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Del discurso de expulsión a las planillas del Fisco: Gobierno contrata a activista venezolana en Hacienda con sueldo de hasta $5,6 millones

Mientras la prometida deportación masiva de 300 mil extranjeros quedó trunca alimentando el sesgo de aumento migratorio, la incorporación de Lucy Depablos como jefa de Comunicaciones en el Servicio Civil despierta severos cuestionamientos por falta de título profesional y abultados honorarios estatales.

La distancia entre la retórica electoral y el ejercicio del poder suele dejar flancos expuestos, pero en materia de gestión migratoria, la brecha adquiere matices de alto contraste para el Ejecutivo. Luego de un discurso de campaña centrado en la mano dura y en la recordada —y a la postre fallida— promesa de expulsar a más de 300 mil inmigrantes en situación irregular, el fenómeno migratorio no solo ha mantenido su percepción de incremento en las calles, sino que la política pública hacia la comunidad extranjera ha sumado una imprevista paradoja: la incorporación de al menos una activista migrante de alta visibilidad política en el propio aparato presupuestario del Estado.

El caso emblemático gira en torno a Lucy Depablos, politóloga de origen venezolano y conocida referente del conservadurismo internacional, quien desde marzo ingresó como personal a contrata del Servicio Civil —organismo dependiente del Ministerio de Hacienda— para liderar la Jefatura de Comunicaciones y Participación Ciudadana.

Sueldos de alta dirección y lagunas de acreditación profesional

Registros de la plataforma de Transparencia Activa detallan fluctuaciones remuneracionales que han encendido las alarmas internas en la repartición pública. Si bien entre mayo y julio los ingresos ordinarios de la funcionaria promediaron los $2,2 millones de pesos brutos, en junio su liquidación alcanzó un tope impositivo de $5.674.752 brutos.

Las aprensiones formales apuntan a la idoneidad y respaldo académico exigido habitualmente para la jefatura de un departamento de comunicaciones estatal:

En las fichas públicas del organismo no figura un título profesional homologado ni certificado de periodista.

La justificación curricular se valida únicamente bajo el rótulo genérico de «más de cinco años de experiencia en comunicaciones institucionales, comunicación estratégica y gestión municipal».

Trayectoria cruzada y fricciones del bloque oficialista
Depablos no es una figura ajena al mapa político criollo. Presidenta de la Fundación LIP (Liderazgo, Interacción y Proyección) y activa panelista radial, cobró relevancia durante el proceso constituyente de 2022 como vocera del movimiento de migrantes por la opción Rechazo. Tras desempeñarse en la rama de Asuntos Internacionales de las Juventudes UDI y colaborar en municipios como Lo Barnechea, en los últimos años tejió cercanía operativa con despliegues de campaña del Partido Republicano.

Frente a la controversia generada por los abultados honorarios en plena época de estrechez fiscal, desde la bancada de la UDI aclararon que la profesional no milita en sus filas y que su participación orgánica cesó entre 2023 y 2024. En tanto, desde el Partido Republicano descartaron cualquier responsabilidad en la designación estatal, matizando que los registros fotográficos en redes obedecen a actividades abiertas donde simpatizantes se toman imágenes con sus referentes.

Un patrón de contratación bajo escrutinio

Este hallazgo no resulta aislado. Se suma a otros nombramientos recientes en reparticiones como el Ministerio del Interior y la Avanzada Presidencial, donde jóvenes sin titulación terminada o recién egresados han accedido a asignaciones presupuestarias elevadas para labores de gestión y asesoría comunicacional.

El contraste final golpea la línea flotante de la narrativa gubernamental: mientras el compromiso de expulsiones masivas de 300 mil indocumentados quedó entrampado en la inoperancia operativa —profundizando en la ciudadanía la percepción de un flujo migratorio descontrolado—, el Fisco abre sus arcas para financiar puestos clave y salarios millonarios a perfiles de activismo político extranjero.

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