El atajo constitucional de Kast desata una crisis de gobernabilidad y expone el tinte autoritario de su agenda de seguridad
Sin respaldo unánime en su propia coalición, con ministros enfrentados en público y severas advertencias de juristas por el uso de blindajes «populistas» contra el Tribunal Constitucional, la reforma «Pro Seguridad» ingresa al Senado aislada y convertida en el mayor traspié político del Ejecutivo.
A solo días de ingresar al Senado con suma urgencia, la reforma constitucional “Pro Seguridad” —columna vertebral de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) impulsada por el presidente José Antonio Kast— enfrenta un rechazo transversal e inédito. Lejos de consolidarse como un hito de gobernabilidad, el intento de reabrir la Constitución de 1980 ha abierto una profunda crisis política, exponiendo graves grietas en la coalición oficialista, disputas públicas en el gabinete e impugnaciones severas por parte de juristas que califican la iniciativa como un ejercicio de “populismo autoritario”.
Un articulado draconiano que roza la inconstitucionalidad
El proyecto gubernamental contempla once modificaciones a la Carta Fundamental. Entre sus puntos más controvertidos destacan la creación de un nuevo estado de excepción constitucional para desplegar a las Fuerzas Armadas en labores de control perimetral, un registro de organizaciones criminales bajo control directo del Ejecutivo y regímenes penitenciarios diferenciados.
Sin embargo, el núcleo de la polémica radica en la inhabilitación a personas condenadas por crimen organizado, terrorismo o narcotráfico para acceder a prestaciones de salud, educación, trabajo y seguridad social financiadas por el Estado —los numerales 9°, 10°, 16° y 18° del artículo 19 de la Constitución— durante su condena y hasta quince años después de cumplida. La norma impone además la pérdida inmediata de beneficios vigentes y la inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos.
Para blindar estas restricciones ante eventuales impugnaciones, el Gobierno incorporó una cláusula sin precedentes: una declaración dentro del propio texto constitucional que dictamina de forma anticipada que estas medidas “no serán consideradas arbitrarias” ni afectarán los derechos “en su esencia”. Esta maniobra busca explícitamente maniatar al Tribunal Constitucional (TC) tras reveses judiciales anteriores del Ejecutivo.
Alerta técnica y política: “Populismo autoritario”
La respuesta del mundo académico y legal ha sido categórica. El jurista Javier Couso advirtió que alterar el parámetro de la justicia constitucional para eludir fallos adversos evidencia una lógica propia del “populismo autoritario” sin límite institucional claro, trazando paralelos con las reformas judiciales impulsadas por Andrés Manuel López Obrador en México. Asimismo, evidenció la arbitrariedad del proyecto al castigar con la pérdida de derechos sociales a condenados por crimen organizado, mientras excluye a autores de delitos de extrema gravedad como la agresión o homicidio de menores.
Desde una perspectiva técnica e institucional, el exministro de Seguridad Pública Luis Cordero cuestionó la pertinencia de constitucionalizar herramientas de política pública cuando la Carta Magna vigente ya entrega facultades suficientes. Reabrir la discusión de derechos fundamentales implica, a su juicio, reactivar de manera imprudente los consensos fallidos de los procesos constituyentes recientes.
Fractura en el gabinete y desbandada en la coalición
La incoherencia del proyecto detonó un enfrentamiento público dentro de La Moneda. La ministra de Salud, May Chomalí, alertó que la pérdida de prestaciones entra en colisión directa con la Ley de Urgencias y el derecho primordial a la salud. Como respuesta, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, desestimó los reparos reduciendo la salud, la educación y las pensiones a “derechos sociales de segunda generación” rescindibles para delincuentes. La exhibición de esta fractura expuso una desorganización interna que crispó a la propia base de gobierno.
En el Congreso, la coalición oficialista dista de alinearse tras el Presidente. El timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, rechazó reformar la Constitución en estas condiciones por estimar que erosiona la institucionalidad del país, mientras que parlamentarios como Iván Moreira (UDI) o Mauro González (RN) han pedido distancia y prudencia. Salvo por el respaldo del partido Republicano, la retaguardia legislativa de Kast luce fragmentada.
En tanto, desde la oposición, voceros del Frente Amplio y del Partido Socialista han catalogado la medida como «parafernalia comunicacional» y una disputa ideológica. Señalan que la agenda de seguridad real exige fortalecer el levantamiento del secreto bancario, perseguir el lavado de activos y dotar de recursos a la gestión policial en terreno, en lugar de redactar enmiendas constitucionales efectivas solo en el papel.
El patrón de un modelo restrictivo
El intento por cercenar garantías en materia de seguridad no es un hecho aislado. Concuerda con la arremetida del Ejecutivo contra el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para recortar sus facultades litigantes. En conjunto, ambas iniciativas revelan la tendencia de la administración Kast a emplear reformas de vía rápida para erosionar contrapesos, restringir derechos y concentrar poder, en un patrón que hoy encuentra sus primeras y más severas barreras dentro de su propio sector.
