Otro grave error de diseño en La Moneda: Gobierno retira de Contraloría reglamento que amenazaba con destituir alcaldes por decreto
Desde la UDI hasta el Frente Amplio rechazaron en bloque la propuesta de Interior por saltarse el Congreso y exigir requisitos desproporcionados. La Moneda atribuyó el bochorno a una «sobreinterpretación» para maquillar el retiro de la norma.
Un nuevo y costoso traspié administrativo y político sacudió las dependencias de La Moneda. Lo que estaba pensado como el paso reglamentario para poner en marcha la nueva Ley de Seguridad Municipal terminó transformándose en un severo autogol institucional: el Ejecutivo debió retirar de la Contraloría General de la República el decreto supremo recién ingresado, luego de gatillar el rechazo unánime y la indignación de los jefes comunales de todo el país.
El foco del conflicto se encendió en las letras chicas del texto normativo enviado el 2 de septiembre al ente contralor. La propuesta gubernamental establecía que cualquier infracción o falta de fiscalización en la verificación de requisitos para nombrar directores o inspectores de seguridad comunal gatillaría sanciones administrativas que, en el caso del alcalde, podrían escalar hasta configurar la causal de destitución por «notable abandono de deberes» (artículo 60 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades).
La respuesta de los gobiernos locales fue inmediata y categórica. Desde alcaldes de oposición como Tomás Vodanovic (Maipú) y Karina Delfino (Quinta Normal), hasta figuras del oficialismo como Felipe Alessandri (Lo Barnechea), Mario Desbordes (Santiago) y Jaime Bellolio (Providencia), tildaron la medida de «aberración inconstitucional». Los ediles denunciaron que el Ejecutivo pretendía modificar causales de remoción de autoridades electas democráticamente mediante un simple decreto, vulnerando la reserva legal y saltándose al Congreso Nacional. A ello sumaron duras críticas al nivel de exigencia impuesto al personal municipal de seguridad, a quienes se pretendía medir con estándares desproporcionados, equivalentes a Fuerzas Especiales.
El malestar se profundizó ante la total falta de bajada territorial y socialización previa: las asociaciones de municipios acusaron haberse enterado de estas severas disposiciones a través de la prensa. Frente a la inminencia de un rechazo por parte de Contraloría y el escalamiento del conflicto, los intentos del biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, por amortiguar el golpe —atribuyendo la polémica a una «sobreinterpretación» producto de un texto «demasiado detallado»— resultaron estériles.
La crisis forzó una reunión de emergencia en la Subsecretaría de Prevención del Delito encabezada por el subsecretario Gonzalo Guerrero. Tras más de una hora de tensiones, al Gobierno no le quedó más alternativa que ceder a la exigencia municipal, retirar el reglamento del ente fiscalizador y comprometerse a instalar, a partir del próximo lunes, una mesa de trabajo conjunta para rehacer desde cero el articulado.
