Ligereza con sello diplomático: Brandon Judd, la crisis del estallido y un patrón que se repite
El affaire por sus dichos sobre 2019 vuelve a instalar al embajador de Estados Unidos en el centro de la polémica, en la misma línea de roces previos con La Moneda por sus críticas a Boric, la disputa arancelaria y sus imputaciones sobre presuntos ciberataques.
El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, protagonizó este miércoles un nuevo episodio de la controversia que él mismo generó días atrás, cuando afirmó tener información de inteligencia que vinculaba de manera categórica a organizaciones de izquierda con los hechos del estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019. Convocado por la Cancillería para entregar esos antecedentes, el diplomático terminó por desdecirse en varios de sus puntos centrales, en una comparecencia que dejó más preguntas que certezas sobre el origen real de sus declaraciones.
La secuencia había comenzado en una entrevista con CNN Chile, donde Judd sostuvo, sin matices, que “nuestra inteligencia nos dice categóricamente que provino de organizaciones de izquierda”. La frase, pronunciada con la contundencia de quien exhibe prueba documental, bastó para que el Ministerio de Relaciones Exteriores lo citara formalmente y le exigiera precisar el origen y el contenido de esa supuesta inteligencia.
EL VUELCO: DE LA CERTEZA A LA AMBIGÜEDAD
Tras reunirse con el canciller Francisco Pérez Mackenna, el tono del embajador cambió de manera notoria. Judd reconoció que la Embajada de Estados Unidos “no tiene ninguna investigación” ni documento alguno sobre el estallido de 2019, y precisó que su país nunca envió investigadores a Chile ni lo hará sin ser invitado por el Gobierno chileno. La afirmación contrasta abiertamente con la seguridad categórica exhibida solo un día antes.
“No tenemos nada específico sobre personas individuales específicas; no tenemos nada específico sobre grupos.”
El diplomático explicó que lo que su país hizo fue “revisar e investigar la información que salía de Chile”, y que la fuente de sus dichos fue un análisis basado en reportes de actores políticos, académicos y la propia policía chilena —es decir, la misma información pública a la que cualquier medio o ciudadano podría acceder—. En sus palabras, Washington “solo recibió la información que fue recopilada aquí mediante fuentes abiertas”. El contraste entre el verbo “categóricamente” usado en su primera versión y el reconocimiento posterior de que se trató de fuentes abiertas sin nombres ni pruebas específicas es, precisamente, el corazón de la controversia.
RESPALDO A ROGERS Y UN GIRO HACIA BOLIVIA
Pese a matizar el origen de la información, Judd no se retractó del fondo de la acusación: respaldó los dichos de la subsecretaria de Diplomacia de Estados Unidos, Sara Rogers, quien en el Foro Madrid sostuvo que los incidentes de 2019 fueron obra de fuerzas de izquierda, calificando esa afirmación como “basada en hechos”. Acto seguido, el embajador amplió el eje de su discurso hacia la coyuntura boliviana, denunciando un supuesto “aumento de la violencia de izquierda para intentar derrocar gobiernos debidamente electos” en la región, en una intervención que excede largamente el mandato informativo de un jefe de misión diplomática.
CUESTIONADO DESDE EL PROPIO SISTEMA POLÍTICO
Las reacciones no se hicieron esperar. Voces de gobierno y oposición pidieron pruebas concretas y advirtieron sobre los riesgos de que un embajador extranjero emita juicios categóricos sobre la historia política reciente de Chile sin sustento verificable. El propio Judd admitió que no ha entregado esa información a la justicia chilena y que, hasta donde tiene conocimiento, tampoco existe una solicitud formal del Gobierno para acceder a esos antecedentes: una confesión que desnuda la distancia entre la solidez con que formuló su acusación inicial y la fragilidad real de lo que puede respaldarla.
UN PATRÓN, NO UN INCIDENTE AISLADO
Lo ocurrido esta semana no es un hecho excepcional en la gestión de Brandon Judd en Chile. Desde su llegada al país, el diplomático ha acumulado una seguidilla de episodios que revelan una inédita liviandad en el manejo de su investidura: cuestionó públicamente al Presidente Gabriel Boric por sus críticas a Donald Trump, lo que motivó una nota de protesta formal del Gobierno por declaraciones calificadas de “inapropiadas y desafortunadas”; en plena crisis arancelaria, salió a confrontar directamente a ministros de Estado por sus declaraciones sobre los aranceles impuestos por Washington; y meses después, La Moneda debió tildar de “absolutamente inaceptables” sus imputaciones sobre presuntos ciberataques vinculados a funcionarios de gobierno, en el marco de la cancelación de visas a autoridades chilenas.
El propio excanciller Juan Gabriel Valdés lo resumió con precisión: el embajador estadounidense “debe entender que no forma parte del debate político chileno”, subrayando que no se trata de un hecho aislado, sino de un patrón de intervenciones que exceden las atribuciones propias del cargo. El affaire del estallido social confirma esa lectura: un diplomático que lanza afirmaciones categóricas sobre asuntos internos sensibles y que, cuando se le exige sustento, termina reconociendo que no tiene nada específico que ofrecer.
LA LECTURA DE FONDO
Más allá del episodio puntual, lo que queda expuesto es un problema de método: la disposición a instalar juicios de enorme peso político —como atribuir el estallido social a una operación organizada de la izquierda— apoyándose en fuentes abiertas y análisis de segunda mano, para luego retroceder ante la primera exigencia de pruebas. Ese patrón, sumado a los roces reiterados con La Moneda desde su llegada a Chile, plantea una pregunta que trasciende el caso puntual: cuánto margen de credibilidad le queda a un embajador cuyas afirmaciones más contundentes suelen desinflarse apenas se les pide sustento.
