Ocho meses tarde: por qué el gobierno finalmente parece reaccionar ante el precio de los combustibles
Tras un «bencinazo» que ya costó $1,1 billones en Mepco, Kast anuncia un proyecto para limitar a $20 las alzas de bencinas y diésel durante 90 días. La pregunta no es si la medida sirve, sino por qué llegó tan tarde.
Han tenido que pasar ocho meses desde el estallido de precios que los medios bautizaron como el «bencinazo» para que el Ejecutivo parezca tomar conciencia plena de una verdad elemental: el costo de los combustibles no es un dato secundario de la economía, sino un factor determinante que atraviesa el transporte, la producción, la inflación y el bolsillo de cada familia chilena.
Este lunes, el Presidente José Antonio Kast confirmó lo que hasta hace poco parecía un tema postergado: las bencinas y el diésel subirán $40 por litro desde el jueves —el mínimo que permite la legislación vigente— y, al mismo tiempo, anunció el envío al Congreso con «discusión inmediata» de un proyecto de ley para limitar a $20 por litro las eventuales alzas de ambos combustibles durante los próximos 90 días.
La medida busca desacelerar el traspaso de los precios internacionales —el diésel ha subido un 80% desde antes del inicio del conflicto bélico y las gasolinas un 40%— hacia los precios internos, dando tiempo a que los mercados se estabilicen. «Vamos a procurar usar los ahorros y el ordenamiento fiscal que hemos tenido hasta ahora para poder hacer que estas alzas sean aún menores y más pausadas», sostuvo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
El Estado, obligado a entrar en escena
Lo que el anuncio revela, más allá de la cifra, es el reconocimiento de un rol que el gobierno parece haber asumido con retraso: frente a una crisis de precios, el Estado no es un espectador. Entre agosto y octubre, el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) tuvo un impacto fiscal de $1,1 billones —de los cuales $860 mil millones correspondieron a la contención del diésel—, cifra que, según Hacienda, equivale a casi todo el presupuesto anual del Ministerio de Desarrollo Social. Solo esta semana, el impacto fiscal del Mepco alcanza los US$80 millones, y el Fisco subsidia hoy $170 por cada litro de diésel.
El gobierno reconoce sus límites: «No puede controlar los precios internacionales de los combustibles ni anticipar el desenlace del conflicto bélico», señalaron desde Hacienda. Pero también admite —quizás sin decirlo explícitamente— que sí puede usar los instrumentos fiscales disponibles para amortiguar sus efectos. Eso es, precisamente, lo que la nueva iniciativa propone.
La pregunta que sobrevuela, sin embargo, es por qué fue necesario esperar ocho meses y un costo fiscal billonario para que el Ejecutivo articule una respuesta estructural frente a un problema que ya se veía venir. La respuesta —parcial— la entrega el propio gobierno: la incertidumbre geopolítica y la esperanza de una estabilización espontánea de los mercados. Mientras tanto, el factor combustibles siguió pesando sobre la economía sin que el Estado terminara de asumir su papel.
