«Con la independencia en juego»: Fiscal Nacional advierte que el Presupuesto 2027 abre la puerta a pautear a órganos autónomos
Ángel Valencia acusa glosas inconstitucionales que darían a Hacienda y Dipres poder de veto sobre el gasto de Fiscalía, Servel y Contraloría, y exige más recursos para la Ley de Fortalecimiento y la Fiscalía Supraterritorial.
Una alerta de carácter institucional encendió este viernes el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, tras sostener una reunión en La Moneda con el vicepresidente Claudio Alvarado, en el marco de la tramitación del proyecto de Ley de Presupuesto 2027.
En el encuentro —al que también asistieron fiscales regionales—, Valencia planteó dos frentes de preocupación: por una parte, los montos destinados al Ministerio Público; por otra, un conjunto de normas que, a su juicio, comprometerían la autonomía constitucional de la Fiscalía y de otros dos organismos independientes: el Servicio Electoral (Servel) y la Contraloría General de la República.
Sobre los recursos, el fiscal nacional solicitó suplementar las partidas para implementar la Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público —que contempla un incremento de fiscales en todo el país—, además de cuestionar el financiamiento del segundo año de la Fiscalía Supraterritorial, cuyo monto propuesto por Hacienda sería inferior al aprobado por el Congreso. También reclamó por los fondos destinados a equipos contra el crimen organizado (ECOH) y a las medidas de seguridad para fiscales amenazados.
Pero el punto que Valencia calificó como «un tema de Estado» fue otro. Con el mandato expreso de la Contralora General y de la directora del Servel —organismos que lo habrían encargado para transmitir la inquietud—, advirtió que ciertas glosas del proyecto pretenden otorgarle a la Dirección de Presupuestos (Dipres) atribuciones de control sobre el gasto de órganos constitucionalmente autónomos, algo que, sostuvo, «no es compatible con nuestro ordenamiento constitucional».
El argumento central es claro: informar la ejecución presupuestaria es una obligación legítima, pero el cómo gastan sus fondos las instituciones autónomas es su atribución exclusiva. De aprobarse estas normas, advirtió Valencia, «estamos expuestos al riesgo de que a un órgano constitucionalmente autónomo se le intente pautear, dirigir, influir, presionar por la vía de la autorización o restricción de gasto». Esa presión, remarcó, afectaría directamente la independencia necesaria para perseguir la corrupción y tomar decisiones al margen de los intereses políticos.
Desde el Ejecutivo, el subsecretario Máximo Pávez minimizó el conflicto y calificó la reunión como positiva, asegurando que el proyecto está en una etapa inicial y que el Gobierno busca recibir las inquietudes de todos los órganos autónomos. Valencia, por su parte, valoró un diálogo «franco» y anticipó que la inquietud también será transmitida al ministro de Hacienda y al Congreso, donde finalmente se definirá el destino de las glosas cuestionadas.
