Gobierno retrocede en su reforma autoritaria ante inminente fracaso en el Congreso
Las críticas masivas y la falta de apoyo obligan al Ejecutivo a bajar la urgencia a sus cambios constitucionales en seguridad, dejando al descubierto un proyecto sin consenso y con claros tintes dictatoriales.
La administración de José Antonio Kast en Chile está viviendo una de sus mayores crisis políticas tras el fuerte rechazo nacional a su ambiciosa reforma de seguridad. Lo que comenzó como un paquete de leyes presentado bajo la excusa de combatir la delincuencia, se ha transformado en un duro debate sobre la democracia. La ciudadanía, los expertos y la oposición política han visto con claridad el verdadero fondo del asunto: un intento de instalar un modelo autoritario que cambia las reglas del juego para concentrar el poder.
La alarma principal no está en aumentar las penas, sino en los cambios constitucionales que el Ejecutivo quería aprobar a la fuerza. El proyecto buscaba alterar la Carta Fundamental para entregarle atribuciones excepcionales a las fuerzas de orden, limitando el control civil y debilitando las garantías de los ciudadanos. En simples palabras, el gobierno pedía carta blanca para actuar sin los límites que exige un Estado de derecho, bajo una lógica de mano dura que ha sido el sello histórico de las derechas radicales en la región.
El Ejecutivo tras darse cuenta de que no tenían los votos para pasar la reforma por encima de la mesa, y de que el rechazo público les estaba pasando factura, tuvo que dar un paso atrás. Es así como se abrió la puerta para bajar la «urgencia» —el mecanismo legal que obliga al Congreso a votar en pocos días— de las reformas constitucionales en seguridad.
Este retroceso es una derrota política clara para la agenda de gobierno y demuestra que en Chile todavía existen límites institucionales fuertes y que una parte importante de la sociedad sabe diferenciar entre una política criminal seria y un intento de autoritarismo disfrazado de seguridad.
El papel del ministro García Ruminot en este debate ha sido clave para entender la tensión. Como vocero de esta agenda en el Congreso, ha debido lidiar con el rechazo de diputados y senadores que no están dispuestos a ceder ante presiones que consideran anti-democráticas. El debate en la sala legislativa dejó al descubierto las fisuras de un proyecto que se armó a las apuradas, pensando en la eficacia mediática de la «mano dura», pero sin calcular el costo político de intentar mover los cimientos de la Constitución.
En definitiva, lo que vivimos esta semana no fue solo una discusión sobre delitos y penas. Fue un test de resistencia democrática. El gobierno quiso usar el miedo a la inseguridad para colar reformas que cambian el balance de poder del Estado a favor del Ejecutivo y las fuerzas policiales. Falló. El país vio a través del espejismo y le dijo no a la lógica autoritaria. Ahora, el gobierno tendrá que sentarse a negociar si de verdad quiere leyes de seguridad, pero sin tocar los pilares de la libertad que sostienen a la República.
