Crónica de un error anunciado: La letal receta de combatir mafias con tropas de guerra
Lejos de pacificar los territorios, entregar el control del orden público a las Fuerzas Armadas en América Latina ha dejado un rastro de violencia descontrolada y altos mandos corrompidos por el dinero narco. Una advertencia empírica urgente frente a la reforma constitucional que impulsa La Moneda.
La pretensión del Gobierno de situar zonas urbanas bajo el mando de un «Oficial General» que forma parte de esta Refroma Constitucional que se pretende imponer, choca de frente con la evidencia empírica latinoamericana. Sacar a los militares a la calle para combatir al crimen organizado transnacional no solo fracasa en desarticular a las bandas, sino que desata espirales de violencia incontrolables.
La historia reciente demuestra que aplicar estrategias militares a problemas de seguridad pública civil genera enormes catástrofes humanitarias Desde que en México el gobierno de Felipe Calderón declaró la «guerra contra el narcotráfico» en 2006, sacando al Ejército a las calles, las consecuencias han sido devastadoras. Los cárteles, en lugar de debilitarse, se fragmentaron en células mucho más violentas. Desde entonces, el país registra más de 400.000 homicidios y supera los 100.000 desaparecidos.
Está también El espejismo ecuatoriano: La reciente declaratoria de «conflicto armado interno» en Ecuador generó un aplauso mediático inicial abosluto, pero no ha logrado frenar la extorsión ni la capacidad operativa de las bandas. Las estructuras criminales se adaptan y responden con mayor letalidad aún. Los militares están entrenados para el combate letal y la aniquilación del enemigo en escenarios bélicos, no para labores de prevención comunitaria, investigación penal o desarticulación de mercados ilícitos.
El efecto secundario más devastador de esta estrategia —y que el oficialismo parece ignorar de forma temeraria— es el riesgo institucional para las propias Fuerzas Armadas. Al exponer a los militares al contacto directo con estructuras que mueven miles de millones de dólares, se les somete a un poder corruptor gigantesco. En diversas naciones donde las fuerzas armadas asumieron roles policiales, el resultado ha sido la compra de altos mandos y oficiales de inteligencia, quienes terminan vendiendo información o protección a los mismos cárteles que debían erradicar.
En pleno siglo XXI, golpear a los carteles emergentes no requiere de tanques en las poblaciones, ni de suspender los derechos civiles de la ciudadanía mediante estados de excepción prolongados. La respuesta eficaz exige: Inteligencia financiera de punta y tecnología para rastrear flujos de dinero. El levantamiento patrimonial de los delincuentes. La eliminación real del secreto bancario para investigaciones penales. Una policía civil altamente especializada, con dispositivos avanzados, con termografías con drones, con Inteligencia Artificial aplicada. Insistir en la militarización como panacea no es una estrategia de seguridad seria; a la luz de la evidencia internacional, resulta ser básicamente demagogia punitiva sumamente peligrosa.
