Nobel de la Paz 2026: Navi Pillay devuelve el foco a la justicia tras la polémica de Trump
Su elección contrasta con la controversia de 2025, cuando la galardonada entregó su medalla al presidente estadounidense
El Comité Nobel Noruego otorgó el Premio de la Paz 2026 a la jurista sudafricana Navi Pillay, de 85 años, en reconocimiento a una trayectoria de cuatro décadas dedicada a la defensa de los derechos humanos y a la construcción de un orden jurídico internacional más amplio e inclusivo. El fallo, anunciado este viernes, destaca que Pillay «con un valor y una integridad excepcionales, ha abierto el camino hacia un orden jurídico mundial más amplio e inclusivo».
Una carrera forjada en Sudáfrica
Nacida en Durban en 1941, Pillay inició su labor jurídica en plena vigencia del apartheid. En 1973 logró que los presos políticos de la cárcel de Robben Island, donde Nelson Mandela cumplió 27 años de condena, obtuvieran acceso a asistencia jurídica. Aquel fallo sentó las bases para que numerosos reclusos, incluido Mandela, pudieran eventualmente recuperar la libertad.
Cuando Mandela ya presidía el país, en 1995, Pillay se convirtió en la primera mujer no blanca en integrar el Tribunal Superior de Sudáfrica. Su nombre quedó así equiparado al de las grandes figuras de la lucha contra el apartheid. Al conocer el Nobel, declaró entre risas: «Esto debe ser una broma. Sus aplausos significan todo para mí. Pero, como abogada y jueza, todavía quiero verificar esto».
Un Nobel que reivindica la seriedad institucional
La elección de Pillay también abre espacio para una reflexión sobre la credibilidad y el significado público del Premio Nobel de la Paz.
La edición de 2025, concedida a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, quedó envuelta en una controversia adicional cuando la galardonada entregó su medalla al presidente estadounidense Donald Trump en enero de 2026, en un gesto asociado a sus esfuerzos por conseguir respaldo para su causa política.
El episodio alimentó las críticas sobre la instrumentalización política de un reconocimiento cuya autoridad simbólica depende, en buena medida, de la independencia del comité que lo concede y del peso de los méritos que fundamentan cada elección.
La controversia instaló una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto un premio concebido para reconocer contribuciones a la paz puede quedar expuesto a las disputas políticas, las estrategias de posicionamiento y los gestos destinados a capitalizar su prestigio?
La designación de Pillay permite observar un contraste evidente. Su trayectoria ofrece un fundamento profesional e institucional identificable: años de trabajo judicial, responsabilidades en organismos multilaterales y contribuciones concretas al desarrollo de normas destinadas a proteger a las víctimas y combatir la impunidad.
Por eso, la decisión de 2026 puede ser percibida como una recuperación de la solemnidad y la densidad institucional del galardón. No porque el comité haya declarado que busca reparar la polémica anterior —no existe fundamento para atribuirle esa intención—, sino porque la elección vuelve a poner en primer plano una trayectoria cuya relación con la justicia y los derechos humanos puede examinarse a partir de antecedentes verificables.
La diferencia es relevante. El prestigio de un premio internacional no depende únicamente de la notoriedad de quien lo recibe, sino de la consistencia entre los principios que proclama y los méritos que reconoce.
Ruanda: hitos que transformaron el derecho penal internacional
Entre 1995 y 2003, Pillay integró el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Allí presidió el proceso contra el exalcalde Jean-Paul Akayesu, condenado en 1998 por genocidio. Ese tribunal estableció por primera vez que la violación y la violencia sexual podían constituir crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio, un avance jurídico en el que la jueza tuvo un papel decisivo. También fue pionera al sentar en el banquillo a un acusado por incitación al genocidio exclusivamente a través de propaganda.
Israel y Palestina: la etapa más controvertida
Entre 2021 y 2025, Pillay presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, que concluyó que Israel cometió genocidio en Gaza. «Las atrocidades cometidas por una parte no justifican las cometidas por la otra», resumió la jueza. La Corte Internacional de Justicia aún no se ha pronunciado sobre esas acusaciones, mientras que la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por el uso del hambre como arma de guerra, entre otros cargos. Las investigaciones sobre Palestina y Afganistán motivaron sanciones de Estados Unidos contra jueces y fiscales de la CPI.
Reacciones contrapuestas
El Ministerio de Asuntos Exteriores palestino celebró el galardón y afirmó que «amplifica la voz de la verdad y de los oprimidos», subrayando que Pillay «ha dedicado su vida a defender la primacía del derecho como piedra angular del orden internacional». La cartera destacó su labor al frente de la comisión sobre Palestina y concluyó que «no puede haber una paz duradera sin justicia e igualdad para todos».
En contraste, la oficina de Netanyahu acusó al Comité Nobel de haber «perdido su brújula moral» al premiar a «una fanática que construyó su carrera inventando y propagando libelos de sangre contra el único Estado judío». El Ministerio de Exteriores israelí sostuvo que el comité premió «la mayor mentira del siglo XXI».
Pillay fue además Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014 y presidió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda entre 1999 y 2003. El Comité Nobel subrayó que su trabajo ha exigido responsabilidades a los Estados y sus dirigentes, llevando esperanza a las víctimas de la violencia y los conflictos.
