Gobierno recorta 30,6% los recursos de Senapred: austeridad fiscal a costa de la prevención de desastres
Mientras Chile enfrenta aluviones y fenómenos meteorológicos extremos, el Ejecutivo propone reducir en $257,9 millones el presupuesto 2027 de un programa clave para preparar a municipios y organismos públicos.
El Gobierno de José Antonio Kast parece decidido a llevar su política de ajuste presupuestario hasta terrenos en los que la prudencia fiscal debería imponerse sobre cualquier dogmatismo ideológico. La propuesta de reducir los recursos destinados a la prevención y gestión de desastres constituye uno de los ejemplos más preocupantes de esta orientación, porque compromete un área esencial para la seguridad de la población y la capacidad del Estado de anticiparse a las emergencias.
Los antecedentes son concretos. El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 contempla asignar $584,3 millones al Programa de Gestión del Riesgo de Desastres del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), frente a los $842,3 millones aprobados originalmente para 2026. La diferencia alcanza los $257,9 millones, equivalente a una disminución nominal del 30,6%.
La medida, además, no aparece de manera aislada. Durante 2026, el Ejecutivo ya había aplicado una reducción de $274,3 millones a ese mismo programa mediante una modificación presupuestaria. Se trata de ajustes presupuestarios distintos, por lo que no corresponde sumarlos y presentarlos como una única rebaja anual; sí permiten advertir, sin embargo, una continuidad en la reducción de los recursos disponibles para estas tareas.
Es importante precisar que las cifras corresponden al Programa de Gestión del Riesgo de Desastres, no al presupuesto total de Senapred. Pero esa distinción contable no elimina la gravedad de la discusión: se trata de recursos destinados a fortalecer la preparación de municipios y organismos públicos, actualizar planes comunales de reducción de riesgos, planificar emergencias y disponer de profesionales especializados.
No son gastos accesorios ni actividades prescindibles. Son parte de la infraestructura institucional que permite reducir la vulnerabilidad de las comunidades antes de que ocurra una tragedia.
Chile no es un país en el que la prevención pueda considerarse un lujo
La geografía chilena debería bastar para entender por qué los recortes en esta materia exigen una justificación especialmente rigurosa.
Chile se encuentra entre los países con mayor exposición a amenazas naturales. Su extensa costa está sometida a la actividad sísmica asociada a la subducción de placas tectónicas y al riesgo de tsunamis. La cordillera de los Andes, sus quebradas y pendientes generan condiciones propicias para aluviones y remociones en masa. A ello se agregan inundaciones, sequías, incendios forestales, erupciones volcánicas y temporales que pueden comprometer viviendas, infraestructura, conectividad y servicios esenciales.
No todas estas amenazas ocurren con la misma frecuencia ni pueden prevenirse de idéntica manera. Pero todas requieren preparación, planificación, coordinación y capacidad de respuesta.
En este escenario, la gestión del riesgo no puede limitarse a desplegar autoridades, equipos de emergencia y recursos una vez que el desastre ya se ha producido. Una parte sustancial de su eficacia depende precisamente de lo que se hace antes: identificar las zonas vulnerables, preparar a las comunidades, actualizar protocolos, realizar simulacros, coordinar a las instituciones y asegurar que existan capacidades profesionales para actuar oportunamente.
Reducir recursos destinados a estas funciones puede debilitar esa preparación. El impacto concreto dependerá de cómo se materialice el recorte y de qué actividades terminen perdiendo financiamiento, pero el riesgo de deteriorar capacidades preventivas no puede descartarse mediante una simple operación contable.
Las emergencias ocurren mientras el Gobierno recorta
La discusión presupuestaria adquiere una dimensión particularmente incómoda por la sucesión de emergencias meteorológicas registradas durante octubre en la Región Metropolitana.
El aluvión ocurrido en el sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, y el sistema frontal que posteriormente afectó a distintas comunas de Santiago, con intensas precipitaciones, granizos, fuertes vientos y tormentas eléctricas, volvieron a poner en evidencia la vulnerabilidad de territorios urbanos frente a fenómenos que pueden alterar rápidamente las condiciones de seguridad.
En este contexto, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, cuestionó públicamente la propuesta del Ejecutivo. Su crítica apuntó a una contradicción difícil de ignorar: mientras el Gobierno presenta las emergencias como una prioridad, propone reducir en casi un tercio los recursos de un programa destinado a fortalecer la preparación ante ellas.
Orrego planteó que el Estado no puede garantizar que nunca ocurrirá un desastre, pero sí debe demostrar que hizo todo lo razonablemente posible para anticiparse, prevenir sus consecuencias y responder adecuadamente.
La observación apunta al núcleo del problema. Las prioridades de una administración no se miden exclusivamente por sus discursos, anuncios o conferencias de prensa. También se reflejan en la distribución efectiva de los recursos públicos.
El costo de ahorrar antes y pagar después
La lógica de un ajuste presupuestario debe considerar mucho más que el ahorro inmediato. En materia de desastres, la evaluación económica necesita incorporar el costo esperado de los daños, las pérdidas humanas, la interrupción de actividades productivas, la destrucción de infraestructura y las necesidades extraordinarias de reconstrucción.
Una inversión preventiva no garantiza que una emergencia pueda evitarse. Su propósito es reducir la probabilidad de ciertos daños, limitar su magnitud y mejorar la capacidad de respuesta.
Cuando esa preparación es insuficiente, las consecuencias pueden multiplicarse: comunidades sin planes adecuados, dificultades de coordinación, evacuaciones más complejas, mayores pérdidas materiales y una recuperación más costosa para el Estado y las familias afectadas.
Por eso, antes de recortar un programa de estas características, el Gobierno debería explicar qué actividades se mantendrán, cuáles se reducirán, qué resultados espera obtener y cómo garantizará que los municipios y organismos públicos con mayores vulnerabilidades no queden desprotegidos.
También debería transparentar si existen evaluaciones técnicas que acrediten que el ajuste propuesto no comprometerá funciones esenciales. Sin esos antecedentes, la rebaja corre el riesgo de convertirse en una decisión guiada por la disponibilidad inmediata de recursos, sin una evaluación suficientemente amplia de sus consecuencias futuras.
La responsabilidad fiscal es necesaria. Pero no equivale a recortar indiscriminadamente, ni a tratar todos los gastos públicos como si tuvieran la misma relevancia social o el mismo impacto sobre la seguridad de las personas.
Cambio climático: cuando la ideología desplaza la evidencia
El debate tampoco puede separarse del contexto climático global.
El calentamiento global está modificando numerosos patrones de riesgo. Sus efectos no son idénticos en todas las regiones ni significan que cada temporal, incendio o inundación pueda atribuirse directamente al cambio climático. Sin embargo, la evidencia científica internacional obliga a incorporar los cambios en las temperaturas, las precipitaciones extremas, las sequías y las condiciones de propagación de incendios en la planificación pública.
En Chile, un territorio que combina megasequía, ecosistemas vulnerables a los incendios, áreas urbanas expuestas a inundaciones y asentamientos emplazados en zonas de riesgo, la adaptación climática y la gestión de desastres deberían formar parte de una estrategia de Estado de largo plazo.
Las decisiones presupuestarias no pueden depender de afinidades políticas ni de la disposición de una administración a reconocer la magnitud del desafío climático. Si existen diferencias ideológicas sobre las políticas ambientales, estas no eximen al Ejecutivo de utilizar la mejor evidencia científica disponible para proteger a la población.
La eventual influencia de fenómenos como El Niño debe analizarse con la misma rigurosidad. Sus efectos dependen de la región, la estación del año y la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas. Por eso, hablar de un supuesto «súper Niño» como un hecho plenamente establecido exige verificar los pronósticos oficiales vigentes. Lo que no admite discusión es que Chile necesita sistemas de vigilancia, alerta temprana y preparación capaces de responder a escenarios meteorológicos adversos, cualquiera sea su causa específica.
Si el Gobierno sostiene una política de austeridad en áreas ambientales o preventivas, tiene la obligación de demostrar que esa orientación no está desplazando la evidencia técnica ni debilitando la capacidad del país para adaptarse a riesgos crecientes.
Un ajuste que exige explicaciones, no consignas
El programa afectado financia acciones que pueden parecer modestas en términos presupuestarios, pero que cumplen una función estratégica: mejorar la preparación institucional y local frente a emergencias.
La rebaja propuesta de $257,9 millones para 2027 podría parecer pequeña frente al presupuesto total del Estado. Sin embargo, el monto agregado no basta para evaluar su importancia. Lo determinante es qué funciones financia, qué capacidades permite sostener y qué consecuencias tendría su reducción.
Ese es precisamente el análisis que el Ejecutivo debería poner sobre la mesa.
¿Se ha calculado el impacto del recorte sobre los planes comunales de emergencia? ¿Qué ocurrirá con la contratación de profesionales especializados? ¿Se mantendrán los recursos para simulacros, preparación territorial y coordinación interinstitucional? ¿Qué mecanismos compensatorios permitirán evitar que las comunas con menos recursos propios queden rezagadas?
Mientras esas preguntas no tengan respuestas claras, presentar el ajuste como una simple medida de eficiencia resulta insuficiente.
La controversia también debería servir para que el Congreso examine la propuesta con criterios de prevención, equidad territorial y responsabilidad fiscal de largo plazo. La tramitación presupuestaria ofrece la oportunidad de corregir, justificar o modificar una decisión cuyos efectos deben medirse por su impacto real en la seguridad pública.
La prevención no puede quedar subordinada al dogmatismo
El Gobierno tiene derecho a definir sus prioridades económicas y a buscar una administración más eficiente de los recursos públicos. Lo que no puede hacer es eludir la obligación de justificar decisiones que afectan funciones esenciales del Estado.
Cuando se trata de salud, educación, protección ambiental o prevención de desastres, los recortes requieren una evaluación especialmente cuidadosa. Son ámbitos en los que una reducción de recursos puede trasladar costos a las familias, a los municipios y a las generaciones futuras, incluso cuando el ahorro inmediato resulte visible en las cuentas fiscales.
En el caso de Senapred, el problema es todavía más evidente: Chile no puede elegir cuándo ocurrirá el próximo terremoto, aluvión, incendio o temporal. Lo que sí puede decidir es cuánto se prepara para enfrentarlo.
Por eso, reducir en 30,6% los recursos de un programa de gestión del riesgo sin una explicación pública suficientemente detallada sobre sus efectos constituye una decisión que merece un cuestionamiento severo. No porque todo recorte sea necesariamente equivocado, sino porque, en un país expuesto a múltiples amenazas, la prevención debe protegerse de los ajustes improvisados y de las consideraciones ideológicas que puedan desplazar la evidencia técnica.
La austeridad no puede transformarse en una política de desprotección. Y la responsabilidad fiscal pierde sentido cuando el ahorro de hoy aumenta innecesariamente la factura humana y económica de mañana.
