El punto ciego de la desregulación: cómo el plan anti-permisología del ministro Quiroz blindó un millonario negocio familiar sobre suelo de riesgo

La flexibilización de criterios ambientales en el Ministerio de Hacienda no solo pasó por alto las alertas técnicas de Sernageomin en el sector dunas de Concón; además, operó en una severa opacidad sin actas ni registros públicos, beneficiando al hermano del propio secretario de Estado e impulsando una investigación parlamentaria.

En el debate político y económico actual, la palabra «permisología» se ha instalado como el chivo expiatorio preferido para justificar el estancamiento de los grandes capitales. Bajo el argumento de agilizar la burocracia e incentivar la inversión, los órganos de decisión pública suelen verse sometidos a presiones desreguladoras que, bajo una pátina de modernización, recortan los tiempos de evaluación y flexibilizan las exigencias ambientales. Sin embargo, la evidencia reciente demuestra que cuando la desregulación se ejecuta mediante mecanismos informales y sin contrapesos, el resultado no es solo la fragilidad del ecosistema, sino la creación de un caldo de cultivo idóneo para la opacidad, la arbitrariedad y los conflictos de interés de alta escala.

La controversia que hoy rodea al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, es el reflejo de este fenómeno de vulnerabilidad institucional. Reportajes publicados por CIPER Chile sacaron a la luz cómo el mecanismo ministerial implementado para acelerar la tramitación de permisos de inversión —presentado como una panacea contra la ineficiencia del Estado— terminó destrabando millonarios negocios directamente vinculados al entorno familiar y al pasado profesional del propio jefe de la billetera fiscal.

La sombra sobre Concón: un negocio inmobiliario contra la evidencia técnica

El caso emblemático es el del proyecto inmobiliario Alto Santorini, emplazado en la delicada zona dunar de Concón, región de Valparaíso. Con una inversión estimada en US$ 43 millones, la iniciativa pertenece a Víctor Quiroz, hermano del ministro de Hacienda. La tramitación ambiental del proyecto se encontraba trabada debido a los severos cuestionamientos del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). El organismo técnico advirtió explícitamente, en reiteradas ocasiones, que la inmobiliaria no lograba descartar riesgos graves para la seguridad de la población, asociados a procesos de remoción en masa y socavones, un fenómeno tristemente célebre en la zona tras los colapsos sufridos por infraestructuras vecinas como el edificio Kandinsky.

A pesar de estas objeciones periciales perentorias, la iniciativa logró la aprobación ambiental. ¿Cómo fue esto posible? A través de las dinámicas de priorización y presión para destrabar proyectos promovidas desde el propio Ministerio de Hacienda en el marco de su política contra la permisología. La aprobación se concretó condicionando el conocimiento de los verdaderos riesgos de derrumbe a los planes que la misma empresa privada presente en el futuro, despojando al Estado de su rol preventivo y fiscalizador.

Este no es un hecho aislado. Un patrón similar afectó a la tramitación de una planta de procesamiento de sales de potasio en el Salar de Atacama, de la firma Grupo Errázuriz, entidad para la cual el ministro Quiroz prestó servicios de consultoría privada en el pasado a través de la firma Quiroz & Asociados. En ambos casos, el denominador común fue la aceleración de permisos a pesar de la existencia de informes técnicos desfavorables emanados por el Sernageomin.

La desregulación como manto de impunidad y opacidad

El aspecto central de esta crisis no reside únicamente en la coincidencia de los nombres, sino en el diseño institucional ciego y opaco bajo el cual se estructuró la estrategia del Ministerio de Hacienda. La eliminación de trabas burocráticas se operó mediante un «comité de proyectos» u oficinas de aceleración que carecen de los estándares mínimos de transparencia pública. Según han denunciado especialistas en probidad y parlamentarios, las instancias de coordinación impuestas por el ministerio no contaban con actas públicas, registros formales de deliberación ni documentos transparentes que den cuenta de las recomendaciones, criterios de priorización o eventuales presiones ejercidas sobre las secretarías regionales y servicios técnicos.

Esta ausencia deliberada de trazabilidad abre la puerta al tráfico de influencias, el favoritismo y las capturas regulatorias. Cuando la norma de excepción se vuelve la regla e interrumpe el flujo normal de las evaluaciones ambientales sin dejar rastro de quién decidió qué y por qué, el concepto de probidad administrativa se erosiona por completo. La «eficiencia» prometida se transforma así en una patente de corso para que intereses privados calen hondo en la toma de decisiones estatales.

Expertos en transparencia advierten que la desregulación extrema, si se despoja de mecanismos de control rigurosos, se convierte en la herramienta perfecta para encubrir conflictos de interés. La falta de registro sobre las abstenciones debidas o los diálogos informales entre autoridades y promotores inmobiliarios impide a la ciudadanía verificar si las decisiones responden al interés general o al beneficio particular.

La reacción fiscalizadora y el riesgo de la desconfianza pública

Frente a la gravedad de las revelaciones difundidas públicamente, diversas bancadas parlamentarias de oposición —incluyendo el Frente Amplio, el Partido Socialista, el Partido Comunista, la Democracia Cristiana, el PPD y el Partido Liberal— acordaron impulsar la creación de una Comisión Especial Investigadora (CEI) en la Cámara de Diputadas y Diputados.

La instancia fiscalizadora tiene como objetivo revisar exhaustivamente los criterios utilizados para la aceleración de permisos ambientales, citar a las autoridades involucradas y esclarecer si el ministro Jorge Quiroz o sus asesores incurrieron en faltas al deber de abstención, tráfico de influencias o vulneraciones a la ley de probidad.

El debate de fondo excede la situación particular de una autoridad o una inmobiliaria: pone en la balanza la validez de los modelos de desarrollo desregulados. El caso Alto Santorini ilustra las graves repercusiones de debilitar los controles técnicos: por un lado, se expone a la población a eventuales catástrofes socioambientales al ignorar los dictámenes sobre el riesgo de suelo de las dunas; por otro, se hiere de muerte la confianza de la ciudadanía en las instituciones al constatarse que las reglas del juego se amoldan con pasmosa agilidad cuando el solicitante tiene un vínculo de sangre en el gabinete ejecutivo.

En definitiva, la lucha contra la «permisología» no puede ser la coartada para instalar un Estado en penumbras. Sin transparencia activa, sin actas públicas y sin el pleno respeto a los informes periciales, cualquier política de aceleración económica corre el riesgo de ser, simplemente, un canal legalizado para la impunidad y la corrupción estructural.