Sumisión sin retorno: el costo real de la política exterior de Kast

Del alineamiento incondicional con Washington —premiado con un arancel de 12,5%— a la vacilación frente a Argentina en el Estrecho de Magallanes: el gobierno acumula concesiones sin obtener nada a cambio.

Por décadas, el Ministerio de Relaciones Exteriores fue, dentro del aparato público chileno, una anomalía virtuosa: una institución evaluada consistentemente mejor que el promedio del Estado, con bajos niveles de rechazo ciudadano y un prestigio construido sobre tres pilares — su carácter de política de Estado por sobre el de gobierno, la profesionalización de su carrera diplomática, y su relativa inmunidad a la contingencia política interna. Ese activo, acumulado por administraciones de distinto signo político, se encuentra hoy en un proceso de erosión acelerada. La actual administración ha convertido el frente externo, tradicionalmente un espacio de continuidad y prudencia, en una sucesión de episodios que van desde la subordinación hasta la impericia.

El alineamiento incondicional con Washington

Desde el primer día de gobierno, la nueva administración optó por una alineación explícita e incondicional con Estados Unidos, un giro que rompió con la tradición de equidistancia pragmática que había caracterizado a la diplomacia chilena frente a las grandes potencias. Esa opción, lejos de traducirse en beneficios concretos para el país, ha derivado en una serie de costos políticos y económicos que se acumulan sin que exista, hasta ahora, una contraparte proporcional.

El costo Bachelet

El primer signo visible de esa subordinación fue el rechazo y posterior retiro de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a un cargo de relevancia en Naciones Unidas. Una figura con prestigio internacional consolidado, que representaba una carta de peso para la proyección de Chile en el sistema multilateral, fue sacrificada en un gesto que priorizó la sintonía con Washington por sobre el interés estratégico de contar con una voz chilena de primer nivel en la gobernanza global.

Sanciones, visas y el affaire del cable chino

A ese antecedente se suma el respaldo del gobierno a las sanciones de Estados Unidos contra personeros chilenos —incluido el retiro de visas— a propósito del affaire del cable submarino de origen chino. En lugar de defender la autonomía de las decisiones de política de infraestructura crítica adoptadas por autoridades nacionales, La Moneda optó por validar una represalia extranjera contra sus propios funcionarios, un gesto sin precedentes recientes en la historia diplomática chilena.

La injerencia naturalizada del embajador Judd

El tercer elemento de este cuadro es la extendida complacencia del Ejecutivo frente a las reiteradas injerencias del embajador de Estados Unidos en Chile en asuntos de política interna, económica y de seguridad. Declaraciones y gestiones que en cualquier cancillería de tradición firme habrían merecido, como mínimo, una llamada a consulta o una nota de protesta formal, han sido toleradas sin reacción visible por parte de un gobierno que ha optado por interpretar la sumisión como sinónimo de buena relación bilateral.

La pregunta que el gobierno no ha respondido es sencilla: ¿qué ha obtenido Chile a cambio de una lealtad que no ha exigido reciprocidad alguna?

La recompensa: un arancel del 12,5%

La respuesta a esa pregunta llegó en forma de un aumento arancelario de 12,5% aplicado por Estados Unidos a las exportaciones chilenas, pese al historial de alineamiento incondicional exhibido por el gobierno. El episodio desnuda la lógica transaccional de Washington frente a un socio que renunció, sin condiciones, a su margen de negociación: la subordinación política no se tradujo en ningún trato preferencial en el terreno comercial, que es, en definitiva, el ámbito donde se mide el verdadero peso de una relación bilateral.

Otros frentes fallidos

El deterioro no se limita al eje con Washington. El anuncio del presidente Kast de un supuesto corredor humanitario o migratorio para la expulsión de inmigrantes fue rechazado por Perú apenas horas después de que el propio mandatario visitara ese país, en un episodio que expuso una descoordinación básica entre el anuncio presidencial y la gestión diplomática previa necesaria para sostenerlo. A ese traspié se agregan las visitas del presidente a figuras como el húngaro Viktor Orbán, gestos que, más allá de su contenido protocolar, envían señales inequívocas sobre las afinidades ideológicas que el mandatario privilegia en su agenda internacional, con el consiguiente costo en términos de posicionamiento de Chile frente a sus socios democráticos tradicionales.

El frente sur: la crisis con Argentina

Si el eje con Estados Unidos exhibe un patrón de sumisión sin contrapartida, el eje con Argentina revela algo más inquietante: una genuina crisis de conducción exterior en un ámbito —la soberanía austral y antártica— donde Chile había mantenido tradicionalmente una postura de firmeza jurídica y bajo perfil político.

Provocaciones normalizadas en el Estrecho de Magallanes

Frente a una clase política y militar argentina históricamente adiestrada en la porfía y la provocación sistemática respecto de los límites australes y antárticos, el gobierno de Kast ha optado por un libreto de apaciguamiento ajeno a la tradición legalista de la Cancillería chilena. Las declaraciones del ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, sobre presuntos «ejercicios y patrullajes combinados» en el Paso Drake y la zona de Magallanes —formuladas para relativizar los graves dichos previos del jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea trasandina, Gustavo Valverde— no son casuales. Responder a este tipo de transgresiones con la fórmula de que se trata de simples «comentarios» o «expresiones generales» es la táctica habitual de Buenos Aires para ensanchar el margen de duda sobre espacios de soberanía exclusiva chilena, normalizando de a poco la idea de una co-administración de hecho sobre el Estrecho de Magallanes y sus proyecciones australes.

Esa porfía se alimenta del desconocimiento —o la tergiversación soterrada— del Tratado de Paz y Amistad de 1984 y de la delimitación estricta de las aguas interiores chilenas. Argentina prueba constantemente la elasticidad de los límites para medir la temperatura política de La Moneda, y la respuesta que ha encontrado en el actual gobierno es una vacilación desconcertante.

La tibieza de la Cancillería y el desorden del Gabinete

De la Cancillería, ni hablar: su silencio ha sido la norma antes que la excepción. La reacción del ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, limitada a un tibio «vamos a estudiar el tema atentamente» frente a los dichos de su par argentino, se suma a las respuestas cruzadas del propio Gabinete, donde el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, ha llamado a apurar el «borrón y cuenta nueva». Ese contraste refleja un desorden institucional y una alarmante falta de coraje político: ¿qué hay que «estudiar» cuando un ministro extranjero atribuye a sus Fuerzas Armadas operaciones u operaciones soberanas no pactadas en aguas bajo jurisdicción chilena? Esta inacción no es prudencia; es sumisión diplomática.

Kast prometió, en campaña, una defensa irrestricta de la soberanía y la integridad territorial. En la práctica, ha exhibido una preocupante falta de temple frente a su par argentino. En lugar de sentar protestas formales y enérgicas que dejen inexpugnable el estatus jurídico del Estrecho de Magallanes y las proyecciones antárticas, el gobierno ha preferido el silencio cómplice o las aclaraciones a media voz, cediendo el terreno de la diplomacia pública a la vocería de Buenos Aires.

La declaración conjunta que indispuso a Londres

Un capítulo más grave aún, y de alcance no solo defensivo sino de alineación geopolítica, fue la firma por parte de José Antonio Kast de una declaración conjunta con Argentina que suscribe compromisos que rozan la injerencia y el cuestionamiento del statu quo en el Atlántico Sur. Ese documento —del que la diplomacia argentina ya extrae un rédito propagandístico considerable— indispone gravemente a Chile frente a un socio estratégico histórico como el Reino Unido, con el que el país ha mantenido tradicionalmente una postura pragmática, neutral y constructiva respecto del diferendo de las islas Malvinas (Falkland), sostenida sobre una cooperación sólida en defensa, logística antártica, inteligencia y comercio. Al ceder ante la presión de la Casa Rosada y estampar una firma gratuita e innecesaria en un texto que alinea a Chile con el revisionismo trasandino, la administración de Kast ha hipotecado la credibilidad del país como actor internacional predecible y autónomo.

El papelón del embajador chileno en Buenos Aires

Para rematar este escenario, las intervenciones del embajador de Chile en Argentina traspasaron todo límite de pertinencia y etiqueta diplomática. Que un representante del Estado chileno sugiera públicamente cuál debería ser la «actitud o sensibilidad» que los propios ciudadanos chilenos deben adoptar frente al diferendo de las Malvinas no es solo una impertinencia absurda: es una abierta renuncia a la defensa del interés nacional. Un diplomático está para representar los intereses de su Estado, no para actuar como educador moral ni como altavoz de las aspiraciones del país receptor. Las declaraciones de este embajador han sido, en los hechos, de una amateurismo pasmoso y de una torpeza política difícil de calificar. Que el Ministerio de Relaciones Exteriores no lo haya llamado de inmediato a terreno confirma que la desorientación en la Cancillería es total.

La política exterior no tolera la ingenuidad. Frente a un vecino que utiliza la retórica de la «hermandad» para consolidar ventajas estratégicas permanentes, la sumisión del gobierno de Kast debilita la posición de Chile en el Cono Sur.

La suma de estos episodios —el alineamiento sin contrapartida con Washington, el sacrificio de Bachelet, la validación de sanciones contra funcionarios propios, la tolerancia a la injerencia del embajador estadounidense, el arancel del 12,5% como respuesta a tanta lealtad, el papelón del corredor migratorio en Perú, el guiño a Orbán, y sobre todo la vacilación frente a Argentina en un asunto tan sensible como la soberanía austral y antártica, coronada por la torpeza de su propio embajador en Buenos Aires— configura algo más que una serie de errores puntuales. Configura un patrón. Si La Moneda no corrige el rumbo con prontitud —exigiendo rectificaciones categóricas a Argentina, resguardando la independencia de su agenda internacional y removiendo las vocerías incompetentes en sus embajadas—, el costo no será un simple mal rato mediático, sino una mella difícil de reparar en la soberanía y la credibilidad de la política exterior chilena.