería lo convocó. Y Judd, en cuestión de horas, redujo su afirmación a “fuentes abiertas de información”, reconociendo que la Embajada “no tiene ninguna investigación” ni “ningún documento” sobre ese período. Es la utilización del manual exacto, primero se lanza la etiqueta, con la contundencia de un dato de inteligencia; el respaldo empírico, cuando se le exige, resulta no existir. El objetivo no parece ser informar, sino instalar una narrativa de amenaza —el fantasma del “izquierdismo internacional”— que rentabiliza políticamente a un Gobierno afín.

Ese Gobierno, el de Kast, ha optado por no corregirle la plana a Washington ni una sola vez en lo que va del año. Alineó a Chile con el Escudo de las Américas, firmó una declaración conjunta sobre minerales críticos y tierras raras —el país es una pieza codiciada en la carrera regional por el litio y el cobre, donde Estados Unidos ya ha comprometido más de mil millones de dólares para desplazar a China— y evitó, sistemáticamente, cualquier gesto de distancia crítica. El resultado, hasta ahora, ha sido más bien magro: una sobretasa arancelaria de 12,5% a las exportaciones chilenas, incluido el sector salmonero, que ni la cercanía ideológica con la Casa Blanca logró evitar y que evidenció la total falta de comprensión por parte del equipo de política exterior de Kast acerca de los códigos que maneja la Casa Blanca.

La reincidencia: el peligro inminente como argumento

El episodio no se cerró con el desmentido ante la Cancillería. El canciller Francisco Pérez Mackenna fue inusualmente directo al describir esa reunión: “los embajadores ya no deben opinar sobre la política interna” de los países donde están acreditados, dijo, y precisó que ese mensaje ya se le había transmitido a Judd “en varias oportunidades”. La frase del canciller —“varias oportunidades”— es, en sí misma, un dato: no fue un exceso puntual, sino una conducta reiterada que la diplomacia chilena ya venía intentando frenar, sin éxito.

Apenas un día después de esa reprimenda pública, Judd reapareció en una entrevista con El Mercurio y, en lugar de moderar el tono, lo escaló. Consultado sobre si considera a Chile vulnerable frente al crimen organizado, respondió sin matices: “en este momento, absolutamente”. Argumentó que, así como el narcotráfico pierde terreno en Colombia, Venezuela y Ecuador, buscará nuevas plazas —y que Chile es candidato. De ese diagnóstico no derivó una recomendación puntual de cooperación, sino la validación en bloque del Escudo de las Américas como si fuera la única salida disponible: “creo que programas como el Escudo de las Américas está en el mejor interés de Chile”, sostuvo. Es el mecanismo que este editorial viene describiendo, ahora ejecutado sin rodeos: primero se instala la sensación de amenaza inminente, después se ofrece —como única respuesta razonable— la arquitectura que Washington ya tenía diseñada de antemano.

“Para Estados Unidos, la diplomacia ya no es lo mismo que solía ser”, dijo Judd. Ya no hay apretones de manos: hay objetivos que cumplir.

Más revelador aún fue el giro semántico con que el propio embajador reclamó para sí la definición de su doctrina. Consultado directamente si lo que describe es la “Doctrina Donroe”, Judd respondió que esta “se aplicará de forma diferente a cada país” y la redefinió como un ejercicio de autopreservación compartida: “Chile debe mirarse a sí mismo primero, al igual que Estados Unidos (…) Eso es la Doctrina Donroe”. La vuelta de tuerca es elocuente: lo que la evidencia acumulada —el cable cancelado, las visas revocadas, la presión por gasto militar— describe como una jerarquía en la que Washington decide qué es “primero” para los demás, el embajador lo presenta como una simple coincidencia de intereses soberanos. Y hay una frase final, dicha casi al pasar cuando se le preguntó si no estaba presionando en exceso a las autoridades chilenas en medio de la disputa arancelaria, que resume mejor que cualquier análisis externo el espíritu del método: la diplomacia estadounidense, dijo Judd, “ya no es lo mismo que solía ser”; ya no se trata de que los diplomáticos vayan “a fiestas” y estrechen manos, sino de “lograr metas”, y eso exige, en sus palabras, “conversaciones directas y francas”. Traducido: la presión explícita no es un exceso ocasional que la Embajada deba disculpar. Es, por confesión propia, el método.

Lo que está en juego

Ningún análisis serio sostiene que el narcotráfico y el crimen organizado transnacional no sean problemas reales que ameritan cooperación internacional. El punto no es ese. El punto es que la arquitectura que Washington ha montado bajo el paraguas de esa cooperación —presión sobre infraestructura crítica, exigencia de gasto militar, disputa por recursos estratégicos y, ahora, etiquetas político-ideológicas sin sustento verificable— excede largamente esa cobertura declarada. En ese contexto el Escudo de las Américas corre el riesgo de ser, más que un instrumento de seguridad, una franquicia política para exportar hacia el sur una marca ideológica determinada, con el beneplácito de gobiernos dispuestos a no cuestionarla.

Que un embajador extranjero celebre en un foro internacional lo “fácil” que le resulta operar en Chile no es un detalle de protocolo. Es una medida exacta de cuánto margen de maniobra soberana ha cedido el país. Y si esa es la doctrina, conviene llamarla por su nombre en cada intervención, en cada declaración sin respaldo y en cada presión disfrazada de alianza —no después, cuando ya no quede mucho que defender.