El “terraplanismo” estadístico de Kast: la peligrosa costumbre de erosionar la fe pública sin aportar pruebas
En un modus operandi trazado desde su época de candidato, el Mandatario vuelve a sembrar sospechas sobre organismos e indicadores técnicos —esta vez contra la encuesta Casen— revelando un patrón recurrente de desinformación que golpea las bases de la institucionalidad chilena.
Lo que durante la campaña electoral pareció un recurso retórico destinado a desarticular los argumentos del adversario, hoy se consolida desde el sillón presidencial como una estrategia sistemática de gobierno: sembrar incertidumbre sobre los datos e instituciones oficiales, sin aportar antecedentes concretos ni fundamentos técnicos verificables. Esta conducta volvió a quedar al descubierto tras las recientes declaraciones del Presidente José Antonio Kast, quien puso en tela de juicio las mediciones de pobreza entregadas por la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), reabriendo un peligroso flanco contra la credibilidad de la fe pública.
Durante una entrevista radial, el Jede de Estado sugirió la existencia de inconsistencias metodológicas en la medición socioeconómica, cuestionando que la reducción de la pobreza responda al impacto de las transferencias directas del Estado. Al apuntar a los datos heredados de la administración de Gabriel Boric —que registraron una caída de la pobreza al 17,3% en 2024—, Kast insinuó presuntos “errores” en los parámetros de medición. Sin embargo, como ha sido la tónica de sus intervenciones desde sus años como candidato, el Mandatario no exhibió informe, auditoría ni antecedente alguno que respalde sus severas aseveraciones.
El intento del Ejecutivo por relativizar la efectividad del gasto social derivó en un inmediato y contundente rechazo desde el arco técnico y político. Exautoridades y especialistas recordaron que la encuesta Casen no es una herramienta arbitraria de un gobierno de turno, sino una política de Estado respaldada por una rigurosa arquitectura técnica e interdisciplinaria. En su diseño, levantamiento y validación participan instancias independientes como el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y diversos paneles de expertos.
Frente a la controversia, voces del exgobierno salieron a enfrentar el relato presidencial. El exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, tildó de «gravísimo» que el Mandatario recurra a mentiras y caiga en un «terraplanismo de datos» que daña la institucionalidad construida sólidamente desde 1990. En la misma línea, la exministra Javiera Toro enfatizó que no existe informe técnico serio que acuse irregularidades en el instrumento, precisando que los cambios aplicados en su momento corresponden a ajustes metodológicos legítimos orientados a elevar la exigencia de la medición.
La réplica se extendió también al Congreso y a la exministra del Interior, Carolina Tohá. La exsecretaria de Estado tildó de inaceptable la postura de desconocer el rol integrador de los subsidios en las familias vulnerables. Tohá alertó sobre el sesgo de la actual administración al erradicar del debate conceptos clave como “equidad” o “igualdad social”, reduciendo el progreso a la mera atracción de inversión. Según la exautoridad, reinstalar la idea de que la economía crece únicamente “por chorreo” representa un preocupante retroceso doctrinal que retrotrae al país a paradigmas superados tras la dictadura.
A cinco meses de haber asumido la conducción del país, las críticas parlamentarias apuntan a que Kast debe abandonar la cómoda dinámica del ataque infundado y asumir la responsabilidad de gobernar con propuestas concretas. Deslegitimar la evidencia estadística sin contrapuntos sólidos no solo debilita los estándares democráticos, sino que confirma un modus operandi donde la sospecha permanente sustituye a la solidez argumentativa.
