Nueva arista en caso Camila Flores: Fiscalía indaga sospechas de cohecho a parlamentarios en la Ley de Notarios
El Ministerio Público abrió una nueva línea investigativa en el caso de la senadora, tras testimonios que acusan pagos del gremio para influir en la redacción de la ley.
Una nueva arista judicial amenaza con sacudir los cimientos del Poder Legislativo y del sistema registral chileno. En el marco de la causa penal que enfrenta la senadora Camila Flores (RN) por presunto fraude al fisco —derivado del supuesto cobro sistemático de porcentajes del sueldo a sus colaboradores, práctica bautizada como la “cuota Flores”—, el Ministerio Público ha comenzado a tirar del hilo de una trama de eventual cohecho e ilícitos asociados al financiamiento de la política durante la tramitación de la Reforma Registral y Notarial.
El detonante de este nuevo flanco según revela El Centro de Investigación Periodística CIPER, radica en las declaraciones judiciales brindadas como imputado por Julio Lillo, exasesor parlamentario de Flores. Según su testimonio ante el ente persecutor, prestado en dos sesiones (abril y junio de 2026), Lillo presenció una escena que, con el tiempo y a la luz de supuestas confidencias del entorno íntimo de la parlamentaria, cobra una gravedad de carácter penal.
Un sobre café al amanecer
De acuerdo al relato de Lillo, los hechos se remontan a la primavera de 2025 (entre septiembre y octubre), en pleno periodo de campaña electoral en el que Flores buscaba dar el salto de la Cámara de Diputados al Senado. El exasesor testificó que, alrededor de las 7:00 de la mañana, mientras se encontraba trabajando en terreno y acudió al departamento de la legisladora, vio estacionarse un vehículo conducido por Carlos Swett, actual conservador de bienes raíces de Concón y en ese entonces presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales.
Según la declaración de Lillo, Swett coordinó la llegada desde su teléfono móvil dentro del automóvil. Segundos después, la parlamentaria descendió del edificio, ingresó al asiento del copiloto y, tras breves minutos de conversación, volvió a salir portando un sobre café. Posteriormente, ingresó al inmueble y regresó poco después sin el paquete para iniciar su agenda pública.
El elemento más sustantivo de la revelación de Lillo no radica únicamente en la observación visual del sobre, sino en la interpretación que de ese hecho habría hecho el entorno de la senadora. El exasesor afirmó ante la Fiscalía haber comentado el episodio con Percy Marín (RN), exconsorte de la parlamentaria. De acuerdo a Lillo, Marín vinculó directamente la escena con las gestiones del gremio notarial en el Congreso: le habría asegurado que el intenso lobby desplegado contra el proyecto de ley implicó la «entrega de dineros a parlamentarios» y que Camila Flores «guardaba dinero en sobres en su closet».
En su segunda comparecencia ante el fiscal, Lillo profundizó sus sospechas, argumentando que en dicha etapa de campaña «todo se pagaba en efectivo: la imprenta, la radio, los brigadistas», y enfatizó que no existía otra explicación lógica para una cita en ese horario entre el líder de los conservadores y una legisladora en ejercicio que integraba la Comisión de Constitución, instancia decisiva en la redacción final de la ley.
La defensa del conservador y el alzamiento bancario
La Fiscalía citó a declarar en calidad de imputado al propio Carlos Swett. El directivo gremial y conservador de Concón reconoció expresamente haberse reunido con Flores en las afueras de su edificio durante los meses citados y confirmó la entrega de un sobre, aunque refutó categóricamente los detalles de hora y, sobre todo, el contenido del empaque.
Swett sostuvo que el encuentro ocurrió más tarde, cerca de las 8:15 de la mañana, y que el sobre no contenía dinero ni aportes de campaña, sino material estrictamente vecinal: «fueron declaraciones juradas de presidentes de juntas de vecinos», aseveró en su testimonio. El conservador negó drásticamente haber entregado fondos en efectivo o mediante transferencias electrónicas a la senadora, a su secretaria parlamentaria Yolanda Olfos o a Percy Marín, ni como persona natural ni a nombre del gremio. Para respaldar sus dichos, Swett puso a disposición del Ministerio Público la apertura y alzamiento voluntario de su secreto bancario.
La actuación legislativa bajo la lupa
El trasfondo institucional que indaga la Fiscalía apunta al rol que desempeñó Flores durante el debate de la reforma que buscaba modernizar el sistema notarial y registral. Como integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y de la posterior Comisión Mixta constituida en enero de 2025, la parlamentaria tuvo una participación activa en el articulado.
Los registros del Congreso dan cuenta de que Flores defendió posturas alineadas con los reparos del gremio: se opuso a que la reforma ignorara la trayectoria profesional para las postulaciones en comunas pequeñas, abogó por mantener las categorías de los oficios y rechazó fijar una edad tope de 75 años para el cese de funciones (proponiendo en su lugar exámenes médicos periódicos). Pese a sus intervenciones, la Ley finalmente aprobó el límite explícito de edad para el retiro de los titulares.
Para reconstruir el proceso legislativo y verificar si existieron presiones o transacciones anómalas, el Ministerio Público ha tomado declaración a otros actores clave, entre ellos al senador Andrés Longton (RN) y a asesores técnicos de la bancada.
La postura de la defensa: querella cruzada e imputaciones de parte
Frente a la gravedad de los antecedentes, la defensa técnica de Camila Flores, encabezada por el abogado penalista Samuel Donoso, desestimó taxativamente las imputaciones. Donoso calificó las afirmaciones de Lillo como «absolutamente falsas» y enfatizó que el exasesor declara en la causa en una condición procesal particular: es imputado —lo que lo exime de la obligación de decir verdad bajo juramento— y al mismo tiempo es querellante, lo que lo convierte en una parte con directo interés en el desenlace del juicio.
Respecto al contenido del sobre entregado por Swett, la defensa argumentó que los antecedentes se resolverán en los tribunales mediante las diligencias en curso y no a través de la prensa. Donoso ratificó la inocencia de Flores y subrayó que la investigación está sujeta a reserva legal, añadiendo que existen inconsistencias que pondrían en duda la veracidad de la versión sustentada por Lillo.
Hasta el momento, los involucrados directos han mantenido reserva ante los medios de comunicación, mientras la Fiscalía avanza en el peritaje de antecedentes financieros y la reconstrucción del circuito de acuerdos detrás de la tramitación notarial.
