Las Condes y Tocopilla: las alertas que no bastan y las preguntas sobre la respuesta del Estado
Ocho meses antes del aluvión, Sernageomin ya había advertido sobre el peligro en San Carlos de Apoquindo. La emergencia reabre el debate sobre la prevención, las responsabilidades públicas y las diferencias en la reacción del Estado frente a las catástrofes.
El aluvión que golpeó San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, el jueves 8 de octubre, dejó al descubierto algo más que la fragilidad de la infraestructura frente a precipitaciones intensas. También puso bajo escrutinio la capacidad de las autoridades para anticipar riesgos, ejecutar medidas preventivas y responder con oportunidad cuando la emergencia se materializa.
La gravedad de lo ocurrido tiene un antecedente concreto: en febrero de 2026, ocho meses antes del desastre, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) había advertido sobre el alto peligro de remociones en masa en las quebradas del sector precordillerano.
El informe técnico, entregado al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), recomendaba establecer una mesa técnica permanente, preparar planes de evacuación, definir protocolos de actuación y monitorear sistemáticamente las condiciones meteorológicas capaces de desencadenar nuevos aluviones.
La advertencia no equivalía a una predicción exacta del día, la hora o la magnitud del fenómeno. Sin embargo, identificaba un riesgo concreto y proponía medidas para reducir la exposición de la población. La pregunta que surge ahora es inevitable: ¿qué se hizo efectivamente con esa información y por qué las medidas de prevención no evitaron que el desastre alcanzara semejante magnitud?
Una emergencia que reabre el debate sobre la prevención
El director nacional de Sernageomin, Mauricio Toro, explicó que los reportes técnicos de remociones en masa permiten identificar peligros y formular recomendaciones, aunque no tienen carácter vinculante. La ejecución de obras y otras intervenciones depende de las autoridades territoriales y de los organismos sectoriales competentes.
Esa precisión delimita las responsabilidades, pero no elimina el problema de fondo. Si un organismo especializado identifica un peligro y lo comunica oportunamente, corresponde determinar qué instituciones recibieron los antecedentes, qué decisiones adoptaron, qué intervenciones estaban comprometidas y cuáles seguían pendientes cuando se produjo la emergencia.
La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, ha cuestionado la demora en la instalación de las mallas dinámicas de contención en la Quebrada Honda y la falta de obras de mayor envergadura, como piscinas decantadoras. Desde el Ministerio de Obras Públicas, el biministro Louis de Grange sostuvo que ninguna medida preventiva habría impedido el episodio específico, aunque reconoció que existe un déficit de infraestructura y que las obras requieren estudios, financiamiento y ejecución.
Ambas posiciones deberán contrastarse con los antecedentes técnicos y administrativos. No basta con afirmar, después de una catástrofe, que el fenómeno fue extraordinario o que las obras toman tiempo: es necesario establecer qué riesgos eran conocidos, qué medidas eran factibles y si las decisiones se adoptaron con la diligencia exigible.
La Fiscalía Metropolitana Oriente abrió una investigación para esclarecer las causas del aluvión y eventuales responsabilidades penales. Ese proceso será relevante para distinguir entre las consecuencias inevitables de un fenómeno natural y aquellas que eventualmente pudieron agravarse por deficiencias de infraestructura, mantenimiento o gestión.
La rapidez para declarar zona de catástrofe y el contraste con el norte
La declaración de zona de catástrofe en Las Condes vuelve a poner sobre la mesa una cuestión política e institucional: ¿se aplican los mismos criterios de urgencia y capacidad de respuesta cuando las emergencias afectan a territorios social y económicamente diferentes?
En el caso de Las Condes, el Gobierno dispuso rápidamente la declaración de catástrofe tras el aluvión, habilitando herramientas extraordinarias para enfrentar sus consecuencias. La decisión permitió reforzar la respuesta estatal, mientras los equipos de emergencia trabajaban en la atención de las personas afectadas, la recuperación de la conectividad y la evaluación de los daños.
El contraste con las emergencias que golpean a las comunidades del norte merece una revisión rigurosa. Tocopilla, en la Región de Antofagasta, ha sufrido históricamente las consecuencias de la activación de quebradas, los aluviones y la insuficiencia de obras de mitigación. Sus habitantes han denunciado reiteradamente la persistencia de problemas estructurales y la necesidad de inversiones preventivas.
En ese contexto, la comparación no debería limitarse a contar las horas o los días que transcurren antes de una declaración oficial. También debe examinar cuándo se activaron las alertas, cuándo se dispusieron evacuaciones, qué recursos se movilizaron, qué autoridades estuvieron presentes y qué inversiones preventivas se habían ejecutado antes de la emergencia.
La igualdad ante el Estado no exige respuestas mecánicamente idénticas frente a fenómenos de distinta naturaleza y magnitud. Sí exige que las decisiones se fundamenten en criterios objetivos, que la urgencia se mida por el riesgo para las personas y que ninguna comunidad reciba una protección inferior por su ubicación geográfica, su peso económico o su influencia política.
La pregunta es legítima: si el Estado puede activar rápidamente instrumentos extraordinarios para una emergencia en el sector oriente de Santiago, ¿está haciendo todo lo necesario para anticiparse a los riesgos que amenazan a las comunidades del norte?
Para responderla no bastan las declaraciones políticas. Se necesitan cronologías verificables, expedientes administrativos, antecedentes presupuestarios y evaluaciones independientes.
No se trata solamente de declarar una catástrofe
Una declaración de zona de catástrofe es una herramienta excepcional. Puede facilitar la coordinación institucional y la movilización de recursos, pero no reemplaza las políticas permanentes de prevención ni garantiza, por sí sola, que las comunidades estén protegidas.
El caso de San Carlos de Apoquindo demuestra la importancia de revisar toda la cadena de gestión del riesgo: identificación del peligro, planificación territorial, construcción y mantenimiento de infraestructura, monitoreo meteorológico, protocolos de evacuación, comunicación con la población y respuesta de emergencia.
Si las advertencias técnicas existen, pero las medidas necesarias no se ejecutan a tiempo, el problema supera la capacidad de reacción durante las horas críticas. Se convierte en una cuestión de gestión pública y de rendición de cuentas.
La discusión también debe considerar la falta de sistemas adecuados para monitorear las remociones en masa y las dificultades para anticipar fenómenos que se desarrollan en períodos muy breves. Estas limitaciones pueden explicar parte de la incertidumbre, pero refuerzan la necesidad de invertir en prevención, en lugar de utilizarse como argumento para postergar indefinidamente las soluciones.
Una misma obligación de protección para todo Chile
El aluvión de Las Condes exige respuestas sobre las advertencias formuladas meses antes, las obras pendientes y las decisiones que adoptaron las instituciones responsables. También obliga a revisar si el país dispone de mecanismos suficientes para evitar que las comunidades expuestas deban esperar hasta que ocurra una tragedia para recibir atención prioritaria.
La comparación con Tocopilla introduce una dimensión adicional: la confianza ciudadana depende de que el Estado actúe con criterios consistentes, sin que la capacidad de presión política o económica de un territorio determine la urgencia de la respuesta.
La obligación del Estado no es solamente reaccionar cuando el barro ya ha arrasado viviendas y calles. Es anticiparse cuando el peligro está identificado, ejecutar las medidas que correspondan y garantizar que la protección de las personas tenga el mismo valor en cualquier punto del territorio nacional.
