Tijeretazo de $28 mil millones al Fondo Ricarte Soto desata tormenta política entre el Congreso y el Ejecutivo
La reducción del 14% en la partida para patologías complejas reabre la controversia por los recortes sociales. Oposición tilda el ajuste de «inhumano».
La discusión del Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2027 ha vuelto a colocar en el centro del debate nacional los márgenes y prioridades del gasto público social. En esta oportunidad, las alarmas se encendieron tras detectarse una disminución de $28 mil millones en la partida asignada al Fondo de la Ley N° 20.850, popularmente conocida como Ley Ricarte Soto. Esta normativa, promulgada como un hito de protección financiera universal para diagnósticos, medicamentos y dispositivos de alto valor económico, sufrirá un ajuste a la baja cercano al 14% en comparación con los fondos asignados para el ejercicio presupuestario de 2026.
La propuesta formulada por la administración del Presidente José Antonio Kast establece un aporte fiscal inicial de $166.951 millones para el fondo en 2027, cifra distante de los $189.696 millones contemplados en el año en curso. La rebaja de recursos generó inmediatas reacciones negativas en el Congreso Nacional, donde parlamentarios de diversas bancadas calificaron la medida como contradictoria respecto del compromiso explícito de no afectar los beneficios y garantías de protección social dirigidos a los sectores más vulnerables de la población.
El senador Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, encabezó las críticas señalando que la disminución del presupuesto pone en riesgo la efectividad de las prestaciones para más de 84 mil pacientes que hoy dependen de este instrumento estatal. El legislador calificó la reducción presupuestaria como una decisión extremadamente severa frente a personas que padecen enfermedades complejas y de elevado costo, exigiendo la restitución íntegra de los fondos durante el trámite legislativo en las comisiones mixtas de Presupuesto. A las críticas se sumaron diputados y senadores de distintos sectores, como Iván Flores y Fabián Ossandón, quienes cuestionaron la falta de explicaciones claras por parte de la autoridad sobre cómo se mantendrá la cobertura integral si disminuyen los aportes de origen.
Frente al revuelo generado, la ministra de Salud, May Chomali, desestimó que el recorte presupuestario vaya a derivar en la interrupción o denegación de tratamientos. La secretaria de Estado fue enfática en señalar que la entrega de insumos, fármacos y dispositivos de salud está garantizada por ley para la totalidad de las 27 patologías actualmente contempladas en el catálogo del sistema. De acuerdo con la titular de la cartera, el ajuste responde a aspectos puramente metodológicos y a la necesidad de dotar de sostenibilidad a un mecanismo cuyo número de beneficiarios se ha incrementado sostenidamente con los años. Chomali puntualizó que la normativa establece la obligación legal del Estado de asegurar los tratamientos y que, en caso de que los recursos asignados en la partida inicial resulten insuficientes, el saldo requerido se completará de manera suplementaria durante la ejecución del ejercicio, tal como se ha procedido en ciclos anteriores.
Sin embargo, economistas de la salud y especialistas del sector expresan cautela ante las explicaciones oficiales. De acuerdo con datos técnicos del ramo, la población atendida por la Ley Ricarte Soto experimentó un crecimiento vertiginoso en el último trienio, pasando de cerca de 57 mil beneficiarios registrados en 2023 a más de 75 mil en 2025, hasta bordear los 84 mil usuarios en la actualidad. Asimismo, reportes de ejecución presupuestaria advierten que la totalidad del fondo anual previsto para 2026 ya se encontraba completamente comprometido hacia el mes de agosto de este año, reflejando una demanda estructural que supera con creces el flujo de ingresos permanentes fijado por la ley.
A este escenario de estrechez financiera se suma el congelamiento en la inclusión de nuevos problemas de salud. Desde el año 2021, el sistema no ha incorporado ninguna patología inédita a su nómina de garantías, limitándose únicamente a ampliar de manera puntual las alternativas farmacológicas o de diagnóstico para condiciones que ya formaban parte de la cobertura original.
La Ley Ricarte Soto —bautizada en homenaje póstumo al reconocido periodista Luis Ricarte Soto Gallegos, quien tras ser diagnosticado de cáncer de pulmón lideró una multitudinaria movilización social en 2013 para exigir cobertura estatal a las enfermedades raras y catastróficas— ampara a todos los afiliados del sistema público (Fonasa), de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y de las Fuerzas Armadas y de Orden (Capredena y Dipreca), sin importar su nivel socioeconómico. Entre los 27 problemas de salud cubiertos al 100% destacan el cáncer de mama, la esclerosis múltiple, el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la enfermedad de Crohn, la artritis reumatoide y la diabetes mellitus tipo I mediante el financiamiento de bombas de insulina de última generación.
El desenlace de esta controversia presupuestaria quedará en manos del Congreso Nacional, donde diversas bancadas ya anunciaron que condicionarán la aprobación de la partida de Salud a la reposición de los fondos recortados o a la presentación de un mecanismo formal que otorgue viabilidad financiera de largo plazo a la normativa.
