Del aula al Palacio: las “primeras chambas millonarias” salpican a La Moneda y desarman el relato de austeridad
En medio de reconocimientos de «error» y promesas de corrección, la revelación de estudiantes de 19 años y asesorías infladas de hasta $3,7 millones desnuda la costumbre de financiar el aprendizaje de cercanos con fondos del erario público.
La narrativa del mérito, la excelencia profesional y la austeridad presupuestaria ha vuelto a estrellarse contra la nómina de salarios del aparato público. Lo que comenzó como un reclamo puntual por la contratación de un universitario en el Ministerio del Interior ha escalado hasta convertirse en una crisis transversal que toca el corazón del Palacio de La Moneda, dejando al descubierto una práctica recurrente: la instalación de estudiantes en formación y recién egresados —vinculados por redes de cercanía o militancia— en puestos de alta responsabilidad y con honorarios de elite.
El primer eslabón del escándalo se encendió en la cartera de Interior con el caso de Cristóbal Soto, estudiante de Periodismo de 19 años sin grado académico, contratado por $1,9 millones brutos para tareas de gestión en redes sociales. Aunque el biministro Claudio Alvarado y el subsecretario Máximo Pavez catalogaron el hecho como un «error» que sería corregido ajustando la renta a los tramos de austeridad de Hacienda, la promesa de contención fue sobrepasada de inmediato. Casi en paralelo se reveló la contratación de Sofía Pumpin, periodista titulada en 2025, a cargo de la coordinación territorial de las Delegaciones Presidenciales con un sueldo de $2,35 millones, seguida por nombramientos en el área de Migraciones que bordeaban los $2,7 millones para profesionales sin trayectoria.
Sin embargo, el fenómeno encontró su punto cumbre al cruzar los umbrales de la propia Presidencia de la República. Una investigación periodística destapó el caso de Emilio Court, estudiante de cuarto año de Derecho integrado a la avanzada directa del Presidente José Antonio Kast. Bajo la rotulación oficial de «experto» —figura legal reservada para asesorías de alta especialización—, el universitario ha percibido asignaciones mensuales a honorarios que comenzaron en $1,7 millones y escalaron hasta cobros de $3,7 millones brutos.
| Funcionario / Asesor | Calificación / Estatus | Repartición | Asignación / Sueldo |
| Cristóbal Soto | Estudiante de Periodismo (19 años) | Ministerio del Interior | $1,900,000 |
| Sofía Pumpin | Periodista recién titulada (2025) | Delegaciones Presidenciales | $2,350,000 |
| Emilio Court | Estudiante de Derecho (4° año) | Avanzada de Presidencia | $1,700,000 a $3,700,000 («Experto») |
A nivel legal, expertos en derecho administrativo señalan que, si bien el «Instructivo sobre buen uso de los recursos fiscales» permite topes de honorarios de hasta el 12% o 17% de la renta de un subsecretario para perfiles con o sin título, la asignación del rótulo de «experto» a estudiantes universitarios tensiona los límites estéticos y éticos de la normativa. Mientras las autoridades prometen auditorías internas para enmendar las discrepancias, en el plano político la oposición ha reaccionado con dureza, acusando la consolidación de un «gobierno de la primera experiencia millonaria» donde la falta de cuadros técnicos preparados se intenta suplir con blindaje a redes de afinidad.
Esta secuencia de nombramientos fallidos se suma a un escenario ya marcado por una alta rotación en gabinetes y constantes renuncias de Seremis. La proliferación de estudiantes en funciones directivas no solo deteriora la eficiencia operativa del Estado, sino que erosiona la credibilidad de una administración que hizo de la crítica a la «captura política» de los cargos públicos uno de sus principales pilares de campaña.
