Del proyecto original del Gobierno al acuerdo transversal: reforma constitucional de seguridad entraría en una nueva etapa
La falta de respaldo parlamentario y los cuestionamientos al alcance de las facultades que el proyecto entregaba al Ejecutivo obligarían al ejecutivo a retirar la iniciativa y reemplazarla por un nuevo texto.
El Gobierno evalúa retirar su reforma constitucional de seguridad y sustituirla por un nuevo proyecto construido a partir de acuerdos entre senadores de distintos sectores. Más que un simple cambio de redacción, la maniobra aparece después de varias semanas en las que la iniciativa no consiguió reunir el respaldo político necesario para avanzar en el Senado.
El proyecto, ingresado como Boletín 18.597-07, buscaba crear un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública y entregar al Estado herramientas adicionales para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo. Entre sus componentes figuraban también un registro de organizaciones criminales, regímenes penitenciarios diferenciados y otras atribuciones extraordinarias.
Pero fue precisamente el alcance de esas atribuciones lo que convirtió la reforma en un foco de controversia.
El problema no era solamente conseguir votos
Durante su tramitación, el Ejecutivo constató que no contaba con los apoyos suficientes para asegurar la aprobación del proyecto en los términos originalmente planteados. A mediados de septiembre, la iniciativa seguía sin reunir los votos necesarios en el Senado, situación que llevó al Gobierno incluso a reducir la urgencia legislativa.
La dificultad, por tanto, no puede explicarse únicamente como una disputa política coyuntural. El contenido mismo de la reforma generó reparos provenientes de sectores diferentes del espectro parlamentario.
Uno de los puntos más controvertidos era la creación de un nuevo estado de excepción que podía extenderse hasta 240 días mediante una primera declaración de 120 días y una renovación por otros 120 sin autorización previa del Congreso. Durante su vigencia se contemplaban restricciones a libertades como la locomoción y el derecho de reunión.
A ello se sumaban facultades para afectar la libertad personal y otras garantías, además de atribuciones relacionadas con la interceptación, apertura o registro de comunicaciones.
Ese diseño explica buena parte de las objeciones surgidas durante la discusión.
Seguridad versus concentración de facultades
La controversia constitucional tiene una pregunta de fondo que excede al proyecto específico: ¿hasta dónde puede llegar el poder del Estado para combatir amenazas graves sin alterar el sistema de contrapesos y garantías que precisamente protege el orden democrático?
Los defensores de la iniciativa sostienen que las herramientas tradicionales resultan insuficientes frente a organizaciones criminales capaces de desafiar al Estado y controlar territorios. El propio Gobierno presentó la reforma como un mecanismo destinado a fortalecer la capacidad estatal frente al crimen organizado y el terrorismo.
Sus críticos, en cambio, han cuestionado la amplitud de las facultades presidenciales y la duración potencial del régimen excepcional. Algunos parlamentarios llegaron a caracterizar la propuesta como un diseño de carácter “autoritario” o incompatible con principios democráticos; esas expresiones corresponden a sus autores y forman parte de la controversia política y jurídica, no de una conclusión independiente sobre la reforma.
El punto objetivamente verificable es que la iniciativa planteaba una concentración excepcional de facultades en el Ejecutivo, incluyendo restricciones sobre libertades personales, desplazamiento y reunión, junto con atribuciones sobre comunicaciones. Precisamente por ello, su discusión requería no solamente evaluar su eficacia frente al crimen, sino también sus mecanismos de control, duración, causal de activación y protección frente a eventuales abusos.
La discusión resulta particularmente relevante porque los estados de excepción constituyen, por definición, mecanismos extraordinarios para enfrentar situaciones extraordinarias. Su utilización supone una tensión entre dos obligaciones del Estado: garantizar la seguridad de las personas y, simultáneamente, preservar las garantías constitucionales.
El problema político surgió cuando una parte importante del debate comenzó a desplazarse desde la pregunta “¿qué nuevas herramientas necesita el Estado?” hacia otra más delicada: “¿qué herramientas es constitucionalmente razonable entregar al Presidente y bajo qué controles?”
Ese desplazamiento debilitó la posibilidad de construir una mayoría parlamentaria en torno al texto original.
La propia trayectoria legislativa permite observar la dificultad. El proyecto seguía en tramitación en el Senado y, al 18 de septiembre, no reunía los respaldos necesarios para avanzar en la Cámara Alta.
Del proyecto presidencial al texto negociado
En ese escenario aparece la posibilidad de retirar la iniciativa y reemplazarla por una propuesta elaborada con participación de senadores de distintas corrientes políticas.
La fórmula que se analiza contempla rescatar elementos de diferentes proyectos y concentrar la nueva reforma en materias que podrían generar un consenso más amplio, entre ellas el combate al crimen organizado, un régimen penitenciario diferenciado para criminales peligrosos y modificaciones al régimen de Estado de Emergencia.
La operación supone un cambio político significativo.
El Gobierno ya no intentaría defender íntegramente el diseño que presentó en agosto, sino construir una nueva arquitectura constitucional capaz de obtener respaldo parlamentario.
La diferencia es importante: una cosa es ampliar las capacidades operativas del Estado dentro de un marco de controles; otra es modificar la Constitución para establecer un régimen excepcional con un amplio catálogo de restricciones y atribuciones presidenciales.
Si finalmente el Ejecutivo retira el proyecto, el hecho tendrá una lectura que va más allá de una negociación legislativa.
Será la constatación de que una reforma destinada a fortalecer la seguridad no logró construir una mayoría suficiente alrededor de la fórmula escogida para hacerlo.
Y también mostrará que existe un límite político y constitucional a la expansión de las facultades extraordinarias del Ejecutivo, incluso en un contexto de fuerte preocupación ciudadana por la delincuencia y el crimen organizado.
