Escudo de Las Américas: Washington frena a la Justicia boliviana, acusa de corrupción al fiscal general Roger Mariaca y le revoca la visa
Estados Unidos incluyó al máximo representante del Ministerio Público de Bolivia en una nómina de autoridades sancionadas de América Latina por presunta corrupción y vínculos con el narcotráfico, en pleno contexto de la iniciativa del «Escudo de las Américas» impulsada por Donald Trump
El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó la visa de ingreso al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, al señalarlo de participar en hechos graves de corrupción que, según Washington, minan las instituciones democráticas que su país —y sus aliados— pretenden reforzar bajo el marco del «Escudo de las Américas», iniciativa impulsada por Donald Trump y a la que también se adhirió Chile.
Mariaca es el nombre más visible de una lista de autoridades, exautoridades y otras personas de Bolivia, Colombia y Perú a quienes Washington impuso restricciones de entrada al territorio estadounidense por presuntas actividades de corrupción o narcotráfico. Bolivia encabeza la nómina con 14 personas identificadas: 13 funcionarios o exfuncionarios y un empresario, entre ellos el exministro de Justicia Iván Lima y el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero.
La medida fue adoptada al amparo de la Ley de Asignaciones de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores de 2026, que faculta al secretario de Estado a designar públicamente a funcionarios extranjeros —y a sus familiares directos— cuando se disponga de información considerada fidedigna sobre su implicación en corrupción significativa o graves violaciones a los derechos humanos. En consecuencia, el fiscal general y su núcleo familiar quedan impedidos de ingresar a suelo estadounidense.
De acuerdo con la versión oficial de Washington, Mariaca —elegido en 2024 para un periodo de seis años durante la presidencia de Luis Arce— habría utilizado su cargo público para solicitar y aceptar sobornos destinados a facilitar el narcotráfico y a ayudar a delincuentes violentos a eludir la acción de la Justicia. Sin embargo, el comunicado citado no detalla los hechos específicos que sustentan la acusación. «Los funcionarios corruptos —y los criminales a quienes protegen— no son bienvenidos en Estados Unidos», señaló el Departamento de Estado.
Reacción en La Paz. El Gobierno boliviano calificó los señalamientos de «bastante graves» y anunció que solicitará a Washington antecedentes probatorios, mientras el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, instruyó una investigación para determinar si corresponde exigir responsabilidades ante la justicia boliviana. Desde el Legislativo, las autoridades elevaron un pedido similar a la Cancillería y plantearon que Mariaca se aparte de sus funciones mientras se aclaran las acusaciones, aunque con una advertencia matizada: «una denuncia no es una sentencia».
La defensa del fiscal. Mariaca rechazó categóricamente las acusaciones, exigió respeto a la soberanía boliviana y sostuvo que la decisión estadounidense busca «condicionar» o «interferir» en el trabajo del Ministerio Público, argumentando que su trayectoria no puede ser cuestionada sin que los hechos sean esclarecidos por las instancias correspondientes.
