Seis meses, 50 bajas y un gobierno que no logra instalarse
Cambios de gabinete récord, escasa visibilidad ministerial y un crecimiento económico que se derrumba a 0,7% marcan el primer semestre de un gobierno que 62% de los chilenos considera peor de lo esperado.
A seis meses de asumir, el gobierno de José Antonio Kast exhibe un patrón que ya no puede describirse como una serie de episodios aislados. La salida, este 18 de septiembre, del seremi de Economía de O’Higgins llevó a 50 el número de autoridades que han dejado sus cargos desde marzo, un promedio de una baja cada 3,8 días de gobierno. La cifra coincide, casi en espejo, con otro dato: según Cadem, un 62% de los chilenos considera que la gestión del Mandatario ha sido peor de lo que esperaba, y el propio gobierno recibió una nota promedio de 3,4 en su primer balance semestral. Ambas cifras describen el mismo fenómeno desde ángulos distintos: la brecha entre lo prometido en campaña y la capacidad instalada para ejecutarlo.
UNA SALIDA CADA 3,8 DÍAS
El monitoreo ciudadano “Renuncias Kast”, elaborado por Danilo Herrera, director de Factor Crítico, y disponible en renunciaskast.cl, contabiliza renuncias, remociones, cambios de puesto y nombramientos que no llegaron a concretarse. Al 17 de septiembre, la cuenta llegaba a 50: tres ministras, seis subsecretarios, 40 seremis y un delegado provincial.
| 50 autoridades fuera de sus cargos en 6 meses | 3,8 días en promedio entre cada salida | 40 seremis renunciados o removidos |
Detrás de las cifras hay un patrón que se repite: nombramientos que no resisten el primer examen. La Contraloría objetó los títulos académicos del seremi de Energía de Coquimbo, Fabián Páez, forzando su salida el 17 de septiembre. Días antes, el seremi de Salud de La Araucanía, José Bravo, dejó el cargo tras una analogía sobre adultos mayores que generó rechazo transversal, en el contexto de un incendio en un hogar de ancianos de Pitrufquén que dejó 16 fallecidos. El seremi de Vivienda de Antofagasta, Jorge Olivares, salió el 14 de septiembre por lo que el propio gobierno calificó de “graves falencias en gestión”.
El registro documenta también una serie de nombramientos que colapsaron casi de inmediato: Renato Münster, seremi de Culturas de la Región Metropolitana, dimitió un día después de asumir; Aldo Ibani duró tres días en Salud de Valparaíso; Nataly Cruz renunció a los ocho días en Trabajo de Arica y Parinacota por no acreditar la experiencia exigida; Ángela Valdebenito dejó Culturas de Aysén a los 18 días. Otros nombramientos, como los de Patricia Dinamarca en Educación de Los Lagos o Daniela Gallegos en Economía de Atacama, fueron dejados sin efecto antes de asumir, por falta de decreto o por no acreditar requisitos académicos.
El diputado independiente Jaime Araya emplazó al Presidente a tomar medidas para evitar reinstalaciones constantes en los cargos, mientras que incluso desde la propia bancada republicana, el diputado Agustín Romero reconoció que el Ejecutivo debe revisar sus procesos de selección y nombramiento, aunque defendió la decisión de corregir a tiempo en lugar de sostener a una autoridad por costo político.
EL PLAN QUE NUNCA SE ESCRIBIÓ
Si la rotación de cargos ilustra un problema de gestión, el caso de la cartera de Seguridad Pública expone algo más profundo: la distancia entre la principal promesa de campaña y la capacidad de cumplirla. Kast estructuró su oferta electoral en torno a tres emergencias, con la seguridad como la primera y más relevante. Sin embargo, a casi tres meses de asumido el gobierno, ese plan aún no existía como documento formal.
La entonces ministra Trinidad Steinert reconoció públicamente, en conversación con radio Agricultura, que no anticipaba que el Congreso le exigiera un plan de seguridad estructurado por escrito, y admitió que una primera propuesta presentada ante el Senado no cumplió con las expectativas parlamentarias, por lo que debió replantearla ante la Cámara de Diputados. Fuentes del propio gobierno reconocieron ante prensa que el plan simplemente no existía al momento de asumir y que fue la ministra quien debió iniciarlo sobre la marcha.
El desenlace llegó el 19 de mayo, a 69 días de instalado el gobierno, con la salida simultánea de Steinert y de la entonces vocera Mara Sedini, en el ajuste ministerial más rápido de un gobierno en la historia reciente del país. Claudio Alvarado asumió la vocería y Martín Arrau la cartera de Seguridad. Meses más tarde, un dictamen de Contraloría determinó actuaciones irregulares durante la gestión de Steinert, lo que llevó a la oposición a evaluar herramientas como una acusación constitucional y la formación de una comisión investigadora.
La bancada de senadores del Partido Socialista calificó como “rotundo fracaso” la instalación del gobierno en dos carteras que consideran neurálgicas: seguridad interior y comunicación estratégica. El diagnóstico, sin embargo, no proviene únicamente de la oposición: la propia demora en formalizar la estrategia y los cambios de criterio presupuestario en la cartera de Seguridad han sido objeto de cuestionamiento transversal en el Congreso.
UN GABINETE DESIGUAL: POCOS MINISTROS CONSTRUYEN AGENDA, OTROS SOLO RUIDO
La inestabilidad no se distribuye por igual entre los 22 ministerios. Mientras algunas carteras han logrado instalar una agenda reconocible, otras han monopolizado la atención pública por controversias que el propio Gobierno hubiera preferido evitar, y la mayoría ha permanecido prácticamente ausente del debate.
Vivienda y Salud son la excepción. El ministro Iván Poduje ha construido, con un estilo confrontacional que le ha valido roces con gobernadores, parlamentarios y hasta con Hacienda, un perfil de alta exposición en torno al déficit habitacional; el propio Presidente Kast lo destacó especialmente durante su primera Cuenta Pública, en un pasaje que recibió una de las ovaciones más extensas de la jornada. En Salud, la ministra May Chomali capitalizó la alerta sanitaria oncológica decretada en marzo: el Minsal reportó en julio haber logrado contactar y vincular al 99,9% de los pacientes con espera prolongada, una cifra concreta que la cartera ha usado activamente para mostrar resultados.
El resto del gabinete exhibe un patrón distinto: baja visibilidad de sus titulares y de sus agendas de trabajo, cuando no una presencia pública ganada por motivos cuestionables. El caso más claro es la Cancillería. El canciller Francisco Pérez Mackenna se convertirá, el 28 de septiembre, en el primer ministro del gobierno de Kast en comparecer ante una interpelación formal en el Congreso, aprobada por la Cámara de Diputados con 57 votos a favor. La citación agrupa cuestionamientos por su manejo de la crisis con Argentina por Magallanes y por la relación del Ejecutivo con Washington, en particular tras las declaraciones del embajador estadounidense Brandon Judd sobre la aplicación de la doctrina de política exterior de Trump en Chile.
A esa lista se suma, con un signo distinto, el propio Ministerio de Hacienda. Lejos de pasar inadvertido, el ministro Jorge Quiroz ha monopolizado buena parte de la conversación económica del semestre, aunque no siempre por motivos que el Gobierno hubiera elegido. La tramitación de la megarreforma tributaria —aprobada en el Senado solo con votos oficialistas— estuvo marcada por la ruptura de un acuerdo con el Partido por la Democracia en julio, tras una indicación que el propio subsecretario Alvarado debió salir a pedir que se retirara, y por un áspero cruce público con el expresidente Gabriel Boric por el cobro de deudas del CAE. Voces del propio oficialismo han cuestionado que Quiroz privilegie el manejo técnico de las reformas por sobre la construcción de acuerdos políticos, un estilo que ha complicado más de una vez los consensos legislativos que el proyecto necesitaba.
La segunda controversia que ha definido su gestión es la decisión, adoptada en marzo, de no activar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) frente al alza del petróleo gatillada por el conflicto en Medio Oriente. Fue la primera vez en más de tres décadas —el mecanismo amortiguador existe desde 1991— que un alza de esa magnitud se traspasó íntegramente al bolsillo de los consumidores, sin el colchón que gobiernos de todos los signos políticos habían usado hasta entonces. Quiroz justificó la medida por el costo fiscal inmediato del Mepco, y el Gobierno ha cifrado en cerca de US$2.000 millones el ahorro fiscal resultante. Pero la discusión no se ha cerrado: en septiembre, el propio exministro de Hacienda Mario Marcel cuestionó públicamente el cálculo, argumentando que, al sumar los efectos sobre el consumo, la actividad y la recaudación, prescindir del mecanismo pudo terminar siendo más caro que activarlo. Quiroz respondió cuestionando el historial fiscal de su antecesor.
“No tengo mucha confianza en sus cálculos”
Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, sobre las críticas de Mario Marcel
Un caso distinto, pero igualmente elocuente, es el del biministerio de Transportes y Obras Públicas, ambas carteras a cargo de Louis de Grange desde el 19 de mayo. Su llegada a Obras Públicas —una repartición que concentra buena parte de la inversión pública en infraestructura vial, concesiones, embalses y conectividad regional— ocurrió por movimientos internos del gabinete más que por un rediseño estratégico: reemplazó a Martín Arrau, trasladado a Seguridad tras la salida de Steinert. De Grange ha tenido presencia pública real, pero mayormente defensiva: debió revelar una deuda heredada cercana a los $30 mil millones en Transportes, con pagos pendientes desde 2022, y ha debido salir a desmentir ajustes en las frecuencias del sistema Red.
“Si la doble titularidad se transforma en concentración personal sin equipos fuertes, producirá una sobrecarga”
Karol Suchan, director del Centro de Innovación en Transporte y Logística, UDP
El detalle no es menor considerando el momento económico: con el desempleo en su nivel más alto en cinco años y una Formación Bruta de Capital Fijo que el Banco Central proyecta en retroceso, Obras Públicas es, en teoría, uno de los instrumentos más directos con que cuenta el Estado para sostener el empleo vía inversión en infraestructura. Que esa cartera opere bajo una doble titularidad, compartiendo agenda y capacidad de gestión con Transportes, plantea una pregunta que hasta ahora el gobierno no ha respondido con un plan público específico: si la ejecución de obras y la generación de empleo asociada a ellas recibirán la prioridad y los equipos dedicados que la coyuntura exige, o si quedarán subordinadas a la agenda, también intensa, de la cartera de Transportes.
UNA ECONOMÍA QUE CORRIGE TODO A LA BAJA
Al frente político y de gestión se suma un deterioro sostenido en las cifras macroeconómicas. El Banco Central, en su Informe de Política Monetaria de septiembre, recortó con fuerza su proyección de crecimiento para 2026, desde un rango de 1,0%-1,75% calculado en junio a apenas 0,25%-0,75%. Fitch Ratings, por su parte, redujo su estimación de crecimiento para Chile este año de 1,6% a 0,7%, aunque mantuvo la calificación soberana en “A-” con perspectiva estable.
| 0,7% crecimiento proyectado para 2026 (Fitch) | 9,4% desempleo, el más alto en cinco años | 42,8% deuda pública proyectada sobre el PIB |
El Instituto Nacional de Estadísticas confirmó que la tasa de desocupación llegó a 9,4% en el trimestre abril-junio, su nivel más alto en cinco años, con una informalidad laboral de 27%. El propio Banco Central atribuyó el enfriamiento de la economía a un menor dinamismo del gasto público y privado, caídas en la producción minera y una Formación Bruta de Capital Fijo que retrocederá 0,3% en el año, golpeada por la atonía de la construcción y el sector inmobiliario.
El Ministerio de Hacienda ha optado por destacar los elementos favorables del informe de Fitch —la mantención de la nota crediticia y el respaldo al proceso de consolidación fiscal—, pero la corrección a la baja en las proyecciones de crecimiento, sumada al alza sostenida del desempleo durante los últimos doce meses, configura un escenario económico que se aleja de las expectativas con que el gobierno llegó a La Moneda en marzo.
EL VEREDICTO CIUDADANO
La sumatoria de estos factores —inestabilidad en el gabinete, una promesa de seguridad incumplida y una economía que se frena— se refleja con nitidez en las encuestas. La primera medición Cadem de septiembre ubicó la evaluación económica del país en su punto más bajo del año: un 79% de los encuestados calificó la situación del país como mala o muy mala.
| 3,4 nota promedio al primer semestre de gobierno | 62% considera que el gobierno fue peor de lo esperado | 61% desaprueba la gestión del Presidente |
En la encuesta de balance de los primeros seis meses, un 51% de los consultados calificó la gestión del Ejecutivo con notas entre 1 y 3, mientras que apenas un 19% le asignó nota 6 o 7. El resultado promedio, 3,4, se ubica en el rango reprobatorio. A la pregunta sobre si el gobierno había sido mejor, igual o peor de lo esperado, un 62% respondió que peor, un 27% que igual y solo un 8% que mejor. Un 41% de los encuestados dijo no esperar que ocurran cambios positivos durante el resto del mandato, y un 32% sitúa esa expectativa recién hacia fines de 2027, a la mitad del período presidencial.
La aprobación presidencial se ha mantenido desde comienzos de septiembre en un rango de 34% a 35%, con una desaprobación que ha oscilado entre 61% y 62%, el nivel más bajo registrado por Cadem desde marzo de 2026. Se trata de un deterioro que no corresponde a un evento puntual, sino a la acumulación de episodios —seremis que duran días en el cargo, un plan de seguridad redactado bajo presión parlamentaria, proyecciones económicas revisadas mes a mes— que la ciudadanía parece estar leyendo como un mismo problema de fondo: la distancia entre la oferta electoral y la capacidad de gestión desplegada durante la instalación del gobierno.
