Proyecto de «Seguridad» de Kast: El Caballo de Troya del Autoritarismo

En nombre de la lucha contra el crimen, el gobierno de José Antonio Kast busca concentrar un poder sin precedentes en el Ejecutivo y restringir libertades básicas, emulando los estados de excepción de una guerra. La pregunta es: ¿qué amenaza buscan realmente contener?

El lunes 17 de agosto, el Gobierno ingresó al Senado, con suma urgencia, el proyecto de reforma constitucional que forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Es una versión acotada respecto del borrador que había circulado la semana previa: de once modificaciones a la Carta Fundamental bajó a ocho, luego de que dirigentes de la propia coalición de gobierno objetaran su alcance.

El texto consagra la seguridad pública como deber expreso del Estado, incorpora un nuevo artículo 9° bis sobre crimen organizado y terrorismo, crea un registro estatal de organizaciones calificadas como criminales o terroristas, habilita regímenes penitenciarios diferenciados para sus líderes, facilita la incautación de bienes y —la pieza que ha concentrado la controversia— crea un nuevo estado de excepción constitucional, distinto de los cuatro que ya contempla la Constitución (Asamblea, Sitio, Catástrofe y Emergencia).

Un estado de excepción sin el contrapeso del Congreso

El nuevo estado de excepción de seguridad pública podrá ser declarado por el Presidente ante una amenaza grave e inminente, o una afectación grave, de la seguridad pública. Se extiende por 120 días y es prorrogable por el propio Presidente por otros 120, es decir, hasta ocho meses sin que el Congreso deba autorizarlo; recién una tercera extensión requeriría acuerdo parlamentario. Se trata del control legislativo más débil de los cinco regímenes de excepción que existirían en la Constitución: tanto el Estado de Asamblea (guerra externa) como el de Sitio (guerra interna o conmoción grave) requieren aprobación del Congreso dentro de cinco días; el de Emergencia se renueva cada 30 días con acuerdo parlamentario.

Durante su vigencia, el Ejecutivo podrá restringir la libertad personal y de locomoción, el derecho de reunión y de asociación, interceptar y registrar comunicaciones y disponer requisiciones de bienes en los “polígonos” o territorios que determine. Las zonas bajo ese régimen quedarán bajo dependencia inmediata de un oficial general designado por el propio Presidente, con las Fuerzas Armadas habilitadas para colaborar con las policías en tareas de vigilancia, logística y control perimetral.

“Se pone a prueba la credibilidad del gobierno (…) Abrir la Constitución solo para esto ya se ve desde el oficialismo que es una mala idea”, advirtió el senador socialista Juan Luis Castro.

La grieta dentro de Chile Vamos

El propio oficialismo forzó los cambios. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, objetó que el borrador incorporara a la Constitución excepciones a principios generales propios de la ley —como declarar que no serán arbitrarios los regímenes carcelarios diferenciados—, por temor a que ese precedente fuera usado en el futuro por la izquierda para introducir sus propias reformas por la misma vía. La timonel de RN, Andrea Balladares, fue en el mismo sentido: una reforma constitucional “tiene que hacerse bien” y la Carta Fundamental no puede convertirse en un catálogo de políticas públicas.

La tensión escaló al interior del gabinete. El ministro de Justicia, Martín Arrau, y la ministra de Seguridad, May Chomalí, protagonizaron un enfrentamiento público por la eventual pérdida de atención de salud para presos de crimen organizado, disposición que finalmente el texto definitivo suavizó, derivando su regulación específica a una ley de quórum calificado. El diputado Franco Parisi, aliado ocasional del oficialismo, apuntó directamente a La Moneda: “Falta un liderazgo por parte del presidente Kast (…) los ministros se están mandando solos, están peleando entre ellos en la prensa”.

“La Constitución de la seguridad”: lo que dicen los especialistas

Más allá de las medidas puntuales, un sector de la academia constitucional ha planteado que ACOT representa algo de mayor alcance: no una política pública sobre crimen organizado, sino un cambio en la manera en que el Estado se organiza. El borrador recurre explícitamente al concepto alemán de Schutzpflicht —el deber positivo del Estado de proteger derechos fundamentales— para relativizar una tradición constitucional centrada en limitar el poder estatal, y sostiene que el marco jurídico chileno ha sido interpretado de forma “unilateralmente garantista” hacia imputados y condenados.

El propio texto es explícito sobre su propósito frente al Tribunal Constitucional: busca “clausurar la vía de impugnación” por discriminación arbitraria en algunas de sus disposiciones y “desactivar” determinados reproches, invirtiendo la carga argumentativa ante ese tribunal. Analistas constitucionales han planteado, a partir de ese diseño, la pregunta de fondo: si una Constitución debe limitarse a organizar el poder y garantizar derechos, o si puede convertirse también en un instrumento punitivo. El medio elClarín.cl ha resumido esa transformación bajo la etiqueta de una posible “Constitución de la seguridad”, advirtiendo, no obstante, que aprobar estas normas por vías democráticas no convierte automáticamente a Chile en un Estado autoritario, aunque sí instala la infraestructura jurídica que permitiría avanzar en esa dirección si las circunstancias cambian. El Mostrador, por su parte, ha calificado directamente algunas de estas disposiciones como “señales iliberales” que inquietan al propio Congreso.

¿Combatir el crimen organizado o acotar el conflicto social? Dos lecturas en pugna

El expresidente Gabriel Boric calificó la iniciativa como “una limitación de libertades inédita en la democracia chilena”, en alusión a los hasta 240 días de restricciones que contempla el nuevo régimen. La diputada y presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, fue más allá y advirtió un intento de “saltarse la Constitución”, además de marcar una contradicción con el propio Kast de campaña, quien sostuvo entonces que no hacían falta nuevas leyes, sino aplicar las existentes.

Es en ese punto donde conviven dos lecturas sobre el sentido último de la reforma. La primera —la del Gobierno— sostiene que el crimen organizado ejerce hoy un control territorial y una capacidad de penetración institucional que las figuras de excepción vigentes no logran enfrentar, y que de ahí surge la necesidad de una herramienta específica, con foco explícito en organizaciones criminales y terroristas, no en la protesta social. El propio Kast, al firmar el proyecto, sostuvo que “sin seguridad no hay libertad”.

La segunda lectura, sostenida por sectores de oposición, parte de la academia y organismos de derechos humanos, pone el acento en que las herramientas que habilita el nuevo estado de excepción —restricción de reunión y asociación, interceptación de comunicaciones, detenciones sin orden judicial durante meses y sin control parlamentario oportuno— son, en los hechos, aplicables a cualquier escenario de “grave afectación a la seguridad pública”, una causal más amplia y menos definida que las que hoy exigen guerra externa, guerra interna o conmoción. Bajo esa lectura, el mismo diseño institucional que se presenta contra el crimen organizado podría eventualmente activarse frente a un ciclo de movilización social de la envergadura del estallido de octubre de 2019, sin que el texto establezca distinciones explícitas que lo impidan. Esta es una interpretación política disputada —no una previsión reconocida por el Ejecutivo— pero explica por qué la discusión ha desbordado el debate estrictamente penal.

Esa lectura crítica se ve reforzada, para sus impulsores, por el contexto programático del propio sector gobernante: el programa presidencial de Kast en 2021 proponía derechamente el cierre del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), organismo cuya función incluye representar a víctimas de abusos de poder del Estado. Esa propuesta se moderó hacia una reforma del instituto, y en la actual gestión el Ejecutivo ha planteado limitar sus facultades para presentar querellas, iniciativa que la oposición y organizaciones de derechos humanos han resistido. La exdirectora del INDH y diputada Lorena Fries objetó que la discusión sobre reformar el organismo encargado de fiscalizar al Estado avance en paralelo a una reforma que amplía las facultades del propio Estado para restringir derechos.

El respaldo electoral: ¿mandato de cambio o rechazo al adversario?

Kast llegó a La Moneda con el 58,6% de los votos en segunda vuelta frente al 41,4% de Jeannette Jara, un resultado que analistas describieron en su momento como el mayor respaldo electoral obtenido por un candidato de derecha en la historia reciente de Chile, por encima incluso del 54,6% de Sebastián Piñera en 2017. Bajo esa lectura, el propio margen constituye una forma de mandato.

Pero encuestas de perfil de votante levantadas tras el balotaje matizan esa interpretación: el clima electoral estuvo marcado predominantemente por el temor a la inseguridad y el debate migratorio, más que por una demanda explícita de reforma constitucional. Una parte relevante del electorado de Kast se definió, ante todo, por su rechazo a la gestión del gobierno saliente —el 91,4% de sus votantes desaprobaba la administración de Boric— antes que por una adhesión programática detallada a cada una de las iniciativas legislativas que se han desplegado después. A ello se suma un antecedente institucional insoslayable: Chile rechazó, en dos plebiscitos consecutivos (2022 y 2023), sendas propuestas de nueva Constitución, un resultado que varios sectores —dentro y fuera del oficialismo— han invocado como razón para actuar con cautela antes de introducir modificaciones estructurales a la Carta Fundamental por la vía de una reforma parcial tramitada con suma urgencia, en lugar de un proceso deliberativo amplio.

Lo que muestra la experiencia comparada

La pregunta de fondo —si este diseño institucional resulta eficaz contra el fenómeno que dice combatir— tiene, además, una dimensión empírica. El crimen organizado que opera hoy en Chile no se estructura, según especialistas en seguridad, como una fuerza paramilitar con mando centralizado que dispute el control territorial al Estado en sentido militar, sino como redes más porosas y fragmentarias que combinan mercados ilícitos, penetración de empresas formales y cooptación de agentes públicos. La experiencia de países que han recurrido a la militarización de la seguridad interior frente al narcotráfico —documentada por medios especializados como InSight Crime— muestra de forma reiterada que ese tipo de despliegue tiende a producir, sin mecanismos robustos de control civil y rendición de cuentas, aumentos de la violencia y de la corrupción institucional en el mediano plazo, más que una reducción sostenida del fenómeno. Especialistas en seguridad pública han insistido en que son las policías especializadas —no las fuerzas militares— las que acumulan mayor experiencia en el control de redes criminales urbanas, precisamente por su conocimiento del entorno donde estas operan.

Lo que viene

El proyecto requiere 29 votos en el Senado y 89 en la Cámara para aprobarse, umbrales que el oficialismo no reúne por sí solo. Su tramitación —a la que el Gobierno fijó plazo de 15 días para la primera discusión— se convertirá en el terreno donde se dirima si Chile modificará su arquitectura de excepción constitucional por la vía de un acuerdo transversal acotado al crimen organizado, o si el debate se ampliará hacia la pregunta más incómoda que especialistas y parte de la propia coalición gobernante ya han puesto sobre la mesa: qué tipo de Estado —y qué límites a su poder— quiere Chile construir para las próximas décadas.