Sin brújula minera y con agenda ideológica: El plan de Bernardo Fontaine para desmantelar el rol público de Codelco
Marcado por su historial de defensa ultranza a las AFP y su total falta de expertise en la industria, el timonel de la cuprífera intensifica su ofensiva para asociar y privatizar los yacimientos estratégicos del país bajo la falsa premisa de que el Estado no puede administrar con éxito.
En la historia económica de Chile, pocas instituciones concentran tanto valor estratégico, soberanía y orgullo nacional como la Corporación Nacional del Cobre (Codelco). Creada bajo el aliento de la Nacionalización del Cobre en 1971 —ratificada de forma unánime por el Congreso Nacional—, la cuprífera estatal ha sido históricamente el «sueldo de Chile», el motor fiscal que financia políticas sociales, infraestructura y el desarrollo soberano de la nación. Sin embargo, la llegada de Bernardo Fontaine a la presidencia del directorio de la estatal ha abierto un flanco de profunda inquietud política, técnica y social.
Lejos de asumir el rol con la neutralidad, el rigor técnico y la protección patrimonial que exige una empresa de esta magnitud, Fontaine ha reactivado una vieja y persistente obsesión ideológica: debilitar el control estatal y abrir la puerta ancha a la privatización encubierta bajo el eufemismo de las «alianzas estratégicas con privados».
Un perfil marcado por el dogmatismo neoliberal y la defensa corporativa
Para entender la deriva de Fontaine en Codelco es indispensable revisar su trayectoria pública. Economista de tinte ortodoxo, ligado históricamente a los círculos del empresariado más tradicional y con un historial político marcado por su rol como convencional constituyente, Fontaine se ha consolidado como un cruzado radical de los dogmas de libre mercado sin contrapesos. Su figura ha estado envuelta en polémicas financieras y políticas, como su rol promoviendo férreamente el sistema de AFP —liderando plataformas de defensa previsional que posteriormente enfrentaron cuestionamientos públicos por su financiamiento cruzado con los propios intereses de las administradoras de fondos de pensiones.
Con este prontuario ideológico, su nombramiento al frente de Codelco generó inmediatas alarmas en el mundo sindical, político y académico. Expertos en minería han apuntado reiteradamente a una evidente falta de experticia minera e industrial en su currículum, un déficit crítico al administrar una compañía de alta complejidad geológica, ingenieril y operacional. En lugar de abordar los desafíos estructurales de la empresa desde una perspectiva industrial y pública, Fontaine ha optado por el libreto tradicional del sector privado: satanizar la gestión estatal para justificar la cesión de activos públicos a manos privadas.
La estrategia del desánimo: Diagnósticos sesgados y la obsesión privatizadora
En sus recientes intervenciones públicas, Fontaine ha intensificado su ofensiva discursiva. Apuntando a supuestas ineficiencias históricas y a maltrechas inversiones pasadas de la corporación —cuantificadas majaderamente por su administración para instalar una narrativa de crisis terminal—, el timonel de Codelco ha sentenciado que asociarse con privados es «la única forma en que Codelco puede crecer».
Más aún, ha presionado abiertamente por modificar marcos legales estructurales —como la normativa que regula la asociación de la estatal— para flexibilizar y acelerar la entrada de capitales privados en yacimientos y proyectos de exploración que pertenecen a todos los chilenos.
Esta postura no es nueva, sino la evolución natural de su sesgo ideológico: instalar la premisa de que el Estado es un mal administrador por definición, despojar gradualmente a Codelco de su autonomía productiva y entregar el usufructo de los recursos naturales no renovables a conglomerados transnacionales y privados. Se recurre a un diagnóstico parcial y catastrofista para justificar una salida mercantil a un problema que requiere gestión estratégica, inversión pública eficiente y gobernanza industrial de excelencia.
Eficiencia sí, privatización jamás: Codelco debe seguir siendo de todos los chilenos
Nadie discute que Codelco enfrenta desafíos colosales. La caída de leyes del mineral, los millonarios retrasos en los proyectos estructurales y la necesidad de optimizar costos operativos son urgencias ineludibles. Sin embargo, existe un abismo técnico y político entre modernizar la gestión y privatizar el patrimonio de la patria.
Conseguir mayor productividad, probidad, innovación tecnológica y una gestión de proyectos rigurosa no requiere entregar la riqueza cuprífera a los privados. Requiere fortalecer el gobierno corporativo, inyectar capacidades técnicas de primer nivel y blindar a la empresa de los ciclos políticos mezquinos.
Entregar el cobre —la palanca fundamental del desarrollo nacional— bajo la excusa de que el Estado es incapaz de gestionar equivale a abdicar del rol soberano sobre nuestros recursos naturales. Los excedentes de Codelco construyen hospitales, escuelas, mejoran pensiones y financian la inversión pública que ningún privado asumirá con criterio de equidad social.
La obsesión de Bernardo Fontaine por privatizar Codelco bajo ropajes técnicos no solo evidencia un desconocimiento de la profundidad social de la empresa, sino un peligroso desvío ideológico. Chile no necesita rematar su principal riqueza; necesita directivos que estén a la altura de su historia, dispuestos a defender el rol del Estado empresario con eficiencia, transparencia y, sobre todo, profunda chilenidad.
