Colapso en la UAF: levantar el secreto bancario tarda un mes debido a la falta de personal y trabas burocráticas
Mientras la seguridad domina la agenda pública y electoral, la resistencia a agilizar el rastreo financiero contrasta con una UAF asfixiada que tarda 28 días en acceder a la información bancaria clave.
La persecución del patrimonio financiero del crimen organizado en Chile enfrenta un obstáculo estructural que paraliza las investigaciones. Según reveló la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ante la Comisión Mixta que tramita el proyecto de Ley de Inteligencia Económica, el organismo tarda un promedio de 28 días hábiles en tramitar el levantamiento del secreto bancario de una cuenta sospechosa.
Esta revelación derriba el mito de un procedimiento “exprés” y deja en evidencia una severa crisis de capacidad operativa[cite: Durante 2025, la UAF recibió un promedio de 87 reportes de operaciones sospechosas por cada día hábil. Para procesar esta alud de alertas en todo el país, la institución cuenta únicamente con 83 funcionarios.
El desglose del flujo interno expone dónde se gesta la demora:
Preparación analítica: El analista tarda cerca de 10 días hábiles en procesar y redactar la solicitud inicial
Visación jurídica y gestión: La División Jurídica toma en promedio 2 días hábiles para redactar el requerimiento y contactar, de manera presencial, al ministro de Corte para su autorización.
Respuesta bancaria: Las entidades financieras demoran alrededor de 12 días hábiles en entregar la información solicitada.
Resolución judicial: La etapa ante el juez toma tan solo 2 días.
Tanto desde la UAF como desde el Ministerio de Hacienda coincidieron en que el verdadero «cuello de botella» no reside en la autorización de los magistrados, sino en los engorrosos trámites administrativos previos y en la falta de personal calificado. “No estamos llegando lo suficientemente a tiempo”, advirtió el director (s) de la UAF, Marcelo Contreras.
La iniciativa en debate busca ampliar el radio de acción de la UAF, transitando de la mera prevención del lavado de activos al rastreo directo de los flujos monetarios de las bandas criminales. Sin embargo, sin un aumento sustancial de la dotación y una reforma a los procesos administrativos, la nueva carga legal amenaza con colapsar definitivamente al organismo fiscalizador.
El discurso de la seguridad frente al freno del secreto bancario
La paradoja es tan evidente como insostenible. En el último ciclo electoral, la lucha contra la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado se convirtió en el eje discursivo absoluto y el principal caballo de batalla de los sectores del establishment político para acceder al poder. Promesas de «mano dura», querellas y un despliegue mediático permanente convencieron a la ciudadanía de que la seguridad era la prioridad número uno del Estado.
Sin embargo, cuando la discusión pública pasa de la pirotecnia mediática a la asfixia del motor real de las mafias —el dinero—, el ímpetu punitivo se disuelve en excusas procedimentales o reticencias doctrinales. La negativa o resistencia de sectores del gobierno y de la oposición para agilizar el levantamiento del secreto bancario mediante vías administrativas o judiciales expeditas resulta inexplicablemente contradictoria.
¿Cómo se explica que se exija el máximo rigor de la ley para el delincuente común en las calles, mientras se protege con recelo el velo patrimonial que resguarda a los grandes financistas del crimen? Seguir el rastro del dinero no es un debate dogmático sobre la privacidad de la banca; es la única herramienta técnica efectiva para desmantelar la estructura logística de las organizaciones criminales. Oponerse a agilizar estos mecanismos —o mantener intencionadamente a la UAF con una dotación precaria de 83 funcionarios para todo el país— deja al descubierto una grieta profunda entre el discurso electoral enfático y la voluntad política real cuando se trata de tocar los intereses del sistema financiero.
