Chile abre frente judicial en el caso Cerimedo: la Fiscalía investiga delitos informáticos
La Fiscalía Local Santiago Centro deberá establecer si la operación de cuentas coordinadas atribuida al consultor argentino configura delito, mientras la Cámara ya cuenta con una comisión investigadora aprobada pese al rechazo de la derecha.
El caso Cerimedo dejó de ser exclusivamente un debate político para trasladarse formalmente a los tribunales. La Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte resolvió abrir una investigación penal para determinar si existieron delitos informáticos vinculados a la eventual intervención del consultor argentino Fernando Cerimedo —conocido en el ambiente político como «el Rey de los Trolls»— en procesos electorales chilenos. La decisión quedó plasmada en una resolución firmada por el fiscal regional Francisco Jacir, quien determinó que existían antecedentes suficientes para iniciar una indagatoria formal.
La causa quedó radicada en la Fiscalía Local Santiago Centro, bajo la conducción de la fiscal Macarena Cañas. El puntapié inicial lo dio una denuncia presentada por el diputado del Partido Socialista Juan Santana, quien pidió a la justicia establecer si la red de cuentas atribuida al asesor argentino fue financiada o utilizada con fines de manipulación política.
De los bots a los delitos informáticos: el giro en la denuncia
El expediente presentado por Santana no es el primero sobre la materia, pero sí marca una diferencia relevante respecto de acciones anteriores. Mientras las denuncias previas se habían concentrado en el uso de bots —conducta que en Chile no tiene una sanción penal expresa—, la nueva presentación se orienta hacia figuras que sí están tipificadas: amenazas y delitos informáticos, incluyendo el eventual acceso ilícito a sistemas y una posible asociación delictiva.
El cambio de enfoque se apoya también en hechos posteriores a la denuncia original, presentada en septiembre del año pasado: la detención de Cerimedo en Bolivia, la desactivación de un conjunto de cuentas entre el 18 y el 20 de agosto, y la incorporación de tres integrantes del comando del Rechazo a funciones en La Moneda. Entre los antecedentes aportados figuran perfiles de la red social X —como el denominado «Neuroc»— y la participación de Numen, una consultora de estrategia y marketing político digital vinculada al asesor argentino, cuya presencia se remonta incluso al proceso constituyente iniciado en 2020.
Antes de llegar a Centro Norte, los antecedentes habían pasado por la Ulddeco, la unidad especializada de la Fiscalía Nacional en delitos económicos, medioambientales, ciberdelitos y lavado de activos. Fue el propio fiscal nacional, Ángel Valencia, quien confirmó la recepción de la denuncia y explicó que a su institución solo le correspondía derivar los antecedentes a la fiscalía regional competente para que esta resolviera si ameritaban una investigación.
«Lo que a nosotros nos corresponde como Fiscalía Nacional es remitir los antecedentes a una fiscalía regional para que decida si los hechos son constitutivos de delito», explicó el fiscal nacional Ángel Valencia.
El Congreso, en su segundo intento, también avanzó
La apertura de la causa penal se enmarca en una semana de doble movimiento institucional contra Cerimedo. El 1 de septiembre, la Cámara de Diputados no había logrado el quórum de 62 votos necesario para crear una Comisión Especial Investigadora sobre el caso, impulsada por el diputado José Montalva (PPD): la propuesta obtuvo 60 votos a favor, 41 en contra y dos abstenciones, quedando a solo dos sufragios de avanzar.
Montalva reunió de inmediato las firmas para repetir la votación, y al día siguiente, el 2 de septiembre, la Cámara sí aprobó la creación de la comisión, esta vez con 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención. Los rechazos, tal como era previsible, provinieron mayoritariamente de la derecha y la extrema derecha oficialista, mientras el respaldo se concentró en bancadas de izquierda y centroizquierda. La instancia tendrá 60 días para reunir antecedentes sobre el conocimiento, la prevención y el eventual manejo gubernamental de las denuncias por el uso de bots, cuentas automatizadas y otras herramientas digitales en procesos electorales y plebiscitarios desde 2020.
El resultado deja al caso Cerimedo avanzando simultáneamente en dos frentes: el político-fiscalizador, con la comisión investigadora ya constituida en el Congreso, y el judicial-penal, con la causa abierta en la Fiscalía Local Santiago Centro. Ambas vías comparten un mismo eje de sospecha —la presunta red de cuentas coordinadas atribuida al consultor argentino— pero con objetivos distintos: mientras la comisión busca establecer responsabilidades políticas y administrativas, la Fiscalía deberá determinar si existió un ilícito penal.
Con la causa ya abierta, la fiscal Macarena Cañas deberá reunir y verificar los antecedentes aportados por Santana, entre ellos los relativos a Numen y a los perfiles señalados en la denuncia, sin que —según se precisa en el propio expediente— ello implique una imputación automática de delito a las personas mencionadas. El caso se suma a otras vías de fiscalización abiertas en las últimas semanas, entre ellas un proyecto de ley presentado por la bancada del Partido Socialista —la llamada «ley Cerimedo»— para transparentar el gasto electoral digital y facilitar la detección de redes de bots en futuras campañas.
